Los federales detenidos, complicados por las pruebas
El jefe local de la Policía Federal, Daniel Ouviñas Salgueiro, quedó detenido por el escándalo de coimas y otros delitos que salpicó a los detectives de la Brigada de Investigaciones de esa fuerza que está apostada en nuestra provincia.
A pesar del hermetismo, Bento soltó ante la prensa una frase que reveló la gravedad del asunto: “Acá se investigan irregularidades en procedimientos policiales y no puedo atender a nadie, porque estoy recibiendo una denuncia por minuto contra los detenidos”.
Esta ola de denuncias fue generada por la trascendencia mediática del caso. "El tema es que ahora todos los que fueron investigados por esta brigada van a querer poner quejas", confió una fuente judicial.
Si bien nadie quiso hacerlo público, se supo que para todas las personas involucradas en la investigación, tener que ordenar la detención de los efectivos no fue una tarea agradable. "Es raro, porque se trata de la gente en que confiamos para la mayoría de los casos que llevamos adelante", confiaron.
Los peritos de la Justicia Federal estuvieron en la tarde de ayer en el edificio de la Policía Federal y secuestraron documentación del caso. Estas pericias habrían comprobado la sospecha de irregularidades y motivaron la detención de once efectivos.
En tribunales afirman que Bento ya tiene evidencias suficientes para imputar a los policías. Se trataría de filmaciones y grabaciones de audio que probarían irregularidades aún no precisadas por la Justicia.
También revelaron que el expediente se armó a partir de una investigación que hizo otra fuerza federal: Gendarmería. Seguían una pista por tráfico de drogas y llegaron hasta un lugar donde, sin imaginarlo, se cruzaron con un dato en contra de la Brigada de la Federal. Profundizaron un poco sobre esa cuestión y descubrieron la situación que derivó en la denuncia, investigación y detención de los policías.
En cambio, para otros efectivos de la Federal, sus compañeros fueron víctimas de "una cama" hecha por la gente de Gendarmería.
La evidencia
La prueba clave sería una escucha telefónica hecha en el marco de la pesquisa realizada por Gendarmería. Una voz indicó que debía juntarse con una persona a la que debía pagarle una importante suma de dinero para que no le allanaran su local de alquiler y ventas de videos y dvds. Las averiguaciones confirmaron que esa "persona "era un efectivo de la Brigada de Investigaciones de la Federal.
Asimismo, un testigo, que dijo ser dueño de tres videoclubes, declaró esta mañana que se juntó en un café con uno de los jefes de los detectives y le entregó 20 mil pesos para evitar que le sucuestraran mercadería.
A estas pruebas se sumaron las actas que el juez Bento se llevó de la delegación policial. En esos documentos aparecen cantidades de mercadería secuestrada que no coincide con lo que realmente encontraron en los depósitos de calle Perú.
Posibles imputaciones
Los efectivos podrían ser imputados de los siguientes cargos:
Exacciones ilegales: tiene una pena que va desde un año hasta los cuatro años de prisión, según la gravedad.
Asociación ilícita: la escala penal va de 5 a 20 años de prisión. Está contemplado en el artículo 210 bis del Código Penal. Y en este caso, se reúnen varios de los requisitos para el agravamiento de esta figura: estar integrada por diez o más individuos; tener estructura celular; disponer de armas de guerra; estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, y tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior.
Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos: penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo.
Falsificación de documentos: tiene penas que van de uno a seis años de prisión. Es por adulterar las actas de los secuestros.