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"La Seguridad: algo más que una promesa de campaña"


La seguridad es el tema que más afecta a la gente. Por eso,  incluso hasta hubo quienes creyeron que era posible bajar  el delito en un 30%, en tan sólo 180 días.

Antes de ser gobernador, Celso Jaque creyó entender las necesidades de la gente. Dijo que ganó las elecciones porque supo interpretar la demanda social; saber qué era lo que necesitaba el mendocino tipo que le extendía la mano en sus extenuantes caminatas de campaña. Y decidió romper el molde impuesto: armó una parafernalia mediática para prometer un imposible: bajar el delito un 30 por ciento en seis meses. Aseguró que, para eso, utilizaría un plan de seguridad armado especialmente por su equipo técnico y con el asesoramiento de las principales policías del mundo.

Jaque y sus jefes de campaña tal vez pensaron que esa propaganda estaba buena para levantar la temperatura electoral. Sabían que con ese aviso conseguirían un gran impacto, pero nunca imaginaron que les alcanzaría para ganar en las urnas. De lo contrario, aquel candidato malargüino hubiese procurado, en serio, conformar un fuerte bloque con especialistas en el tema.

Una vez electo, se encontró solo y con dos problemas. No tenía ningún hombre fuerte para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad y tampoco existía plan alguno para ser ejecutado.

Miró a su alrededor y sintió más limitaciones. Alejandro Cazabán no podía volver a esa cartera por un motivo obvio y conocido: sólo pronunciar su nombre entre la tropa policial da pie para que alguien plantee la posibilidad de una nueva revuelta entre los uniformados.

Una vez descartado su hombre de confianza, apostó a algún otro candidato vinculado con el pasado lafallista. Félix Pesce apareció en la lista. Sin embargo, alcanzó con un llamado telefónico para volver a complicar la vida del gobernador luego del "No, gracias".

Mientras la fecha de asunción se acercaba, los días pasaban sin ministro, sin plan y sin el trillado presupuesto especial enviado por Cristina. Las escenas de desencuentros continuaban mientras Jaque ignoraba el constante murmullo que le aconsejaba llevar a Daniel Cassia a Seguridad. Pero Jaque nunca lo quiso para ese cargo.

Decidió tomar una decisión ejecutiva; más cercana a la gestión empresarial que al manejo de una provincia: tercerizar Seguridad. Decidió entregarle el mando del área más complicada del gobierno al Partido Demócrata y apeló a su retórica para explicar lo inexplicable: como su plan no existía, se vinculó al modelo que le ofrecía la fuerza política que ocupó el tercer lugar en las elecciones.

Desde el PD vieron la tentadora oferta de ocupar un cargo ejecutivo; situación que no se producía desde el retorno a la democracia. Obviamente, ese lugar estaba hecho a medida para Juan Carlos Aguinaga, proclamado como especialista teórico en seguridad, aunque con nula experiencia en el terreno de la práctica.

De entrada, Aguinaga condicionó a Jaque. Trajo a su gente y advirtió que ni él ni su equipo formarían parte de las promesas electorales del PJ. Anunció medidas de shock para impresionar y de ese modo reducir la sensación de inseguridad.

Todo salió al revés. Intentó subordinar a una policía desprestigiada con un ex policía cuestionado por las organizaciones de Derechos Humanos por su participación como instructor en lucha contrasubversiva en la última dictadura. Detrás de la designación de Carlos Rico como subsecretario de Seguridad, llegaron las denuncias y las investigaciones sobre su pasado poco claro.

Jaque, que se autodefine como un tipo de ideas y convicciones firmes, no supo qué postura tomar al respecto. Sostuvo en sus cargos a las dos facciones en pugna: a Rico, a Aguinaga y a los ex comisarios cuestionados, por un lado, y apoyó también a los abogados que ocupan cargos en el área de Derechos Humanos. Buscó quedar bien con unos y otros y sólo recibió el cuestionamiento –en voz baja- de todos. Como si fuera poco, desde la Nación le están pasando factura con mensajes cada vez menos sutiles.

Enero cuadruplicó la cantidad de homicidios en relación a ese mismo mes en 2007. Las primeras muertes se disimularon bajo la siempre sospechosa figura del “ajuste de cuentas”. Pero esa excusa duró hasta que un joven fue asesinado de un balazo en la cabeza por resistirse a un asalto.

El mapa del delito, “vendido” como remedio para la enfermedad, no aportó nada. Las zonas conflictivas continuaron siendo las zonas conflictivas. Y no se trata de una repetición forzada de palabras. Es lo que muestra la geografía del crimen en la provincia. Son los lugares donde los mendocinos fueron asaltados, asesinados o violados. Son hechos concretos, que se distinguen de la mera sensación.

Seguridad no se consigue sólo con anuncios. Tampoco se logra con policías de rostros adustos e inspiradores de miedo en vez de respeto. Es un período de transformación que requiere tiempo y espacio para revertir una realidad social, cambiar conductas y ganar el espacio público perdido. Esa tarea excede la labor de quienes llevan uniforme e involucra a todos los actores sociales. La recuperación social puede demorar lo mismo o más que los años que alcanzaron para su degradación. Y se trata de un proceso con metas que se deben trazar, sobre todo, a mediano y largo plazo, y que deben quedar al margen de cualquier estrategia propagandística o de mensajes mesiánicos.

En poco más de dos meses, las promesas de Jaque sólo sirvieron como argumento para la aprobación de un presupuesto deficitario y de una ley que autoriza compras directas bajo el esquema de emergencia en seguridad, sin controles claros sobre el destino de los fondos. Las estadísticas se le volvieron en contra, todavía no se evidencian los planes conjuntos con el resto de los ministerios, los nombres designados se convirtieron en un foco de críticas, está lejos de quintuplicar el patrullaje y la presencia de efectivos en la calle y, actualmente, cuenta con una fuerza policial que sigue evidenciando –luego de que un móvil atropellara a una mujer y de que se conocieran casos de espionaje ilegal- escasa preparación y el desprestigio de antes.