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Política

El gobierno violó la ley que lo obliga a informar sobre gastos de publicidad

En Mendoza existe una norma vigente desde 1997. Establece que el Poder Ejecutivo debe enviar a la Legislatura cada dos meses un detalle con el presupuesto ejecutado en materia de comunicación. Ni en el Senado ni el Diputados hay registros de esos informes.

Jorge Hirschbrand


El Poder Ejecutivo de Mendoza violó todos y cada uno de los artículos de la ley provincial 6.496 vigente desde el 27 de mayo de 1997. Se trata de la norma que establece que el gobierno debe presentar cada dos meses un informe detallado sobre los gastos realizados en concepto de publicidad, promoción, donación y subsidios realizados durante ese período.

En abril de este año ingresó a la Legislatura y a la Casa de Gobierno un pedido formal de acceso de la información pública, patrocinado por la Asociación por los Derechos Civiles y por la Red Lationamericana de Periodista por Acceso a la Información. En ninguno de los casos hubo respuesta. Tanto la Camara de Diputados, la de Senadores, como la Coordinación de Comunicación Social de gobernación se negaron contestaron la solicitud, a pesar de haber estado fundamentada y amparada por diversas declaraciones y tratados internacionales sobre acceso a la información y que tienen rango constitucional en Argentina.

Según la ley, no sólo es obligación de la Administración Central brindar esa información: también alcanza a todos los organismos descentralizados y empresas estatales o con mayoría accionaria estatal. Lo cierto es que el 10 de agosto venció el plazo para presentar el cuarto informe desde que el malargüino asumió al frente del Ejecutivo. De los tres anteriores no hay registros o los legisladores se niegan a darlos a conocer.

La responsabilidad directa recae sobre el jefe de asesores del Poder Ejecutivo, Raúl Leiva, el Coordinador de Comunicación del Gobierno, Lautaro Vicario, el vicegobernador, Cristian Racconto, y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús. A ellos les cabría la figura penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La violación de la ley, a este nivel, es propiedad exclusiva de Jaque y su gente. Los gobiernos anteriores cumplieron, aunque no en los plazos previos por la ley. Algunos informes eran enviados cada tres o cuatro meses, y en algunos circunstancias fueron semestrales.

En este caso, el gobierno tuvo un motivo puntual para no enviar la información: más allá de los gastos desmedidos en publicidad, el Ejecutivo quiso evitar que tomara estado público la relación que existe con la agencia de publicidad Neuro, propiedad de Jorge Villalón (hijo).

El pedido de informe hecho por el senador demócrata Carlos Aguinaga, para que se conozcan los detalles de los gastos de pauta oficial, es una muestra cabal de que ni los legisladores conocen o tienen en cuenta en contenido de la ley 6.496.

Tanto Aguinaga como los legisladores del PJ que se opusieron a aprobar el pedido de informe -especialmente Luis Ruzo y Miguel Serralta- parecen estar al tanto de la normativa vigente.

En condiciones normales, desde la Casa de la Leyes no deberían hacer un pedido de informe. Es responsabilidad del Ejecutivo enviar una planilla donde aparezcan registrados los montos pagados por publicidad y cuáles fueron las agencias y los medios de comunicación que recibieron esos recursos, y hasta "una copia de la resolución por la que se autorizó el gasto respectivo", reza la ley.

Se estima que para este año el gobierno presupuesto aproximadamente 40 millones de pesos para invertir en comunicación, publicidad y propaganda. A eso hay que agregarle el refuerzo de 4 millones aprobado en la Legislatura, sin que nadie advirtiera que el Ejecutivo no había rendido cuenta sobre los desembolsos anteriores. En total, el gobierno destinará casi el doble de lo gastado en 2007 por el gobierno de Julio Cobos en un año electoral: aproximadamente 20 millones.


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