Cuando el Estado se retira, la violencia ocupa su lugar

El cierre de 2025 en La Plata dejó algo más que un homicidio. Dejó expuesto, con una crudeza insoportable, el derrumbe del sistema penal argentino como herramienta para garantizar convivencia. Juan Carlos Magen, de 68 años, terminó disparando contra su vecino tras horas de enfrentamientos por pirotecnia y ruidos molestos.

La víctima, Daniel Néstor Rubén Ramírez, murió ahí mismo. Un hecho irreparable, dramático, injustificable en términos morales pero, al mismo tiempo, explicable si se entiende el contexto social en el que ocurrió. Porque la pregunta de fondo no es sólo qué pasó.

La pregunta de fondo es por qué pasó

El Derecho Penal existe para algo muy concreto: evitar que los ciudadanos hagan justicia por su cuenta. Su función no es únicamente castigar, sino impedir que la violencia privada sustituya al Estado. Sin esa barrera, volvemos al siglo XIX: al duelo, al linchamiento, al miedo como forma de vida. Pero en el Conurbano actual –y en tantos barrios del país– esa barrera ya no está. La ley se siente lejana, la policía no llega, las denuncias no prosperan, y la impunidad cotidiana se vuelve norma.

En ese escenario aparece un factor adicional que solemos callar: la pérdida del respeto por el prójimo. Vivimos en una sociedad donde se desdibujaron valores elementales de convivencia, donde cada uno actúa como si fuera el dueño exclusivo del espacio público, priorizando su deseo por encima de cualquier límite. Se volvió costumbre pasarse por encima, poner siempre “yo primero” sin pensar cómo eso afecta al otro. Ya no es sólo ausencia estatal: es la disolución de un pacto social básico, donde la convivencia dejó de ser una responsabilidad compartida y pasó a ser una batalla diaria por sobrevivir al egoísmo ajeno.

asaltos

A esto se suma otra verdad incómoda: es cierto que el Estado no puede estar en cada esquina ni intervenir en cada agresión inminente. No puede anticiparse a todos los conflictos, y por eso la defensa personal —en el sentido de protegerse ante un daño inmediato y real— aparece como una necesidad humana básica. Pero hay situaciones que no surgen de repente, sino que se ven venir: discusiones que escalan, amenazas repetidas, tensiones que aumentan. Cuando el Estado desatiende esos casos, cuando ignora señales previas o minimiza reclamos, no sólo deja de prevenir: permite que el conflicto crezca hasta convertirse en tragedia. Y ahí no hablamos de inevitabilidad; hablamos de abandono.

Hablar de emoción violenta no es un maquillaje jurídico

Es una categoría prevista en el art. 81 del Código Penal que reconoce lo obvio: que hay momentos en que la razón se eclipsa, en que el entendimiento se nubla, en que la reacción nace de un estallido emocional acumulado. No describe monstruos; describe personas comunes superadas por un entorno hostil, sin intermediación estatal y sin contención social mínima. No estamos ante un sicario ni ante un plan criminal premeditado. Estamos frente a un hombre mayor, agotado, rodeado de conflictos vecinales, ruidos constantes, provocaciones previas y la certeza –cada vez más extendida– de que respetar la ley no garantiza vivir en paz. Y esa certeza es la verdadera derrota del Estado.

Este caso no es un elogio a la violencia. Es una advertencia. Cuando la legalidad deja de proteger, la violencia deja de ser excepción y se vuelve consecuencia. La gente no debería sentir que la única forma de ser escuchada es perder el control, pero eso es exactamente lo que está ocurriendo: ciudadanos solos frente al caos, con la emocionalidad como último recurso. La Justicia bonaerense investigará responsabilidades penales, como corresponde. Pero el debate público no puede reducirse a un expediente. Si el sistema penal fue creado para impedir la venganza privada y, aun así, la gente siente que debe resolver sola lo que el Estado ignora, entonces el sistema penal ha fracasado en su misión esencial. El disparo final no fue sólo el de un arma: fue el de una sociedad desbordada avisando que algo se rompió hace tiempo. No hay que justificar a Magen para entenderlo. No hay que compartir su reacción para advertir su origen.

Cuando la legalidad deja de proteger, la violencia deja de ser excepción

La verdadera discusión es cómo volvemos a un punto en el que nadie sienta que está solo frente al abismo. Porque mientras el Estado siga ausente, la tragedia seguirá ocupando su lugar.

* Dr. Nicolás Mendive, abogado penalista