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El asesino a sangre fría, que se volvió abogado en prisión para defenderse a sí mismo, recibió un fuerte reves

Tras su perpetua en 2010 por matar a Leonardo Longo, Gabriel Torti se recibió de abogado, pero la Justicia frenó su intento de litigar desde la celda.

Gabriel Alejandro Torti, el asesino de Leonardo Darío José, se convirtió abogado desde prisión. El lugar donde ocurrió el homicido en 2010.

Gabriel Alejandro Torti, el asesino de Leonardo Darío José, se convirtió abogado desde prisión. El lugar donde ocurrió el homicido en 2010.

En octubre de 2010, la vida de Gabriel Alejandro Torti cambió rotundamente cuando asesinó de un disparo a corta distancia. Más de 16 años después, se volvió abogado dentro de la prisión para defenderse a si mismo y exigir derechos al sistema penitenciario. No obstante, este miércoles, la Justicia le propinó un duro revés al rechazar su pedido para ejercer la abogacía desde cautiverio.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional puso límites a las pretensiones del interno, cuando el ente judicial declaró inadmisible un recurso con el que Torti buscaba acceder a las computadoras del Centro Universitario Ezeiza (CUE) durante las vacaciones de verano para ejercer su propia defensa y litigar en sus causas.

El fallo ratificó que las herramientas informáticas provistas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) tienen un fin estrictamente educativo.

Este no es el primer enfrentamiento de Torti con la administración penitenciaria. Apenas meses atrás, en noviembre de 2025, había iniciado un habeas corpus para reclamar cuatro horas adicionales de estudio, llegando incluso a negarse a asistir a las audiencias judiciales porque "tenía clases que atender".

Crimen pasional y homicidio: la historia detrás de la cadena perpetua

El hecho que selló el destino de Torti ocurrió la tarde del 12 de octubre de 2010 La víctima, Leonardo Darío José Longo, de 41 años, se encontraba en la puerta de un edificio, en el barrio porteño de Belgrano, esperando que su hijo de 9 años terminara una sesión de psicopedagogía.

Torti, quien conocía perfectamente los horarios de la víctima, planificó el ataque para actuar sobre seguro. Para evitar ser reconocido, el condenado vestía ropas oscuras, anteojos de sol y una gorra de la que sobresalía una larga melena postiza.

Según el expediente, Torti se acercó a Longo y, sin mediar palabra, le disparó a menos de 50 centímetros de distancia directamente al rostro. El proyectil ingresó por el ojo izquierdo, causándole la muerte horas después en el Hospital Pirovano.

El movil y la condena

Durante la investigación del caso se determinó que el asesinato no fue un hecho al azar, sino que escondía una trama que relacionaba a los dos y a una mujer. Torti era la pareja de la exesposa de Longo, quien era víctima de violencia de género a mano del homicida.

Por este motivo, el sujeto fue condenado por el delito de homicidio agravado por alevosía, destacando que el agresor se valió de un disfraz y del estado de total indefensión de la víctima para asegurar el resultado mortal sin correr riesgos.

Más de su faceta como abogado entre rejas

A pesar de un reciente revés judicial, su trayectoria se destaca por una intensa actividad litigante mediante la interposición de recursos de habeas corpus, buscando equilibrar las restricciones de la vida carcelaria con el ejercicio de sus derechos profesionales.

A través de esto, Torti obtuvo resoluciones significativas que han impactado en las condiciones de vida de la población carcelaria. Entre sus logros en materia de infraestructura, consiguió que la Justicia ordenara al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el reemplazo de colchones en mal estado por ejemplares ignífugos, la reparación integral de ventanas dañadas y la provisión de ropa de cama y vestimenta adecuada al clima para todos los internos de un complejo.

En el área de la educación, Torti impulsó acciones que resultaron en la orden de asignar vehículos exclusivos para el traslado de internos estudiantes hacia los centros universitarios, evitando que la falta de movilidad interrumpiera su formación superior. Además, durante la pandemia, su intervención ante la Cámara de Casación permitió anular fallos que limitaban el acceso educativo.

Su labor también se ha extendido a la defensa de los derechos laborales y la privacidad de los internos. Logró que se reconozca el derecho al cobro de salarios (peculio) para aquellos internos que realizan tareas de higiene y mantenimiento (fajineros) cuando esta es su única ocupación, impidiendo suspensiones arbitrarias de estos pagos mientras se espera la reubicación en talleres productivos. Paralelamente, sentó precedentes sobre la voluntariedad del tratamiento penitenciario, cuestionando la obligatoriedad de participar en grupos terapéuticos basados únicamente en el delito cometido, en resguardo del derecho a la intimidad y privacidad de los detenidos.