Cacho Garay: a un año de la explosión del caso, cómo sigue la investigación y el "guiño" que espera de la Corte

En la Semana Santa del 2023 "explotaba" el caso Cacho Garay (69) y su situación se iría complicando con el paso de los días y los meses: denunciado por quien en su momento era su pareja, un allanamiento en su casa que terminó con el hallazgo de varias armas de fuego, aprehendido, liberado, con prisión domiciliaria y finalmente alojado en la cárcel. Con graves problemas de salud según aseguran sus abogados, espera para declarar y por un recurso de casación de la Corte. 

La investigación comenzó en Córdoba, luego de una fuerte discusión que mantuvo el humorista mendocino Juan Antonio Garay con Verónica Macías en la habitación de un hotel de Carlos Paz, donde estuvieron hospedados durante el fin de semana de Semana Santa del año pasado. 

La mujer efectuó una denuncia por violencia de género en esa ciudad, tras lo cual ambos regresaron a Mendoza. Ella quedó bajo protección en un establecimiento de contención para víctimas de estos episodios, en tanto que él se fue a la propiedad en la que vivían en la provincia, en calle 20 de Septiembre de Luján de Cuyo. 

Notificada la Justicia local sobre lo sucedido, se ordenó un allanamiento en ese domicilio. Luego del procedimiento fue demorado el artista por la tenencia de varias armas. Recuperó la libertad al día siguiente con la rendición de una fianza de $1.000.000 y le dictaron la exclusión del hogar que compartía con la denunciante. 

Con el avance del expediente y varias declaraciones de ella en la Fiscalía de Violencia de Género, el panorama para el sospechoso empeoró notoriamente, quedando acusado por múltiples abusos sexuales pero con arresto domiciliario. 

Catarata de imputaciones 

Sobre el comediante pesan una gran cantidad de imputaciones y delitos que habría cometido en perjuicio de la víctima: amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia de una orden judicial (violación de la prohibición de acercamiento al enviarle un audio de WhatsApp a su ex); todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.

Precisamente la última acusación, el audio grabado de apenas unos segundos y sin contenido, se transformó en la prueba para que se le revoque la prisión domiciliaria. Mientras la defensa dice que este suceso no se investigó debidamente, para la fiscal Mónica Fernández Poblet hubo un incumplimiento de las medidas impuestas y pidieron el traslado del sindicado a la cárcel. Esto se debatió en una audiencia y fue el juez Federico Martínez quien ordenó que pase al penal en julio pasado. 

Sus meses tras las rejas 

La determinación del nuevo lugar de arresto para Garay fue apelada, aunque un tribunal de segunda instancia confirmó el fallo. Fueron los magistrados Eduardo Martearena, Mónica  Romero y Mateo Bermejo los que avalaron a su colega. 

Entonces, el imputado pasa sus días en la penitenciaria, a pesar de que aseguran que su salud se deteriora cada vez más. Tiene una notoria baja de peso, avanzan su cáncer próstata y la diabetes y ya perdió el 80 por ciento de la visión en un ojo. 

Bajo este cuadro, el abogado defensor, Daniel Romero, solicitó estudios urgentes y tratamientos con especialistas para frenar estas patologías. Además, reclamó que la fiscalía no considera los certificados clínicos presentados. 

El último recurso, en manos de la Corte 

En paralelo a que desde su entorno aguardan por la atención médica para el sospechoso, también creen que su estado mejoraría estando otra vez en domiciliaria. 

Para esto llevaron el revocamiento del beneficio hasta la Suprema Corte de Justicia , y estiman que la resolución podría conocerse en la primera quincena de abril. 

Esperan que la Sala Penal -con los jueces José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro- les haga un "guiño", de lo contrario, al humorista no le quedarán muchas fichas y deberá permanecer en la cárcel hasta el juicio. 

También desde la defensa están a la expectativa de la citación para que el detenido pueda ampliar su declaración. 

Cabe recordar que la investigación tiene a una segunda imputada. Se trata de Sandra Astudillo (57), exreina vendimial en Tunuyán y exempleada en la Legislatura de Mendoza, señalada como cómplice de Garay en al menos uno de los vejámenes en perjuicio de Macías. 

Esta mujer está acusada formalmente en el expediente aunque en libertad, ya que logró el recupero de la misma tras algunos meses bajo arresto.