Jaque apurará el convenio con los jueces para tenerlo aprobado antes del 1º de mayo
Un pedido expreso del gobernador Celso Jaque posibilitó que los diputados analizaran y aprobaran ayer el convenio firmado entre el Ejecutivo y la Asociación de Magistrados, con el que se busca poner fin al conflicto con los jueces de Mendoza por la liquidación de sus retribuciones. Ahora el convenio pasó al Senado para su ratificación definitiva.
Los demócratas, con Diego Arenas a la cabeza, ratificaron su apoyo al proyecto oficial al sostener que ayuda a pacificar las relaciones entre poderes y porque “se ha generado una interna en el poder judicial por la disparidad salarial entre los jueces”.
Por su parte, Hugo Morales (Concertación Plural) criticó el acuerdo. Este diputado, que fue el autor del proyecto de ley que eliminó la indexación salarial de los magistrados, consideró que “la culpa de este acuerdo la tiene cuatro o cinco abogaditos que rodean al gobernador”. Luego agregó: “Ahora los jueces vendrán por más porque han visto en la clase política una debilidad”.
Los cobistas no se quedaron atrás, y objetaron la falta de información del Ejecutivo sobre el monto final del convenio, que según el gobierno es de $13 millones. Pero Marín duda: “Este gobierno tuvo furcios muy importantes” dijo recordando las paritarias con el sector de la educación.
La respuesta del PJ no tardó en llegar. “Parece que Marín tiene una memoria frágil, porque se olvida que hasta el 9 de diciembre ellos fueron Gobierno”, sostuvo un diputado que se jactó del acuerdo con los jueces, que nunca pudo lograr Julio Cobos.
Mientras que los radicales apoyaron el acuerdo. El defensor de la postura de la UCR fue Raúl Vicchi, quien pidió “que alguno se anime a decir que este juicio se gana. Yo les voy a contar: está muy dificil que se gane por el criterio de la Corte de la Nación”.
Además Vicchi ratificó que Roberto Iglesias, en cuya gestión comenzó el conflicto salarial con los jueces, estaba al tanto de la postura del bloque, y que la apoyaba.
Al momento de la argumentación, la oposición consideró que con esta transacción se premiaba por igual a magistrados que embargaron sueldos de la administración y a los jueces que, en cambio, esperaron una solución legal para el conflicto.
Por su parte, desde los bloques del PJ, UCR y PD manifestaron que se trata de un acuerdo histórico que ponía punto final a un conflicto de larga data, y que era el comienzo de una etapa distinta.
El acuerdo
Este convenio, rubricado por 362 magistrados, tiene como objeto "poner fin al conflicto originado hace más de un lustro, con motivo de la forma de liquidación de las retribuciones de los Magistrados del Poder Judicial de la provincia y la falta de certeza acerca del alcance de la garantía de intangibilidad plasmada en el art. 151 de la Constitución de Mendoza y en el art. 110 de la Constitución Nacional"
Pretende además, terminar con los pleitos indexatorios y las situaciones de desigualdad en lo salarial. Para ello, se promueve un incremento promedio del orden del 16% a cambio de que las partes desistan de cualquier demanda en tal sentido.
La recomposición salarial se hará en forma progresiva, aplicándose sobre el nivel básico 100 por ciento, que estará constituido por la asignación de la clase que se fije para el cargo de Ministro de la Suprema Corte, de la siguiente forma: a partir del 1 de mayo del corriente, 9.500 pesos, y desde el 1 de enero de 2009, diez mil pesos.
Desde esa fecha en adelante, se aplicarán los incrementos salariales que disponga la Corte Suprema de Justicia para los Magistrados del Poder Judicial de la Nación.
Este acuerdo tiene carácter "transaccional" y no implica reconocimiento de derechos. Para el resto del 2008, implicará una suma de 13 millones de pesos que en parte saldrán de los embargos a las cuentas públicas por juicios ganados por magistrados que no retiraron el dinero; de economías presupuestarias del Poder Judicial, y el resto será aportado por el Poder Ejecutivo.