Desde Seguridad dicen que la Justicia da libertad a los delincuentes
El subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Erwin Cersósimo, y el comisario Pedro Tejerina dijeron a los vecinos de la anciana asesinada el miércoles en Guaymallén que la policía atrapa a los asaltantes, pero, a pesar de tener antecedentes, siempre se les permite recuperar la libertad.
Los dos funcionarios se acercaron hasta la calle Bandera de Los Andes al 2000 para tranquilizar a los vecinos que cortaron ese carril para reclamar seguridad y justicia por el asesinato de Rosita Olivi, quien murió el miércoles luego de recibir un golpe durante un asalto en su casa. Y recurrieron a la vieja fórmula policial: culpar a la Justicia y ampararse en el “entran por una puerta y salen por la otra”.
“Nosotros no podemos hacer nada. Detuvieron al que disparó en el asalto a la joyería del Shopping y descubrimos que tenía doce causas pendientes”, dijo Erwin Cersósimo, subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad.
“Nosotros los atrapamos, pero hasta que no aparezca un juez que los sentencie siguen libres. Por eso estamos por presentar un proyecto para se contemple la ‘reiterancia’ y no los dejen salir”, argumentó el comisario Pedro Tejerina, jefe de la Departamental de Guaymallén.
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“El proyecto que presentamos busca que los delincuentes no salgan. Si tenemos que construir más cárceles, las hacemos”, disparó Tejerina entre un grupo de personas. A unos metros, Cersósimo conversaba con otras tantas: “Ya llevamos todo a la Legislatura, pero siempre están las objeciones del Colegio de Abogados y de las organizaciones de Derechos Humanos”.
Las declaraciones cumplieron con un doble objetivo: la gente se dispersó, habilitó la calle para el tránsito y enfocó su irascibilidad hacia ayudantes fiscales, fiscales, jueces y abogados y la exigencia para que el ministro Carlos Ciurca se presentara en el lugar había quedado en el olvido.
A esa altura, los medios ya se habían retirado y sólo un vecino del barrio Santa Ana recordaba las promesas que dieron los funcionarios de Seguridad hace sólo algunos meses y que, según él, fueron incumplidas. Hubo acusaciones, reclamo de cambio de leyes e imposición de mano dura; típicas demandas escuchadas en las protestas barriales.
El discurso de Cersósimo cambió cuando supo que no sólo la gente del lugar lo había escuchado. Aseguró una y otra vez que nunca tuvo como intención responsabilizar al Poder Judicial ni a los organismos de Derechos Humanos, “porque si hago eso está todo mal. Acá vinimos a poner la cara y a asumir nuestras responsabilidades”.
“Lo que buscamos, en realidad, es que se modifique el Código Procesal Penal, para que no puedan salir tan rápido. Es cierto que a veces las pruebas que hay no son suficientes... Lo que quise decir con lo de las causas pendientes es que, como todavía no hay sentencia, no se puede hablar de reincidencia y mantener a los sospechosos presos”, declaró el subsecretario.
La afirmación no dejó de ser falaz. El Código Procesal Penal vigente, si bien contempla un régimen amplio de excarcelaciones, es claro sobre cierto tipo de delitos. Por ejemplo, si existe evidencia concreta en un caso de robo agravado con arma de fuego, el sospechoso detenido esperará el juicio oral tras las rejas. Lo mismo ocurre con el asaltante que, una vez aprehendido por un robo, registra un prontuario con acusaciones similares: tanto el fiscal como el juez de Garantías actuante tienen la facultad para pedir y fundamentar la prisión preventiva y lograr que el imputado entre por una puerta y no salga por la otra.
A esa altura, los medios ya se habían retirado y sólo un vecino del barrio Santa Ana recordaba las promesas que dieron los funcionarios de Seguridad hace sólo algunos meses y que, según él, fueron incumplidas. Hubo acusaciones, reclamo de cambio de leyes e imposición de mano dura; típicas demandas escuchadas en las protestas barriales.
El discurso de Cersósimo cambió cuando supo que no sólo la gente del lugar lo había escuchado. Aseguró una y otra vez que nunca tuvo como intención responsabilizar al Poder Judicial ni a los organismos de Derechos Humanos, “porque si hago eso está todo mal. Acá vinimos a poner la cara y a asumir nuestras responsabilidades”.
“Lo que buscamos, en realidad, es que se modifique el Código Procesal Penal, para que no puedan salir tan rápido. Es cierto que a veces las pruebas que hay no son suficientes... Lo que quise decir con lo de las causas pendientes es que, como todavía no hay sentencia, no se puede hablar de reincidencia y mantener a los sospechosos presos”, declaró el subsecretario.
La afirmación no dejó de ser falaz. El Código Procesal Penal vigente, si bien contempla un régimen amplio de excarcelaciones, es claro sobre cierto tipo de delitos. Por ejemplo, si existe evidencia concreta en un caso de robo agravado con arma de fuego, el sospechoso detenido esperará el juicio oral tras las rejas. Lo mismo ocurre con el asaltante que, una vez aprehendido por un robo, registra un prontuario con acusaciones similares: tanto el fiscal como el juez de Garantías actuante tienen la facultad para pedir y fundamentar la prisión preventiva y lograr que el imputado entre por una puerta y no salga por la otra.
