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Fiscales buscan celeridad en los allanamientos
Los responsables de la Fiscalía de Delitos Complejos se reunieron con la Bicameral de Seguridad y expusieron las necesidades básicas para mejorar el sistema judicial penal. Insistieron con la necesidad de contar con la Policía Judicial y de invertir dinero en tecnología destinada a la tarea investigativa.
Los tres fiscales de Delitos Complejos solicitaron a la Bicameral de Seguridad apoyo legislativo para flexibilizar la normativa que reglamenta la autorización de allanamientos y para poner en marcha la creación de la Policía Judicial, que deberá funcionar administrativamente bajo la órbita de la Justicia.
Estos fueron los dos puntos sobresalientes de la reunión que los magistrados tuvieron con diputados y senadores en la Casa de la Leyes. Aunque aclararon que, de ningún modo, creen que el pico de inseguridad que se está viviendo en Mendoza tenga que ver con un desmanejo judicial, tal como expresaron algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad.
La idea que se barajó es suprimir el paso procesal por el cual no se puede llevar a cabo un allanamiento sin la autorización de un juez de Garantías. En este caso, si un fiscal está en el lugar del hecho y necesita librar un orden urgente, podrá hacerlo. Luego, el juez de Garantías será quien evaluará si el procedimiento fue correcto o no.
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En ese sentido, el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, que también estuvo en la reunión, citó la rapidez procesal del modelo judicial chileno, y aclaró que ese debe ser el paradigma a seguir en Mendoza.
“Los fiscales debemos acercarnos a la gente. Es el fiscal de cada zona quien mejor debe conocer la problemática del lugar; cuáles son las bandas que actúan, quiénes son los delincuentes. De lo contrario, el trabajo no sirve”, explicó Correa Llano.
Para los fiscales especiales, es clave que en la provincia exista la posibilidad de contar con un cuerpo de policías especializados en investigaciones; efectivos que no lleguen a ese lugar al azar, sino que lo hagan luego de una preparación profesional. Y reconocieron que, salvo ellos, el resto de los fiscales no tiene la facultad de elegir con qué gente desean trabajar en sus unidades investigativas.
Afirmaron que, en ocasiones, los efectivos que mejor se desempeñan en el arte investigativo son vistos con malos ojos por sus jefes y sus compañeros, y que por ello es normal que se produzcan traslados de policías a otras dependencias. Como ejemplo, citaron el caso de un policía que trabajó en Delitos Complejos, que demostró una gran capacidad para el esclarecimiento de los casos asignados y a quien, de un día para el otro, lo enviaron a hacer trabajos administrativos cargando datos para la elaboración de cédulas de identidad.
Los fiscales pusieron el acento en la escasez de recursos humanos para llevar a cabo las pesquisas y en la precariedad de los medios científicos con que cuentas. En este punto, solicitaron que exista un avance importante y veloz para mejorar la eficacia judicial.
“Hasta hace unos días, el grupo nuestro de investigadores, que está compuesto por aproximadamente 15 personas, contaba sólo con un Ford Ka para los traslados”, explicó Luis Correa Llano.
Reclamaron que desde el Ejecutivo permitan accesos directos a los sistemas informáticos de Rentas, de Licencia de Conducir, del Registro Provincial de Armas y que el gobierno provincial firme acuerdos para que desde la Nación arbitren los medios necesarios para que las empresas prestadoras de telefonía otorguen la información solicitada de manera inmediata, sin la necesidad de pasar por el martirio burocrático que puede demorar una investigación y llevarla al fracaso. Lo mismo ocurre con la capacidad que existe en la provincia para poder intervenir líneas telefónicas.
Daniel Carniello solicitó contar con una legislación que permita a los investigadores poder utilizar parte del material que es secuestrado durante allanamiento. “Hace días que un efectivo está tramitando que le entreguen un celular y resulta que en los últimos días hemos secuestrado cinco aparatos de última generación”, comentó. Y agregó: “eso es usar la misma logística que tienen ellos (los delincuentes), pero a nuestro favor”.
Para los fiscales especiales, es clave que en la provincia exista la posibilidad de contar con un cuerpo de policías especializados en investigaciones; efectivos que no lleguen a ese lugar al azar, sino que lo hagan luego de una preparación profesional. Y reconocieron que, salvo ellos, el resto de los fiscales no tiene la facultad de elegir con qué gente desean trabajar en sus unidades investigativas.
Afirmaron que, en ocasiones, los efectivos que mejor se desempeñan en el arte investigativo son vistos con malos ojos por sus jefes y sus compañeros, y que por ello es normal que se produzcan traslados de policías a otras dependencias. Como ejemplo, citaron el caso de un policía que trabajó en Delitos Complejos, que demostró una gran capacidad para el esclarecimiento de los casos asignados y a quien, de un día para el otro, lo enviaron a hacer trabajos administrativos cargando datos para la elaboración de cédulas de identidad.
Los fiscales pusieron el acento en la escasez de recursos humanos para llevar a cabo las pesquisas y en la precariedad de los medios científicos con que cuentas. En este punto, solicitaron que exista un avance importante y veloz para mejorar la eficacia judicial.
“Hasta hace unos días, el grupo nuestro de investigadores, que está compuesto por aproximadamente 15 personas, contaba sólo con un Ford Ka para los traslados”, explicó Luis Correa Llano.
Reclamaron que desde el Ejecutivo permitan accesos directos a los sistemas informáticos de Rentas, de Licencia de Conducir, del Registro Provincial de Armas y que el gobierno provincial firme acuerdos para que desde la Nación arbitren los medios necesarios para que las empresas prestadoras de telefonía otorguen la información solicitada de manera inmediata, sin la necesidad de pasar por el martirio burocrático que puede demorar una investigación y llevarla al fracaso. Lo mismo ocurre con la capacidad que existe en la provincia para poder intervenir líneas telefónicas.
Daniel Carniello solicitó contar con una legislación que permita a los investigadores poder utilizar parte del material que es secuestrado durante allanamiento. “Hace días que un efectivo está tramitando que le entreguen un celular y resulta que en los últimos días hemos secuestrado cinco aparatos de última generación”, comentó. Y agregó: “eso es usar la misma logística que tienen ellos (los delincuentes), pero a nuestro favor”.