El crimen de un policía retirado que desató una fuerte polémica, avances en la causa y una grave acusación para el único detenido
Luego de la conmoción por el caso, las polémicas y el cruce entre el Gobierno y la Justicia por el crimen de un policía retirado en Guaymallén en un asalto, a los investigadores les quedaba un único objetivo. Es que en este episodio no solo murió la víctima, sino también uno de los ladrones que intervino. Su presunto cómplice escapó y fue intensamente buscado hasta este jueves, cuando fue detenido.
Se trata de Jonathan Larraín (30), atrapado en el barrio Chacras de Ortega de Maipú e imputado en las últimas horas. La fiscal Claudia Ríos lo acusó por los delitos de homicidio criminis causa-matar para lograr la impunidad´- agravado por el uso de arma de fuego y robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. El sospechoso pasará al penal.
De acuerdo a la hipótesis planteada, este hombre participó y tuvo un rol relevante en el atraco que sufrió Héctor Pelayes (60) en la noche del domingo 1 de septiembre pasado en su casa de la calle Godoy Cruz al 10.500. Este señor, expolicía y presidente del Partido de los Jubilados en Mendoza, se encontraba con su familia cuando irrumpieron dos malvivientes encapuchados y armados.
En la vivienda estaban también su hija y su nieto, por lo que él se desesperó ante la posibilidad de que algo les suceda a ellos. Mientras se bañaba advirtió la situación, salió de la ducha y fue directamente a buscar una pistola.
Se enfrentó con los delincuentes y hubo intercambio de disparos. En la escena cayeron muertos Pelayes y Roberto Pereyra (36), uno de los asaltantes que portaba un revólver.
Quien acompañaba a este último escapó. En los días posteriores fue identificado como Jonathan Larraín y se mantuvo prófugo, hasta que fue arrestado esta semana.
Para la fiscal Ríos es coautor del crimen y del intento de robo, es decir, tuvo la misma responsabilidad que el hombre que asesinó a la víctima. Con la imputación que recibió, arriesgará perpetua a futuro.
Críticas y puntos encontrados
El caso, además de generar impacto y consternación, desató un debate que enfrentó al Gobierno de Mendoza y a la Justicia local. Es que una vez que se confirmó el nombre del ladrón abatido, se supo que estaba en libertad condicional por decisión de un juez.
Pereyra había recibido ese beneficio en abril del 2023, luego de ser condenado con una banda en 2018 por un homicidio en ocasión de robo un par de años antes en Luján de Cuyo.
La pena fue 11 años 6 meses y, de acuerdo al criterio del magistrado Sebastián Sarmiento, el año pasado reunía todas las condiciones para poder salir de la cárcel y completar el tiempo de la condena fuera de prisión.
El crimen que ahora cometió puso en tela de juicio la determinación que tomó el juez, por lo que el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad Mercedes Rus, entre otros, no demoraron en criticar la resolución de Sarmiento.
Mientras, desde el lado de la Justicia respondieron y detallaron los motivos y las razones por las que se le había otorgado la libertad a este sujeto, remarcando que se hizo bajo los protocolos y estándares establecidos en el marco de la ley penal.