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Jaque y sus ministros buscan una ley que garantice los servicios básicos a pesar de los paros
En los próximos días enviarán un proyecto a la Legislatura que contemple el derecho a huelga, pero que determine un marco legal para que, como expresaron en el cuarto piso de Casa de Gobierno, "no paralice a la provincia". Fue uno de los temas centrales de la última reunión de gabinete.
El gobernador Celso Jaque alistó a todos sus ministros y a los referentes legislativos para que comiencen a trabajar en un proyecto de ley que respete el marco legal del derecho a huelga, pero que establezca un régimen básico de prestación de los servicios que dependen o regula el Poder Ejecutivo.
La decisión fue tomada a partir de dos premisas. La primera tiene que ver con el alto costo político que cada paro genera al gobierno. Más allá de las justificaciones que puedan darse y sobre la legitimidad o no de las medidas de fuerza tomadas por los trabajadores, desde el Ejecutivo no quieren seguir cargando con el peso que esa situación provoca en la opinión pública.
El objetivo, tal como se expresó luego de la última reunión de gabinete, es que nadie, por ningún motivo, vuelva a parar a la provincia. Esta postura tiene que ver con el paro sorpresivo hecho por el sindicato de choferes de colectivos hace unos meses, y por el conflicto irresuelto con los gremios que representan a los distintos sectores de la salud.
A eso se agregó el paro que, por ejemplo, llevaron adelante los auxiliares de las oficinas fiscales. Si bien no está ligado directamente con el Poder Ejecutivo, el reclamo se sumó a la ola de protestas que existen en la provincia.
El segundo concepto que se tuvo en cuenta para diagramar el proyecto fue la postura adoptada por la jueza de Familia María Ruggeri, quien hizo lugar al planteo judicial hecho por los asesores de Jaque, pero dejó en claro que la responsabilidad de garantizar los servicios esenciales no corre por cuenta de los trabajadores, sino del Gobierno.
Por eso, en los próximos días comenzará la batalla legislativa para convencer a la oposición sobre la necesidad de contar con una herramienta legal que permita definir bajo qué parámetros puede llevarse adelante una medida de fuerza. Y de esa manera asegurarse la prestación básica de todos los servicios.
Por eso, en los próximos días comenzará la batalla legislativa para convencer a la oposición sobre la necesidad de contar con una herramienta legal que permita definir bajo qué parámetros puede llevarse adelante una medida de fuerza. Y de esa manera asegurarse la prestación básica de todos los servicios.