Piden agravar la imputación de los policías detenidos por la muerte de un joven en un procedimiento
El abogado de la familia de Samuel Tobares reclamó que se agrave y advirtió que la responsabilidad no termina en los dos policías detenidos.
Dos policías de Córdoba se encuentran detenidos por homicidio prerintencional por la muerte de Samuel Tobares en un operativo policial.
Archivo Policía de CórdobaEl abogado de la familia de Samuel Tobares, el joven de 34 años que falleció tras un violento procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, provincia de Córdoba, confirmó a MDZ que solicitará al fiscal que ordenó la detención de dos policías, que agrave la imputación.
El letrado Carlos Nayi precisó que mientras los dos efectivos detenidos —un agente y un sargento, ambos con más de diez años de servicio— permanecen alojados en la Penitenciaría de Bouwer imputados por homicidio preterintencional, la querella buscará el cambio de la calificación legal.
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“La Policía es una fuerza civil armada, no un grupo de choque militarizado”, remarcó Nayi al fundamentar el pedido. Para el abogado, el accionar que quedó reflejado en las primeras evidencias, por lo que solicitó que la imputación mute a homicidio calificado agravado por el hecho precedente y por la calidad funcional de los uniformados.
Si el fiscal Ricardo Mazzucchi adopta la solicitud, la escala penal podría ir de los seis años máximos que contempla la actual imputación a prisión perpetua.
La causa de la muerte
Nayi fue contundente al cuestionar el modo en el que fue reducido Tobares, quien estaba desarmado, durante el procedimiento. Recordó que el protocolo de actuación policial indica contención y procedimientos adecuados “cuando una persona no puede manejar emocionalmente la situación”, y no la utilización de la fuerza desproporcionada.
Si bien la causa se encuentra bajo secreto de sumario, es de destacar que los cargos por homicidio preterintencional presuponen la existencia de golpes. Esto lleva a pensar que dichas agresiones habrían provocado el fatal desenlace del joven.
Más allá de la presunción, Nayi señaló que el informe anatomopatológico estará listo en 15 días y sus resultados podría aportar más precisiones sobre las últimas horas de vida de Tobares.
Posibles nuevas imputaciones contra los policías
El abogado adelantó además que a su entender el caso no termina en los dos efectivos arrestados. Para Nayi, otros agentes que llegaron después al operativo podrían tener responsabilidad en el hecho.
“Si vieron lo que estaba ocurriendo y no denunciaron ni intervinieron, deberán responder también. Los superiores no tienen la opción: tienen la obligación de actuar”, enfatizó. El abogado no descartó que, si se acreditan omisiones o encubrimientos, se pidan nuevas detenciones por participación o instigación.
Aunque estos planteos aún no fueron formalizados ante la fiscalía, adelantó que lo hará en los próximos días, a medida que avancen las diligencias.
Un caso que reabre una herida
La muerte de Tobares vuelve a exponer el debate sobre la formación, el control interno y el uso de la fuerza en la Policía de Córdoba. Nayi insistió en que la prioridad de la fuerza debe ser prevenir, y solo reprimir en situaciones excepcionales: “Si enfrentan a un delincuente armado, la respuesta debe ser proporcional, pero no cuando se trata de un joven desarmado que atraviesa un desborde emocional. Para eso existe un protocolo: reducir adecuadamente, contener y llamar a profesionales”.
La familia Tobares, acompañada por Nayi como querellante, ratificó su pedido de justicia y exige que se esclarezca lo ocurrido durante el operativo que derivó en la muerte del joven, que volvía a su hogar tras trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz.
El caso está en plena etapa inicial, pero ya dejó en claro un punto: la discusión por el uso abusivo de la fuerza vuelve a golpear a la institución policial en Córdoba.