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El PJ prepara el terreno para desembarcar en Seguridad
Desde un sector del oficialismo creen que llegó el momento de cortar con la alianza estratégica con el Partido Demócrata.
Cansados de cargar con el costo político que implica tener el Ministerio de Seguridad en manos del Partido Demócrata, desde un sector del PJ están preparando el terreno para, en cuestión de semanas, poder hacerse cargo del área más sensible del gobierno y así poder aplicar nuevas medidas para bajar los índices delictivos de la provincia.
Los pocos resultados positivos vistos hasta el momento, y la sensación de que nada ha cambiado desde el 9 de diciembre del año pasado, motivó a dirigentes justicialistas a comenzar a diagramar un equipo de trabajo para que, cuando el gobernador Celso Jaque lo considere necesario, poder tomar las riendas que, entienden, ni Juan Carlos Aguinaga ni Carlos Rico supieron orientar.
“La relación con el Partido Demócrata está desgastada. Por más que hayamos hecho el esfuerzo, somos diferentes y pensamos diferentes. Además, en los cuatro meses de gestión, no han demostrado mucho”, confesó un funcionario justicialista.
Si bien nadie había querido contradecir las decisiones del malargüino, los intendentes justicialistas comenzaron a rebelarse porque se dieron cuenta de que ciertos caprichos del gobernador, como el de mantener a Carlos Rico en su cargo -a pesar de la presión nacional que existe para que lo destituya-, les estaba jugando en contra; especialmente, porque si la Nación recorta los fondos destinados para Mendoza por no querer a Rico, eso repercute de lleno en los municipios.
Hace veinte días, el gobernador recibió algunos cuestionamientos por parte de la gente que había estado a su lado cuando decidió catapultarse como candidato. Pero muchos de ellos –también legisladores y funcionarios de primera y segunda línea- quieren dejar de pagar por pecados ajenos.
“Si nos tenemos que hacer cargo de algún problema de gobierno, que sea un problema nuestro. Pero esto de andar sacando la cara por los demás, no es para nada divertido”, afirmó unos de ellos.
Durante los últimos días, la rispidez en la relación entre justicialistas y demócratas aumentó. La renuncia de los legisladores del ARI a la Bicameral de Seguridad se convirtió en un escándalo político que dejó mal parados a quienes hacen las veces de oficialistas. Y a eso se agregó la postura del presidente del PD, Omar De Marchi, que salió a criticar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la posición adoptada en el conflicto con el campo.
Daniel Cassia, por ejemplo, el legislador que más ruido hizo como opositor en materia de seguridad durante la gestión de Julio Cobos, no es tenido en cuenta. Basta con recordar que el vicegobernador Cristian Racconto reunió hace días al ministro Aguinaga con un diputado y un senador del PJ para armar un debate, y Cassia no estuvo presente. Directamente, no lo invitaron.
A esta altura, la promesa electoral de Jaque, de bajar el delito un 30% en los primeros seis meses de gobierno, se convirtió en una pesada espada que caerá de punta el 9 de junio, fecha en que culminará un plazo que, antes de comenzar, ya tenía un vencimiento anticipado. En el Ministerio de Seguridad difícilmente puedan hacer un cotejo estadístico: todavía continúan trabajando para darle forma a algún sistema que permita reemplazar al registro de delitos vigente, que, según los funcionarios actuales, es impreciso.
En el PJ saben que no será fácil retomar el poder en Seguridad. Y dicen que están armando-ahora en serio- el equipo que Jaque dijo tener durante su campaña. ¿La figurita difícil? Conseguir un nombre que, además de capacidad, tenga el respaldo político para poder ocupar ese cargo.
Pero el punto de discordia sigue siendo Rico. En la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dejaron en claro que no lo quieren. Y mientras el ex comisario continúe en el gobierno, el PJ mendocino continuará alejándose del kirchnerismo y de la conducción nacional del partido.
“Si nos tenemos que hacer cargo de algún problema de gobierno, que sea un problema nuestro. Pero esto de andar sacando la cara por los demás, no es para nada divertido”, afirmó unos de ellos.
Durante los últimos días, la rispidez en la relación entre justicialistas y demócratas aumentó. La renuncia de los legisladores del ARI a la Bicameral de Seguridad se convirtió en un escándalo político que dejó mal parados a quienes hacen las veces de oficialistas. Y a eso se agregó la postura del presidente del PD, Omar De Marchi, que salió a criticar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la posición adoptada en el conflicto con el campo.
Daniel Cassia, por ejemplo, el legislador que más ruido hizo como opositor en materia de seguridad durante la gestión de Julio Cobos, no es tenido en cuenta. Basta con recordar que el vicegobernador Cristian Racconto reunió hace días al ministro Aguinaga con un diputado y un senador del PJ para armar un debate, y Cassia no estuvo presente. Directamente, no lo invitaron.
A esta altura, la promesa electoral de Jaque, de bajar el delito un 30% en los primeros seis meses de gobierno, se convirtió en una pesada espada que caerá de punta el 9 de junio, fecha en que culminará un plazo que, antes de comenzar, ya tenía un vencimiento anticipado. En el Ministerio de Seguridad difícilmente puedan hacer un cotejo estadístico: todavía continúan trabajando para darle forma a algún sistema que permita reemplazar al registro de delitos vigente, que, según los funcionarios actuales, es impreciso.
En el PJ saben que no será fácil retomar el poder en Seguridad. Y dicen que están armando-ahora en serio- el equipo que Jaque dijo tener durante su campaña. ¿La figurita difícil? Conseguir un nombre que, además de capacidad, tenga el respaldo político para poder ocupar ese cargo.
Pero el punto de discordia sigue siendo Rico. En la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, dejaron en claro que no lo quieren. Y mientras el ex comisario continúe en el gobierno, el PJ mendocino continuará alejándose del kirchnerismo y de la conducción nacional del partido.