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El gobierno descalificó los mismos datos que usó para decir que bajó el delito
El gobierno de Mendoza, a partir de las declaraciones de Alejandro Cazabán, entró en un juego de contradicciones difícil de descifrar. El secretario de Gobierno se encargó de castigar la calidad de las estadísticas delictivas que se manejan en la provincia, y en diferentes pasajes de una conferencia de prensa las tildó de “poco confiables”, “parcializadas” y “manipulables”. Lo llamativo fue que, aún con estas afirmaciones, el funcionario dijo que estaba en condiciones de asegurar que la curva ascendente de delitos se había quebrado gracias a las políticas aplicadas por la gestión de Celso Jaque.
Cazabán no pudo explicar con casos concretos e información certera cómo, a pesar de contar con datos erróneos, según explicó, y sin conocer la “cifra negra de delitos” (son los casos que no están denunciados), el gobierno anunciaba con bombos y platillos que la práctica criminal está en descenso.
“Hemos cruzado información del Poder Judicial e información propia”, señaló el secretario de Gobierno. Esta declaración no hizo más que potenciar el caudal de versiones encontradas que se manejan en el Poder Ejecutivo. El ministro de Seguridad Carlos Ciurca reconoció que la policía no maneja ningún dato, y que sólo se guían por los reportes enviados desde la Justicia. Si el gobierno maneja otros números, tal como dijo Cazabán, esas cifras no fueron expuestas públicamente.
Paradójicamente, Cazabán aseguró que no quería entrar en polémica con el Poder Judicial, organismo que la semana pasada publicó sus estadísticas del delito. Sin embargo, cargó contra la difusión de esos datos y dijo que no alcanzaban para medir la realidad provincia en materia de seguridad.
El secretario de Gobierno no supo decir cuáles fueron las falencias que se detectaron en este estudio para desacreditar la veracidad de los resultados, aunque los utilizó como válidos para repetir –una y otra vez- que “se quebró la curva ascendente de hechos delictivos”.
El secretario de Gobierno no supo decir cuáles fueron las falencias que se detectaron en este estudio para desacreditar la veracidad de los resultados, aunque los utilizó como válidos para repetir –una y otra vez- que “se quebró la curva ascendente de hechos delictivos”.
Concretamente, descalificó los mismos datos que utilizó para hacer el único anuncio considerado positivo por el gobierno luego del fracaso de la promesa electoral.
Al conocer estas palabras, desde el Poder Judicial advirtieron que no les interesa entrar en ningún tipo de controversia, y que por eso nadie saldría a hacer declaraciones. Pero dejaron un mensaje claro: “Lo llamativo es que las cifras de casos correccionales son confeccionadas por el Ministerio de Seguridad. En cuanto a los delitos de Instrucción, la Dirección de Planeamiento recibe a diario nuestros informes y los partes estadísticos. Jamás hemos recibido alguna crítica o han refutado algún dato. Pero si quieren usarnos como chivo expiatorio, que lo hagan”.
En el Ejecutivo cayó muy mal el comparativo de denuncias que la Corte subió a su sitio en Internet el viernes pasado. El malestar tuvo que ver con un acuerdo tácito entre la Procuración, segundas líneas del Poder Judicial y el gobierno, para no difundir esos datos hasta una semana después de cumplidos los seis meses de mandato de Jaque.
Por eso, ese viernes por la tarde, desde la secretaría de la Corte llamaron por teléfono a este diario para luego derivar la llamada a un despacho de la Procuración. La pregunta fue directa: “¿Se puede saber de dónde sacaron las estadísticas que acaban de publicar, o quién fue la fuente? Sería bueno saberlo para hacer un cotejo con lo que tenemos nosotros”, se excusó el portavoz elegido para hacer esa gestión. Hasta ese momento, desconocían que desde la Corte ya habían tomado la decisión de convertir esos números en información de acceso público.
Al conocer estas palabras, desde el Poder Judicial advirtieron que no les interesa entrar en ningún tipo de controversia, y que por eso nadie saldría a hacer declaraciones. Pero dejaron un mensaje claro: “Lo llamativo es que las cifras de casos correccionales son confeccionadas por el Ministerio de Seguridad. En cuanto a los delitos de Instrucción, la Dirección de Planeamiento recibe a diario nuestros informes y los partes estadísticos. Jamás hemos recibido alguna crítica o han refutado algún dato. Pero si quieren usarnos como chivo expiatorio, que lo hagan”.
En el Ejecutivo cayó muy mal el comparativo de denuncias que la Corte subió a su sitio en Internet el viernes pasado. El malestar tuvo que ver con un acuerdo tácito entre la Procuración, segundas líneas del Poder Judicial y el gobierno, para no difundir esos datos hasta una semana después de cumplidos los seis meses de mandato de Jaque.
Por eso, ese viernes por la tarde, desde la secretaría de la Corte llamaron por teléfono a este diario para luego derivar la llamada a un despacho de la Procuración. La pregunta fue directa: “¿Se puede saber de dónde sacaron las estadísticas que acaban de publicar, o quién fue la fuente? Sería bueno saberlo para hacer un cotejo con lo que tenemos nosotros”, se excusó el portavoz elegido para hacer esa gestión. Hasta ese momento, desconocían que desde la Corte ya habían tomado la decisión de convertir esos números en información de acceso público.