Leer la realidad que muestra un mapa
El “Mapa del Delito” dejó ser una herramienta válida para la implementación de una política criminal digna de una provincia que quiere solucionar sus problemas de inseguridad, para convertirse en un latiguillo de campaña electoral, primero, y luego en la excusa perfecta para poner blanco sobre negro y decirle al gobierno que no cumplió nada de lo prometido.
A partir de esa premisa aparece una incógnita. O la provincia no cuenta con un mapa de actividad delictiva o lo tiene y no sabe cómo trabajar a partir de ese recurso.
Durante la semana pasada, este diario recabó información en las diferentes oficinas fiscales del Gran Mendoza con el objeto de marcar las zonas rojas y los sitios de mayor vulnerabilidad. Las conclusiones fueron sorprendentes, porque no sólo demostraron que los lugares marcados en el mapa con un punto rojo son exactamente los mismos que hace seis meses, sino que lo más llamativo fue observar que, a pesar de contar con material estratégicamente valioso, nadie se hace cargo de esa situación.
En Capital, en las inmediaciones de Rufino Ortega y Martínez de Rozas se roban, en promedio, tres autos por día. A pesar de que las denuncias llegan a la Oficina Fiscal 2, por el momento no hay soluciones a la vista.
En la Oficina Fiscal 9, de Guaymallén, se cansaron de reportar la precaria situación social que se vive en los barrios Paraguay y Las Viñas, que llevó a esa zona a ser una de las más conflictivas del departamento. Por el momento, las respuestas no son efectivas.
Cerca de la Terminal de Ómnibus, ya sea del lado de Capital o Guaymallén, ocurre todos los días lo mismo: la frecuencia policial “explota” con persecuciones a “tapiteros”. Es algo que sucede desde hace años, sin salida aparente y con cada vez más casos de hurtos o robos simples alrededor de esa actividad.
Maipú y Luján padecen la desgracia de formar parte de la Primera Zona vitivinícola. Las bodegas y los sitios turísticos de las mismas son blanco permanente de los asaltantes. La zona está delimitada, se conocen los horarios de mayor riesgo y la forma de operar de los delincuentes. Aún con todos esos datos, los hechos siguen sucediendo.
“En el barrio Santa Teresita bajó un poco a partir de la presencia policial luego de los problemas de usurpación”, explicó un ayudante fiscal de Las Heras. Ese caso debería tomarse como testigo: los efectivos no ingresaron solos, sino que fueron acompañados de funcionarios municipales y provinciales que intentaron hacer una radiografía de los problemas de la comunidad que habita ese conglomerado.
Nada de eso ocurrió en la zona Oeste de Godoy Cruz, donde el comparativo entre este año y 2007 muestra la friolera del doble de homicidios. La mayoría son casos calificados como “ajustes de cuenta”, que además de mostrar la violencia con que se vive en esos barrios, deja en claro que se trata de una crisis social que va mucho más allá del alcance policial.