Partidos Políticos SA
Lejos de ser una fría comparación de números, las planillas de la Dirección Nacional Electoral muestran la decadencia política en Mendoza. En 1983, en las elecciones que simbolizaron el retorno a la democracia, se presentaron 13 listas; la mayoría, con candidatos propios que respondían al eje filosófico de los partidos que representaban.
Había una mística diferente; un placer por poner en práctica la actividad democrática luego de años de censura, prohibiciones y represión. Y cada uno de los sellos decidió armar las listas para ubicar, a través del voto popular, a sus dirigentes en una nueva etapa de la historia del país.
El registro de las elecciones presidenciales y legislativas del año pasado parece haber distorsionado por completo esos principios. En la provincia se presentaron 33 listas, según un informe mostrado por la Secretaría Electoral; algunas de ellas, incompletas, y cuyos candidatos a presidente se repitieron. Ya sea por simpatía ideológica o por arreglos –o acuerdos- para ceder o aportar cargos menores, la mayoría de los partidos locales y con poca historia se encolumnó detrás de las propuestas de Cristina Fernández de Kirchner, Roberto Lavagna o Elisa Carrió.
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Esas 33 listas fueron las únicas que lograron la habilitación para poder participar de las elecciones. En el camino quedaron otras 46 intenciones que no cumplieron en tiempo y forma con los requisitos legales necesarios.
A esta comparación, entre la situación de los partidos en 1983 y en 2007, hay que agregar un dato más: los cargos en juego decrecieron (los provinciales), el electorado creció casi el 60 por ciento y la oferta de partido prácticamente se triplicó. Para el anecdotario: las imprentas pidieron por favor que nadie más mandara a imprimir boletas porque estaban saturadas por la cantidad de partidos existentes.
¿Existe un negocio electoral? Por supuesto, existe, pero el rédito que se busca es, más que nada, político. Sin embargo, también aparecen quienes ven en las elecciones la posibilidad de hacer una diferencia financiera. Arman un partido, logran una habilitación provisoria, reciben dinero del Fondo Partidario, no gastan un peso en campaña, ponen su casa o la casa de un familiar como sede y sólo se encargan de adherir a alguna lista ya existente y mandan a imprimir las boletas propias.
La Ley Nacional 23.298 es más flexible que la norma provincial 2.551, y permite que quienes buscan armar un partido político consigan la personería jurídica fácilmente. Después, será cuestión de presentar una carta orgánica, la declaración de principios y programa de acción política, y la adhesión de un número determinado de personas. Y aquí vale una aclaración: lograr la adhesión de una persona es muy diferente a completar una ficha de afiliación.
Visto de ese modo, el negocio parece rentable. Además, con suerte, si logra completar las fichas de afiliaciones exigidas, podrá reclamar a ese mismo Fondo el porcentaje correspondiente a la cantidad de votos obtenidos en las elecciones para cargos nacionales.
Uno de los casos lo dio la Concertación Ciudadana, el partido creado en la provincia por el actual vicepresidente, Julio César Cobos, cuando se vio impedido de llevar el sello de la UCR. Hasta el momento, según la Secretaría Electoral, con suerte las fichas de afiliaciones llegan a la decena. Según el padrón provincial, necesita más de cuatro mil.
¿Qué pasará si se vencen los plazos estimados por la Justicia? Se corre el riesgo de que el partido desaparezca, pero los candidatos elegidos continuarán en sus funciones.
En el juego de “toma y daca” se negocian favores. Puestos municipales, legislativos y ejecutivos menores a cambio de los votos que se puedan aportar desde un partido chico o muletto. Partidos que venden el sello al mejor postor; que cambian de autoridades; que no generan actividades sociales ni militancia; que tienen sedes fantasmas, y que aparecen sólo ante la tentación electoral.
Esta situación hizo que, de alguna manera, se perdiera el valor de las internas partidarias y se apostara a la figura de las “listas colectoras”: candidatos que buscan sumar desde varias boletas diferentes -simulan acrecentar el mercado de ofertas electorales- y sólo logran confundir a los votantes. Y a boleta revuelta...
Guillermo Amstutz y Jorge Pardal se convirtieron en los líderes de la política vaciada de contenido. Hasta superaron a quienes habían criticado el concepto de “concertación”. Coquetearon con unos y fueron seducidos por otros. Y recibieron el castigo en las tierras en las que alguna vez fueron caciques. O César Biffi, que, radical desde la raíz, no pudo evitar, aún en campaña, la contrariedad que le generaba llevar a un justicialista como presidente en su lista.
“La mayoría adhiere a las listas grandes. Prefieren eso a hacer alianzas. Porque si están habilitados para recibir dinero por los sufragios que obtienen, no quieren saber nada con que el partido más importante se lleve la mayor cantidad de ese reparto. Y eso quedó demostrado en las últimas elecciones: muchas listas y pocos candidatos”, explicó un funcionario especialista en el tema que, por cuestiones de cargo, pidió que no se publicara su nombre.
Dos ejemplos en Mendoza los dieron Gustavo Cairo y Jorge Difonso. El primero apareció como candidato a gobernador –sin chances de ganar- por el partido Recrear (que llevaba a Ricardo López Murphy como presidente) y, además, se postulaba como legislador provincial del partido Federal, (que llevaba como presidente a Cristina Fernández de Kirchner).
Difonso, por su parte, armó un frente con cuanto partido pudo para enfrentar al Justicialismo en San Carlos. Y ganó bajo la consigna de “sumate”; toda una definición.
¿Existe un negocio electoral? Por supuesto, existe, pero el rédito que se busca es, más que nada, político. Sin embargo, también aparecen quienes ven en las elecciones la posibilidad de hacer una diferencia financiera. Arman un partido, logran una habilitación provisoria, reciben dinero del Fondo Partidario, no gastan un peso en campaña, ponen su casa o la casa de un familiar como sede y sólo se encargan de adherir a alguna lista ya existente y mandan a imprimir las boletas propias.
La Ley Nacional 23.298 es más flexible que la norma provincial 2.551, y permite que quienes buscan armar un partido político consigan la personería jurídica fácilmente. Después, será cuestión de presentar una carta orgánica, la declaración de principios y programa de acción política, y la adhesión de un número determinado de personas. Y aquí vale una aclaración: lograr la adhesión de una persona es muy diferente a completar una ficha de afiliación.
Visto de ese modo, el negocio parece rentable. Además, con suerte, si logra completar las fichas de afiliaciones exigidas, podrá reclamar a ese mismo Fondo el porcentaje correspondiente a la cantidad de votos obtenidos en las elecciones para cargos nacionales.
Uno de los casos lo dio la Concertación Ciudadana, el partido creado en la provincia por el actual vicepresidente, Julio César Cobos, cuando se vio impedido de llevar el sello de la UCR. Hasta el momento, según la Secretaría Electoral, con suerte las fichas de afiliaciones llegan a la decena. Según el padrón provincial, necesita más de cuatro mil.
¿Qué pasará si se vencen los plazos estimados por la Justicia? Se corre el riesgo de que el partido desaparezca, pero los candidatos elegidos continuarán en sus funciones.
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“La mayoría adhiere a las listas grandes. Prefieren eso a hacer alianzas. Porque si están habilitados para recibir dinero por los sufragios que obtienen, no quieren saber nada con que el partido más importante se lleve la mayor cantidad de ese reparto. Y eso quedó demostrado en las últimas elecciones: muchas listas y pocos candidatos”, explicó un funcionario especialista en el tema que, por cuestiones de cargo, pidió que no se publicara su nombre.
Dos ejemplos en Mendoza los dieron Gustavo Cairo y Jorge Difonso. El primero apareció como candidato a gobernador –sin chances de ganar- por el partido Recrear (que llevaba a Ricardo López Murphy como presidente) y, además, se postulaba como legislador provincial del partido Federal, (que llevaba como presidente a Cristina Fernández de Kirchner).
Difonso, por su parte, armó un frente con cuanto partido pudo para enfrentar al Justicialismo en San Carlos. Y ganó bajo la consigna de “sumate”; toda una definición.
