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Condenaron a una banda que blanqueaba dinero de estafas con operaciones inmobiliarias en Mendoza

La Cámara Federal de Casación Penal revirtió la absolución de 4 personas que entre 2012 y 2021 blanquearon cerca de 8 millones y medio de pesos a través de la compraventa fraudulenta de lujosas propiedades y vehículos de alta gama.

Condenaron a una banda que blanqueaba dinero de estafas con operaciones inmobiliarias en Mendoza.

Condenaron a una banda que blanqueaba dinero de estafas con operaciones inmobiliarias en Mendoza.

La Cámara Federal de Casación retrotrajo las absoluciones del gestor inmobiliario mendocino Marcelo Rabel Cantos y de la escribana Andrea Marún Calderón y dispuso condenarlos por la autoría del delito de lavado de activos agravado.

La decisión de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, también alcanzó a Zamin Rabel Morales, hijo del empresario, y a David Sechter como partícipes secundarios de la maniobra.

Los camaristas hicieron lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal que objetó el fallo absolutorio dictado por el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza en diciembre del año pasado, que determino la inexistencia de prueba concluyente que demostrara la comisión del delito y que las transacciones de compraventa de inmuebles y vehículos tenían apariencia legítima.

La acusación de la fiscalía y las maniobras para blanquear activos

La fiscalía señaló que la decisión del tribunal de juicio fue arbitraria y que las pruebas, consideradas en su conjunto, mostraban una clara organización delictiva. La causa inició por una expediente tramitado en la Justicia provincial, donde se le endilgó a Rabel Cantos ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a la comisión de defraudaciones y falsedades documentales.

Las maniobras que empleó la banda que operó entre 2012 y 2021 para transformar dinero proveniente de estafas en bienes aparentemente legales fueron dos. Por un lado, compraban propiedades con dinero no bancarizado en barrios cerrados de Guaymallén y vehículos lujosos a nombre de los hijos o amigos de Rabel Cantos, ocultando la trazabilidad del dinero.

Falsificación documental y uso de personas interpuestas

Parte de las transacciones eran acompañadas con documentación con firmas falsificadas o apócrifas, que para dar apariencia legal, eran certificadas por la escribana pública Andrea Marún Calderón, quien participó en la elaboración de escrituras truchas para registrar bienes que pertenecían a personas fallecidas y se le sumó la concurrencia del delito de falsedad documental.

La segunda maniobra consistía en la celebración de contratos de fideicomiso y cesión de derechos, así como la figura de personas interpuestas, que actuaban como titulares formales de propiedades para camuflar la verdadera titularidad.

Uno de los casos emblemáticos fue la compra de un lote en un barrio privado que inicialmente estaba a nombre de la novia de uno de los hijos de Rabel Cantos, quien posteriormente cedió los derechos a su amigo, David Sechter.

Tras analizar y dar por probado lo manifestado el Ministerio Público, quien reclamó penas de hasta 6 años de cárcel y multas de hasta el triple del monto de la maniobra de lavado, los camaristas ordenaron que se fije una nueva pena de cumplimiento efectivo.