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El gobierno provincial analiza reducir las penas de 50 presos

Como es habitual en esta época del año se analiza la rebaja de penas de presos mendocinos. Se trata de expedientes que ya obtuvieron el visto bueno de la Suprema Corte y de la Procuración. La idea es beneficiar a aquellos detenidos que están por cumplir su condena y acelerar la recuperación de libertad. Descartan que dentro de los casos haya culpables de violaciones.

El gobierno analiza la posibilidad de firmar conmutaciones de penas para aproximadamente 50 presos que están cerca de cumplir su condena. Se trata de casos cuyos expedientes ya recibieron el visto bueno de la Suprema Corte, de la Procuración y del Organismo Técnico Criminológico a cargo de medir la posibilidad de reinserción social de los posibles beneficiados con la firma de Celso Jaque.

La mayoría de las causas revisadas tienen que ver con personas que fueron juzgadas por robo u homicidio, aunque dentro de esta última figura sólo aparecerían aquellas historias que están ligadas con ajustes de cuenta o crímenes pasionales, para dejar sin efecto cualquier posibilidad de reducción de penas para quienes mataron en ocasión de robo.

Los casos que serán revisados por los funcionarios del Ministerio de Gobierno ya tuvieron un primer filtro judicial. Y eso sirvió para descartar que dentro del grupo que podrían acceder a la conmutación de su condena haya alguien con antecedentes por abuso sexual agravado, por ejemplo.

No es un dato menor, ya que la intención oficial tampoco es ponerse en contra a la opinión pública. En ese contexto, sólo se tendrán en cuenta aquellas condenas que están por cumplirse, para que los favorecidos tengan la posibilidad de recuperar rápidamente la libertad. Consideran que de nada sirve reducirle tres años a un detenido que de todas maneras deberá pasar siete años más en la cárcel.

Los casos de conmutaciones de pena no tuvieron repercusión pública durante de la gestión de Julio Cobos. Si bien existieron, los decretos no trascendieron. En todo caso, Roberto Iglesias fue quien más ruido hizo con este tipo de resoluciones. Benefició a los involucrados en el resonado “crimen del Parque”, ocurrido a finales de los ’80, y redujo a la mitad la condena de Claudia Paola Sosa, la chica que en 2001, luego de ser víctima de todo tipo de abusos por parte de su esposo policía, decidió ponerle fin a ese martirio y lo mató.