La Justicia puso límites mientras se define la extradición de un político acusado de corrupción en Ecuador
La Justicia dio un fallo sobre Hernán Modesto Luque Lecaro: el político enfrenta una posible extradición a Ecuador por cargos de corrupción y crimen organizado.
Hernán Modesto Luque Lecaro es un exfuncionario ecuatoriano que actualmente se encuentra en Argentina enfrentando un proceso de extradición solicitado por la República del Ecuador por delitos de corrupción y crimen organizado. En un fallo unánime dictado este martes, la Sala II de la Cámara de Casación Penal decidió poner límites a la situación de prisión preventiva. El ecuatoriano se encuentra detenido en Argentina desde febrero de 2024, pero el proceso para enviarlo de regreso a su país ha quedado empantanado en un laberinto judicial y político.
La decisión se tomó de forma unánime entre los magistrados Guillermo J. Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar para anular la decisión de un juzgado de primera instancia que, en febrero pasado, había prorrogado por un año más la detención domiciliaria de Luque Lecaro. El rechazo se basó en considerar que dicha extensión era "arbitraria" al basarse en "fórmulas genéricas" y no analizar las condiciones actuales del imputado ni el tiempo ya transcurrido en detención.
La defensa, a cargo de los doctores Otaño Moreno y Marcovecchio, había denunciado que el encierro se estaba convirtiendo en una "pena anticipada" que vulneraba el principio de inocencia.
A raíz de esto, la Justicia ordenó una nueva audiencia para discutir medidas de coerción que no impliquen el encierro total. Entre dichas alternativas se planteó el uso de una tobillera electrónica y la obligación de realizar presentaciones periódicas, lo que permitiría al acusado desplazarse dentro de la Ciudad de Buenos Aires mientras continúa el proceso.
Una megacausa de corrupción: quién es Luque Lecaro y de qué se lo acusa
Hernán Luque Lecaro fue un hombre clave en la gestión del expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso, desempeñándose como presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) entre 2021 y 2022.
Su caída se produjo tras la filtración de audios del llamado “Caso Encuentro”, donde se lo vinculó a una supuesta red de corrupción sistemática para direccionar contratos y nombramientos en empresas estatales a cambio de sobornos. De acuerdo con la acusación, las coimas estaban cercanas a los 150.000 dólares mensuales.
Tras estallar el escándalo, rápidamente desapareció de Ecuador hacia la Argentina en enero de 2023. Pero fue localizado y detenido por Interpol en el barrio porteño de Palermo en febrero de 2024. Desde entonces, permanece bajo arresto domiciliario en Argentina, con prohibición de salida del país, la retención de su pasaporte y tras haber pagado una caución de 4 millones de pesos.
Su posibilidad de ser extraditado y una llamativa declaración desde Ecuador
Aunque una jueza federal María Eugenia Capuchetti declaró procedente su extradición en mayo de 2024, la medida quedó bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y suspendida hasta que se defina su situación como refugiado.
Sin embargo, el actual ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, declaró a principios de este mes que el proceso de extradición de Luque Lecaro está en marcha con el respaldo directo del Gobierno argentino.
No obstante, al momento de comunicar esto en medios ecuatorianos, Reimberg aseguró haber "conversado con la nueva ministra del Interior" de Argentina, pero ese cargo es ocupado por Diego Santilli desde el 10 de noviembre de 2025 y el predecesor del exdirigente del PRO, ese puesto era de Lisandro Catalán.
La denuncia del acusado: "Sería una sentencia de muerte"
“Yo quisiera quedarme aquí, seguir insistiendo con el asilo político. Soy víctima de una persecución”, declaró el ecuatoriano en julio de ese mismo año. Además, el exfuncionario asegura que su vida corre peligro si regresa a Ecuador, sosteniendo que el encarcelamiento en su país de origen sería una "sentencia de muerte", debido a la falta de seguridad en las prisiones controladas por grupos criminales.
Debido a que el trámite judicial por su condición de refugiado recién comienza y podría durar años, la Cámara de Casación consideró indispensable revisar su situación cautelar bajo los principios de "última ratio" y proporcionalidad, garantizando que el derecho a la libertad no ceda ante un proceso de duración incierta.