El senador Manzano también deberá enfrentar una causa judicial

La situación del senador provincial Miguel Manzano, acusado de estar influenciado a la hora de votar en contra del jury de enjuiciamiento contra la jueza Susana Barrigón, no sólo deberá enfrentar la rendición de cuentas que pidieron sus pares, sino que será protagonista de una investigación judicial que comenzó el miércoles, cuando una denuncia por ese tema ingresó a la Fiscalía de Delitos Complejos.

En la causa que está instruyendo el fiscal Daniel Carniello hay dos puntos claramente diferenciados. Por un lado, se sospecha que existió un tráfico de influencias para que los miembros del jury apoyaran a la jueza en cuestión, sospechada de haber abusado de su poder para beneficiar al novio de su hija, Ezequiel Fadel, quien fue condenado por homicidio preterintencional luego de matar a un hombre durante una pelea callejera. Por el otro, está la actuación de Manzano como miembro del tribunal que debía evaluar el comportamiento de Barrigón.

Si bien el caso recién está acumulando sus primeras fojas en el expediente, existen pocas chances de que se pueda acreditar que existieron llamados para presionar o para ofrecer dinero a los legisladores a cambio de beneficiar la situación de Barrigón. Como mucho, un listado de llamados telefónicos recibidos por parte de los integrantes del jury sólo confirmará que tal o cual persona se encargó de llamar a cada uno de ellos. De ahí en más, todo quedará reducido al terreno de las especulaciones, ya que resultará imposible comprobar el contenido de esas conversaciones. Y, como elemento probatorio, resultará escaso para apuntar a una imputación.

Pero el caso de Manzano es aparte. El senador es el jefe laboral de Roberto Bertone, marido de Barrigón, y por eso su situación dentro del jury podría ser diferente.

En principio, la norma de procedimiento en esa instancia es la contemplada por el Código Procesal Penal. En ese caso, tanto Manzano como el resto de los legisladores que participan del jury cumplen el rol de jueces. De ser así, debería haberse inhibido, tal como lo establece el Código.

En este punto, Manzano podría haber incurrido en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Si existen elementos probatorios, primero habrá que pedir su desafuero. Y recién después, será el momento para hablar de una imputación.