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Diputados liberaría el gasto del Poder Ejecutivo y los municipios
En Diputados se está acordando una solución políticamente sencilla para la puja de los fondos: tanto el Gobierno como las comunas recibirán el incremento del gasto que pedían. De acuerdo con los borradores aprobados por Hacienda, las comunas obtendrán 111 millones, mientras que el Ejecutivo podrá ejecutar 145 millones.
Los diputados mendocinos se encaminan a darle una solución políticamente sencilla a la puja de los fondos: tanto el Poder Ejecutivo como los municipios recibirán la plata que piden, a costa de duplicar el gasto público inicialmente planeado y saltear otra vez la ley de Responsabilidad Fiscal.
La solución empezó a aparecer ayer, cuando el Gobierno cambió el discurso y empezó a reconocer que habría fondos, o fórmulas financieras, para resolver el ahogo de las comunas. El ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, tuvo anoche una reunión con legisladores en la que la negativa oficial cedió a un principio de acuerdo. Ahora todos aspiran a lograr un acuerdo amplio que se pueda votar en el recinto la semana próxima.
Como consecuencia, ya circula un primer borrador en el que las comunas recibirían una ampliación presupuestaria de 111 millones de pesos, cuando en principio reclamaban 150 millones, aunque muchos intendentes están dispuestos a ir por más.
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En tanto, el Poder Ejecutivo conseguiría un aumento para los ministerios de unos 145 millones de pesos. Es decir, más plata de que la originalmente le había pedido a la Legislatura, ya que la ampliación original era por 147 millones de pesos e incluía una parte para los departamentos.
“El gobernador Jaque decía que no había dinero, pero la plata apareció”, comentaba sorpredido hoy un diputado en el recinto de sesiones, que por estas horas se ha convertido en escenario de un fuerte tironeo de plata pública.
Los municipios
El borrador que hasta ahora obtuvo el visto bueno de Hacienda dice que los municipios en su conjunto recibirán un incremento de la coparticipación de 51 millones de pesos. En tanto, tres departamentos recibirán un apoyo extra de dos millones cada uno: Santa Rosa, Lavalle y La Paz.
A esto se sumaría un préstamo blando por 30 millones de pesos, distribuible según los índices de coparticipación. Ese préstamo lo devolverán los intendentes recién a partir de 2010.
El tercer punto es el más polémico: por primera vez desde que se sancionó la ley de Responsabilidad Fiscal, las comunas quedarán autorizadas para gastar los aportes municipales al fondo anticíclico provincial. Se trata de 24 millones de pesos acumulados desde 2005 a la fecha. De ese ahorro, los municipios podrían disponer libremente a partir de la sanción de la nueva ley, que será un reconocimiento explícito de la crisis financiera que vive la provincia. O una nueva herida a una norma (ley 7314) que prácticamente ha quedado vaciada, por las sucesivas excepciones votadas por la Legislatura.
Hasta aquí lo acordado entre el Ejecutivo los intendentes, que suma 11 millones de pesos de ampliación del gasto. Aunque en la Cámara de Diputados dicen que hay presiones de intendentes opositores y tres pesos pesados del justicialismo (Abraham de Guaymallén, Félix de San Rafael y Miranda de Las Heras) para que los municipios eleven la cifra y consigan también plata para pagar viejos créditos adquiridos con la banca internacional. Un dato que aporta en este sentido: “No hay todavía un acuerdo, sino un principio de diálogo”, afirmó el diputado concertador Andrés Marín, una de las principales espadas de los intendentes opositores.
Mientras la sesión de tablas se desvanece (a 1.000 kilómetros de Mendoza, en el Senado Nacional, se discute un tema excluyente: las retenciones al campo), algunos diputados que aún están en el recinto dicen que, además, van a empujar una suerte de sinceramiento de la discusión: que directamente se discuta el reparto de los fondos entre el poder central y las comunas. “Hay que elevar dos o tres puntos los índices de coparticipación para los municipios, porque si no esta discusión se va a repetir dentro de seis meses y siempre va a estar ligada al clientelismo político”, explican los sobrevivientes de la sesión, con honestidad brutal.
Poder Ejecutivo
El Gobierno arrancó su pelea por más plata con un pedido a la Legislatura de 147 millones de pesos para aumentar el gasto del Ejecutivo y los municipios. Hoy, está logrando 145 millones extras, sin incluir las comunas. Suena como lo que es: un negocio redondo para el gobernador Jaque.
¿Por qué subieron la ampliación del gasto para el Poder Ejecutivo? Sencillamente porque, a lo que antes pedía Jaque, se han sumado a último momento nuevas partidas de refuerzo para las áreas de Ambiente, Economía y Cultura.
Los montos en disputa (cada vez más cerca de lograr el techo "óptimo" de los 300 millones de pesos) se sumarán a los 6.000 millones votados en el presupuesto provincial original. “Este es un año anormal”, intentan explicar los cerebros de la ampliación del gasto.
Los municipios
El borrador que hasta ahora obtuvo el visto bueno de Hacienda dice que los municipios en su conjunto recibirán un incremento de la coparticipación de 51 millones de pesos. En tanto, tres departamentos recibirán un apoyo extra de dos millones cada uno: Santa Rosa, Lavalle y La Paz.
A esto se sumaría un préstamo blando por 30 millones de pesos, distribuible según los índices de coparticipación. Ese préstamo lo devolverán los intendentes recién a partir de 2010.
El tercer punto es el más polémico: por primera vez desde que se sancionó la ley de Responsabilidad Fiscal, las comunas quedarán autorizadas para gastar los aportes municipales al fondo anticíclico provincial. Se trata de 24 millones de pesos acumulados desde 2005 a la fecha. De ese ahorro, los municipios podrían disponer libremente a partir de la sanción de la nueva ley, que será un reconocimiento explícito de la crisis financiera que vive la provincia. O una nueva herida a una norma (ley 7314) que prácticamente ha quedado vaciada, por las sucesivas excepciones votadas por la Legislatura.
Hasta aquí lo acordado entre el Ejecutivo los intendentes, que suma 11 millones de pesos de ampliación del gasto. Aunque en la Cámara de Diputados dicen que hay presiones de intendentes opositores y tres pesos pesados del justicialismo (Abraham de Guaymallén, Félix de San Rafael y Miranda de Las Heras) para que los municipios eleven la cifra y consigan también plata para pagar viejos créditos adquiridos con la banca internacional. Un dato que aporta en este sentido: “No hay todavía un acuerdo, sino un principio de diálogo”, afirmó el diputado concertador Andrés Marín, una de las principales espadas de los intendentes opositores.
Mientras la sesión de tablas se desvanece (a 1.000 kilómetros de Mendoza, en el Senado Nacional, se discute un tema excluyente: las retenciones al campo), algunos diputados que aún están en el recinto dicen que, además, van a empujar una suerte de sinceramiento de la discusión: que directamente se discuta el reparto de los fondos entre el poder central y las comunas. “Hay que elevar dos o tres puntos los índices de coparticipación para los municipios, porque si no esta discusión se va a repetir dentro de seis meses y siempre va a estar ligada al clientelismo político”, explican los sobrevivientes de la sesión, con honestidad brutal.
Poder Ejecutivo
El Gobierno arrancó su pelea por más plata con un pedido a la Legislatura de 147 millones de pesos para aumentar el gasto del Ejecutivo y los municipios. Hoy, está logrando 145 millones extras, sin incluir las comunas. Suena como lo que es: un negocio redondo para el gobernador Jaque.
¿Por qué subieron la ampliación del gasto para el Poder Ejecutivo? Sencillamente porque, a lo que antes pedía Jaque, se han sumado a último momento nuevas partidas de refuerzo para las áreas de Ambiente, Economía y Cultura.
Los montos en disputa (cada vez más cerca de lograr el techo "óptimo" de los 300 millones de pesos) se sumarán a los 6.000 millones votados en el presupuesto provincial original. “Este es un año anormal”, intentan explicar los cerebros de la ampliación del gasto.
Aunque, para ser sinceros, en 2008 se están tomando medidas muy parecidas a las que se autorizaron en los últimos años.