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Política

El Servicio Penitenciario sigue intervenido

Lo anunció el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos local, Sebastián Godoy Lemos, luego de una reunión con autoridades nacionales. Además, dijo que en noviembre, sí, vendrá el ministro Aníbal Fernández para firmar un acuerdo con la provincia para la construcción de una cárcel federal.

Jorge Hirschbrand


El subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Godoy Lemos, estuvo reunido con la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Lía Elizabeth, y llegó a un arreglo para que la intervención federal en la cárcel mendocina continúe, al menos, hasta el año que viene, ya que por el momento no existe la posibilidad de cubrir los altos mandos del servicio provincial con efectivos locales.

Este fue uno de los objetivos que se había propuesto cumplir Diego Lavado durante su gestión a cargo de Justicia y Derechos Humanos. La idea era preparar personal especializado, jerarquizarlo y ponerlo en funciones a fin de este año, cuando, en teoría, la fuerza federal iba a dejar la intervención.

Godoy Lemos, informó que la provincia firmará en noviembre un acuerdo con la Nación para comenzar la construcción de un centro penitenciario Federal para 500 internos en las inmediaciones del actual penal de Almafuerte, en Cacheuta. Y que para ello, a mediados de mes llegará a la provincia el ministro de Seguridad, Justicia  y Derechos Humanos, Aníbal Fernández. Aunque no sería la primera vez que el gobierno hace este anuncio, ya que la visita de Fernández era esperada en octubre, por este tema y por la llegada de gendarmes a controlar las rutas nacionales 7 y 40.

En la charla que tuvo en Buenos Aires, Godoy Lemos recibió el visto bueno por parte de las autoridades nacionales para la construcción de una nueva cárcel para personas que estén presos por delitos federales. Godoy Lemos afirmó que la provincia sólo donará el terreno donde se levantará la edificación, y que el dinero para la construcción fue incluido en el proyecto de presupuesto nacional 2009.

Antes de que esto ocurra, el gobierno provincial deberá enviar un proyecto de ley a la Legislatura para aprobar la cesión de los terrenos.

El plazo máximo de construcción será de un año. Si en ese tiempo la Nación no cumple con su parte, perderá todo tipo de derecho sobre el lote en cuestión.

Viaje a México
 Godoy Lemos y la directora de Derechos Humanos de Mendoza, María José Ubaldini, viajarán el 4 de diciembre a la audiencia que se llevará a cabo en el Distrito Federal de México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la crisis penitenciaria en la provincia.

El subsecretario viajará como máximo responsable del área, pero llevará a Ubaldini, una abogada que trabajó en la CIDH y que tiene un conocimiento cabal del caso.

Pero no serán las únicas presencias mendocinas en la audiencia en la Corte. Además de un representante de Cancillería, viajarán los abogados peticionantes y que hicieron las presentaciones correspondientes para que la situación en la cárcel local sea tratada por este tribunal. Entre ellos aparecen Carlos Varela, Pablo Salinas, Alfredo Salinas y Diego Lavado. Estos tres últimos fueron funcionarios del área hasta unos meses, y sólo Lavado confirmó que no viajará porque, más allá de no estar más en el gobierno, no le parece correcto tener una participación activa a tan poco tiempo de dejar su cargo.

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