El PJ canceló la sesión del Senado y otra vez se postergó la ley sanitaria

Los senadores del jaquismo dejaron hoy a la Legislatura en plena ebullición. Debido a que le faltaban votos para conseguir la aprobación de la ley de reestructuración sanitaria, hicieron una maniobra para que la sesión cayera. Así, el tratamiento del proyecto, que tiene media sanción de Diputados, se postergó una semana más, con lo cual la mora se extendió a cerca de tres meses.

Con poco menos de la mitad  de los senadores en sus bancas, y sin que mediara un aviso, la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo, hizo sonar tres veces el timbre de la Cámara para que se iniciara la sesión en pocos minutos. Como al tercer timbrazo no había el número suficiente de legisladores, el llamado fracasó y la sesión se canceló.

Reglamentariamente corresponde tomar esta medida cuando no hay legisladores suficientes en las bancas, pero no es usual. Más si se tiene en cuenta que los que faltaban en sus bancas eran precisamente los propios legisladores del PJ (salvo Miguel Serralta), mientras que la oposición estaba esperando una señal para bajar al recinto.

"¡Esta es una maniobra de muy baja calaña!", bramó el justicialista concertador Ricardo Bermejillo, quien asegura que la Secretaría legislativa había avisado que la sesión arrancaría a las 11, por lo cual se quedó haciendo tiempo cerca de la Legislatura, pero después se encontró con la novedad de que el debate se había cancelado justamente por falta de legisladores en sus bancas. El mismo sentimiento compartieron otros senadores, como el concertador Aníbal Rodríguez, el demócrata Carlos Aguinaga y Alejandra Namam, de ARI. Todos entendieron que el oficialismo les había hecho trampa.

La maniobra dilatoria del jaquismo quedó rápidamente a la vista, así como sus razones: las divisiones en el seno del bloque UCR ortodoxo respecto de esta ley crecieron en las últimas horas, con lo cual el oficialismo iba directo a una derrota si la ley se votaba. Lo que iba a pasar en este escenario es que la ley que pide el Gobierno iba a ir a parar al archivo, como propone la oposición.

Sin embargo, Luis Ruzo, presidente de la bancada oficialista, sostuvo que el PJ seguirá tratando de acordar con la oposición para que la ley salga y descartó de plano el retiro de la propuesta. Los jaquistas estarían dispuestos a hacer por lo menos dos cambios: el artículo 1, en el que se le pondría un plazo de un año a la reestructuración; y el 23, donde se dejaría en claro que los cambios no modificarán los acuerdos paritarios celebrados con los empleados de la salud. El primer punto se colocaría a pedido de la UCR; el segundo, por sugerencia del gremio de los médicos, AMPROS.

Incluso Ruzo sostuvo que el ministro Sergio Saracco ahora estaría dispuesto a acudir a la Legislatura para destrabar un proyecto que, en buena medida, sigue en el lodo por la falta de comunicación directa entre el funcionario y los senadores.

Explotó la UCR

El bloque de la UCR explotó esta mañana y las esquirlas prometen dañar algo más que la reestructuración sanitaria que necesita como agua el ministro de Salud, Sergio Saracco, uno de los más cuestionados en el Poder Ejecutivo. Temprano, los senadores de la UCR se juntaron para acordar una posición sobre el proyecto, pero el encuentro terminó con una fuerte discusión interna y la amenaza formal de Mauricio Suárez de abandonar la presidencia del bloque.

Suárez llevaba más de una semana tratando de convencer a sus pares de la conveniencia de aprobar el proyecto oficial. Pero hoy se encontró con la novedad de que cuatro de sus siete miembros le iban a dar la espalda en el recinto. Los rebeldes son Walter Sáenz, José Martínez, Fanny Llobel y hasta Leopoldo Cairone, que la semana pasada estaba cerca del presidente del bloque. Formalmente, se había acordado la "libertad de acción", expresó al respecto Cairone.

Y las razones van más allá del proyecto puntual: los rebeldes sospechan que Suárez ha sido la punta de lanza en un arreglo transaccional del iglesismo con la administración jaquista, en el que estarían en juego una serie de cargos públicos para los radicales, a cambio de votos positivos para las leyes del oficialismo.

La  sospecha tiene, para los senadores rebeldes, un ejemplo concreto. Advierten que, hace pocas semanas, habría desembarcado en el Instituto de Juegos y Casinos, con un cargo alto, el iglesista Raúl Ponce, ex secretario privado de Iglesias durante su gobernación y luego asesor del Ministerio de Turismo en los últimos años, bajo la tutela de la entonces ministra Mariana Juri. No obstante, hay que aclarar que Ponce es empleado de planta del Estado mendocino hace muchos años y estaría como adscripto en Juegos y Casinos.

El sector rebelde se ha sentido afuera de un reparto indigno y amaga con provocar una nueva implosión en la UCR, que al parecer, no para de atomizarse.

Todo mal con la oposición

Mientras tanto, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la oposición, al menos en el Senado, no paran de erosionarse. La semana pasada, dos ministros del Poder Ejecutivo plantaron a los senadores, que los esperaban en la comisión de Salud para recibir explicaciones. Se trata de Alejandro Cazabán y el propio Saracco. A Cazabán lo cuestionan por sus facultades especiales o superpoderes en el manejo de los contratos del Estado.

Otro dato importantes es que la ley para el sistema sanitario había sido pospuesta la semana pasada en la Cámara Alta a pedido del PJ, precisamente para que estas reuniones entre funcionarios y legisladores se produjeran.

Haber levantado hoy la sesión sin dar ninguna explicación a la oposicion complicó más la relación política del oficialismo con las fuerzas opositoras, que no sólo perdieron la posibilidad de sentar posición en la ley de reestructuración sanitaria, sino que, además, se quedaron sin poder tratar al menos cuatro proyectos de ley y una resolución en contra de la manipulación de la inflación en el INDEC.

Los que también se quedaron sin vidriera fueron los dirigentes del SUTE, quienes habían montado una fuerte manifestación en la Legislatura para evitar que el proyecto de Saracco se aprobara. La razón de esta postura es que, según la óptica gremial, la ley avasallaría a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), la cual "no puede ser manejada por el Ejecutivo como un ministerio más", dijeron los sindicalistas.