(NO PUBLICAR) Las irregularidades municipales detrás de la construcción del Sheraton
La construcción del hotel-casino Sheraton, que se convertirá en el emprendimiento turístico más importante de los últimos años en la Ciudad de Mendoza, es, amén de su estética arquitectónica, un compendio de irregularidades municipales. Desde 1997 –año en que comenzó a tramitarse el proyecto- a la fecha, no existe registro del paso del expediente por el Concejo Deliberante, a pesar de existir excepciones al Código de Edificación que deberían haber sido tratadas, debatidas y aprobadas o no por ese cuerpo. En todo caso, existía una segunda alternativa para el otorgamiento del visto bueno, que tenía que ver con la firma de un decreto por parte del intendente de turno. Pero ni Roberto Iglesias ni Raúl Vicchi ni Eduardo Cicchitti ni Víctor Fayad lo hicieron.
En las fojas 366, 367 y 373 figuran los pedidos de informes hechos por concejales, primero, para solicitar la remisión del expediente para su estudio; segundo, para pedir explicaciones sobre por qué nunca fue enviado desde el órgano Ejecutivo municipal.
Frente a la falta de respuesta, los ediles Juan Carlos Membrives y Oscar Ramírez presentaron en septiembre del año pasado una denuncia penal en la Segunda Fiscalía Correccional, a cargo de Anabel Orozco de Pesce.
La causa tuvo un impulso lógico inicial. Se les tomó declaración testimonial a los denunciantes y se incorporaron algunas pruebas; por ejemplo, la mencionada foja 324, que sugería que las excepciones fueran aprobadas por el Concejo.
El último movimiento que tuvo el expediente judicial se remite al 28 de noviembre de 2007 y presentaba un panorama al menos complicado para varios funcionarios municipales. La fiscal había decidido resolver un avoque inicial –una imputación- contra “NN u organismo gubernamental por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Estaba claro que alguien había actuado mal; que todo lo vinculado con las excepciones a la construcción del Sheraton debería haber pasado por el Concejo Deliberante, pero que, en el camino, decidieron eliminar cualquier obstáculo.
La denuncia, que prometía un escándalo, murió en esa última resolución. Nunca más hubo novedades en el caso; los concejales dejaron de aportar pruebas y la fiscal –actualmente de licencia- no se preocupó ni procuró determinar quiénes eran los responsables de las fallas administrativas que habían configurado un delito.
Juez y parte
La etapa más importante de la construcción del hotel que abrirá oficialmente sus puertas este viernes, estuvo a cargo de Jorge Anzorena, quien, además de desempeñarse como director de Obras Privadas, fue contratado por los accionistas para trabajar como comisionista y tramitar la compra de los terrenos lindantes. Controlaba por la mañana y hacía negocios particulares por la tarde.
Entre las desprolijidades existentes en este proceso, el caso de Anzorena fue el más notorio. Cualquier falencia detectada en la obra lo hubiese puesto ante un dilema clave: redactar un informe y proponer la suspensión del proyecto o hacer de cuenta que no había pasado nada y seguir adelante con sus dos actividades.
Anzorena sólo fue desplazado de su cargo por este tema, a pesar de que, a priori, se trataba de un caso de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, contemplado en el artículo 265 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales”.
En el periodo en cuestión, además, se perdieron todos los expedientes por las denuncias hechas por José Mateu, un abogado vecino del Sheraton que se quejó con las autoridades de turno por los perjuicios que, afirmó, le causó la obra. Cada denuncia presentada era un expediente que se extraviaba. De todos modos, las presentaciones fueron reconstruidas.
Con Anzorena afuera, se detectaron anomalías en otras obras de envergadura para la Ciudad. Uno de eso casos fue la edificación del otro hotel 5 estrellas próximo a inaugurar: Diplomatic. Ya se habían levantado cuatro pisos del edificio que está sobre calle Belgrano cuando se advirtió que no existían las aprobaciones correspondientes. En algún momento se barajó la posibilidad de una demolición, ya que el proyecto, tal como se pretendía armar, era inviable según las normas municipales. Se llegó a un acuerdo, se prescindió la construcción de un segundo módulo y se autorizó la obra tal como se observa por estos días.
“Eso ocurre porque las inspecciones no están hechas por los inspectores, sino por los jefes de área. Hay inspectores a los que directamente no dejan entrar a algunas obras; sólo van los jefes acompañados por los dueños de los emprendimientos”, declaró un funcionario.
Estos episodios, además de alimentar las sospechas de hechos de corrupción, son el reflejo de los salvoconductos y los tráficos de influencia que se buscan para, en algunos casos, evitar la burocracia que puede llegar a frenar o a desalentar grandes inversiones. De ahí, la necesidad de crear reglas de juego claras.
Ciudad en flor
El 4 de agosto de 2005 se resolvió categorizar el proyecto “construcción hotel internacional”, propiedad de K-Bin SA, como de medio impacto ambiental, y se estableció un procedimiento a seguir para lograr la factibilidad ambiental. El visto bueno llegó unos meses después, el 28 de febrero de 2006, a través de la resolución DGA 151-D-2006. Ese mismo año, la empresa presentó una nota-compromiso para mantener los forestales de la zona, aunque una de las multas impuestas por la comuna tiene que ver, precisamente, con el corte del arbolado para instalación de una marquesina o canopy y con inconvenientes durante la obra que son frecuentes en edificaciones de esta magnitud.
Durante estos días, también aparecieron elucubraciones sobre el gerenciamiento de la obra hecho por el ex ministro de Obras, Aldo Ostropolsky, y la función de su esposa, Mónica Castro, en la Municipalidad de Capital como directora de Gestión Ambiental. Hubo quienes afirmaron que en la declaración de impacto hubo algún favorecimiento, pero es válido aclarar que para la fecha en que fue firmado el documento, Castro no era funcionaria municipal.
Si bien desde la empresa prefirieron no hablar al respecto, una fuente señaló que, además de abonar el importe de la multa, ofrecerán al municipio la donación de la cantidad de árboles que la comuna considere necesario.
Para Gerardo Montaruli, presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza, nada de esto debería ocurrir. Sin entrar en el detalle de la construcción del hotel, aclaró que ´”de nada sirve tener un Código de Edificación si lo único que se hace es otorgar excepciones. En todo caso, habría que convertirlo en regla, pero para eso hay que debatir qué ciudad queremos. Lo auspicioso es que la actual gestión nos haya convocado para empezar a plantearnos estas cosas”.
El edificio cuenta con habilitabilidad provisoria –salvo la entrada al casino por calle San Juan-, pero la definitiva recién llegará cuando sea presentado el final de obra.
“Las ordenanzas las tienen que cumplir todos. Y si por alguna razón justificada alguien no la cumple, sólo el Concejo puede autorizarlo”. La afirmación del presidente del HCD de Capital, Guillermo Yazlli, es la antítesis de lo que muestra el expediente 4150-L-97, más conocido en la comuna como “el expediente del Sheraton”.