Los cambios que dispusieron en Almafuerte tras el intento de fuga frustrado
El intento de fuga frustrado que sacudió al complejo penitenciario Almafuerte I derivó en una serie de cambios institucionales que ya están en marcha.
El Servicio Penitenciario dispuso varios cambios en Almafuerte
El intento de fuga frustrado que sacudió al complejo penitenciario Almafuerte I derivó en una serie de cambios institucionales que ya están en marcha. El Servicio Penitenciario Provincial formalizó cambios en las jefaturas de los módulos 1, 2 y 4, una medida que las autoridades definen como estrictamente preventiva y que no anticipa conclusiones sobre lo sucedido. La investigación administrativa avanza en paralelo, bajo carácter confidencial, sin hipótesis confirmadas ni descartadas de manera oficial.
Desde el organismo aclararon que las modificaciones en la conducción de esos sectores no equivalen a señalamientos ni a sanciones anticipadas. La lógica detrás de la decisión apunta a preservar la evidencia, proteger el proceso investigativo y reforzar los controles internos en un momento de alta sensibilidad institucional. En otras palabras, los cambios buscan blindar la investigación más que castigar a nadie en esta etapa.
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En simultáneo, el establecimiento avanza en la activación de las cámaras de videovigilancia del módulo 4. Las pruebas técnicas ya están en curso y la meta es que el sistema quede operativo de forma inmediata. Una vez habilitado, ese dispositivo ampliará el monitoreo sobre uno de los sectores con mayor exigencia de seguridad dentro de Almafuerte I, cerrando un vacío de control que, según trascendió, existía al momento del episodio.
Los siete internos que habrían participado en la maniobra se encuentran alojados en el Complejo Almafuerte II, ubicado en Cacheuta, bajo el régimen de Muy Alto Perfil —conocido como MAP—. Se trata del nivel más severo del sistema penitenciario mendocino: veinticuatro horas de encierro en celdas individuales, sin contacto con otros detenidos, con monitoreo permanente y sin excepciones. No es una medida transitoria ni una sanción administrativa; es el esquema que la ley reserva para quienes representan un riesgo extremo, ya sea por su capacidad de fuga, su influencia sobre la población penal o su potencial para coordinar actividades delictivas desde adentro.
Este régimen fue incorporado al sistema penitenciario provincial a partir de la reforma de la ley del sector impulsada en 2024, que estableció una clasificación de internos según el nivel de riesgo que representan. El perfil Muy Alto es la categoría tope dentro de ese esquema y define condiciones de alojamiento diferenciadas que van bastante más allá del encierro convencional. La reforma dotó al sistema de herramientas específicas para situaciones como la que se investiga en Almafuerte.
La investigación continúa abierta en dos frentes: el de los internos involucrados en el intento de fuga y el del propio Servicio Penitenciario, en lo que refiere a la actuación de su personal durante el episodio.
