Quieren definir la semana que viene los ascensos penitenciarios
El sistema de reescalafonamiento está frenado hace años. El lunes arrancará la ronda de firmas para que antes de fin de año estén definidos los nuevos rangos del personal carcelario. Auditoría para determinar cuántos empleados estatales ingresaron como penitenciarios y no cumplen tareas en esa área.
El Ministerio de Gobierno intentará esta semana ponerle fin a años de reclamos del personal penitenciario que vio postergadas las posibilidades de ascenso. Se trata de aproximadamente 700 efectivos; la mayoría subirá de categoría y otros, además, serán reubicados según su especialidad, ya que ingresaron como suboficiales por tener título secundario, terciario o universitario. Este plan se había puesto en marcha, pero sufrió un impasse cuando el Servicio Penitenciario Federal se hizo cargo del sistema carcelario provincial debido a las dificultades existentes en Mendoza para controlar esa área.
El proyecto impulsado desde la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos busca apaciguar cierta tensión que existe entre el personal penitenciario por el abandono que dicen haber sentido durante los últimos cuatro años; sobre todo, con personal que fue identificado en algún momento con el Partido Justicialista y que, se sospecha, quedó postergado justamente por su posición política. Otros, en cambio, se vieron perjudicados porque, al llegar el control federal, fueron trasladados de los lugares donde prestaban servicio y enviados a los sectores que les correspondía según el título que aparecía en los legajos. Por eso, mañana comenzará la ronda de firmas para que los nuevos escalafones queden determinados.
Esta movida incluye también una auditoría para determinar la cantidad de empleados públicos que aparecen como personal de planta del Servicio Penitenciario, pero que en realidad cumplen tareas administrativas en diferentes puestos del Ejecutivo sin haber pisado alguna vez la cárcel de Boulogne Sur Mer o Almafuerte.
La crisis desatada por las condiciones infrahumanas de las cárceles mendocinas hizo que el nombramiento de personal efectivo no tuviera serios cuestionamientos desde el sector político. Y con el tiempo se convirtió en una bolsa de trabajo para familiares y amigos de los funcionarios de turno. Uno de los objetivos de este control será detectar irregularidades en los nombramientos hechos durante los últimos meses de la gestión de Julio Cobos.
Actualmente, una cantidad importante de estatales que prestan servicio en Gobierno (se estima que rondaría el 90%) no fueron incorporados como personal de planta de esa cartera, sino que ingresaron a través del servicio penitenciario. Habría servido como maquillaje para aumentar la cantidad de empleados en Casa de Gobierno sin provocar la reacción de la oposición.
