Los funcionarios de Cobos siguen recibiendo acusaciones de la justicia

Además de la causa abierta por un crédito irregular otorgado a la empresa de transportes El Cacique, por el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el fiscal de Delitos Complejos, Luis Correa Llano, investiga otras causas en las que también están involucrados el ex titular de ese organismo, Jorge Tieppo, y la ex secretaria de Financiamiento, Adriana Favier.

Estos expedientes se desprenden del mismo fallo del Tribunal de Cuentas que dejó al descubierto la autorización de un préstamo de aproximadamente nueve millones de pesos a una empresa que estaba en concurso de acreedores al momento de recibir el dinero.

El nuevo caso tiene que ver con préstamos hechos por el Fondo para la Transformación a empleados estatales para la compra de autos particulares; algo que, a simple vista, estaba lejos de los microemprendimientos a los que estaba destinado el dinero con que contaba esa entidad.

En la causa también está nombrado Carlos Monforte, un hombre de la gestión de Julio Cobos ya conocido para el fiscal Correa Llano. Su apellido apareció en la primera parte de la investigación que el magistrado llevó adelante para desarticular los vínculos entre funcionarios y la barrabrava de Godoy Cruz, en 2006. Ocupaba el cargo de director de Gestión Económica de Desarrollo Social y fue miembro del Fondo y del desaparecido consorcio de exportación Sol y Vino, de ProMendoza.

Las pruebas que aparecen en la investigación se desprenden, en su mayoría, de la resolución del Tribunal de Cuentas. Un mismo expediente hizo que el fiscal abriera diferentes causas, ya que existía la sospecha de la comisión de un mismo delito, pero diferentes hechos.

Pero las averiguaciones no terminarían allí. Uno de los préstamos que también está en la mira de la Justicia ordinaria vincularía a la esposa de un ex intendente cobista. Se le habría autorizado una partida de 70 mil pesos para la instalación de un centro de belleza. Y si bien el dinero fue devuelto en tiempo y forma, lo que se investiga es si existió tráfico de influencia para que la aprobación de crédito fuese más expeditiva, en detrimento de otros proyectos “anónimos” cajoneados.