Caso Garrido-Baigorria: cómo seguirá la causa, la situación de los exjueces presos y dos pedidos de captura internacional
Fue importante el impacto que se generó la semana pasada en Mendoza luego del golpe que dio la Justicia Federal al realizar 25 allanamientos en distintos puntos de la provincia y 21 arrestos de los acusados por el caso de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, registrado en 1990 que se transformó en el primero de desaparición forzada en la Argentina tras el retorno de la democracia. Entre los sospechosos figuran dos exjueces y el resto son policías retirados, todos presos. Incluso hay dos hombres que también integraron la fuerza y están en calidad de prófugos, con orden de captura internacional.
Este sustancial avance, a casi 34 años del hecho, lo logró el fiscal Fernando Alcaraz, con el monitoreo del juez Marcelo Garnica, luego de que en 2017 la investigación pase al fuero Federal.
De las víctimas nada se sabe desde aquel 28 de abril de 1990, a partir de que en la rotonda de Monseñor Orzali, en el Parque General San Martín, fueron interceptadas a bordo de un Fiat rural 1.500 azul que Garrido manejaba, por un patrullero. Ambos en horas de la tarde iban en compañía de una mujer que bajó del vehículo segundos antes a pedido del conductor, quien había escapado de la cárcel hacía un tiempo, y al ver a los uniformados consideró que volvería a quedar en prisión y la situación se complicaría. Por eso le dijo a esta persona que se fuera, y así fue.
Garrido y Baigorria, de 29 y 31 años, respectivamente, en ese momento, fueron demorados por efectivos y, de acuerdo a testigos, requisados tanto ellos como el auto. Desde el parque decidieron trasladarlos a la comisaría de la Quinta Sección y, tras un tiempo indeterminado en esa seccional, los habrían llevado a la Dirección de Investigaciones, en calle Belgrano de Ciudad.
Sus llegadas a esta dependencia no quedaron plasmadas en el libro de novedades, ni desde allí le dieron intervención a la Justicia por estos dos detenidos. Solo se encontró la constancia del hallazgo del Fiat 1.500.
En la sede de Investigaciones es el último lugar en donde los vieron con vida. Esto lo corroboran personas que estaban privadas de su libertad ahí y que declararon, señalando que observaron como Baigorria y Garrido sufrieron ataques y agresiones del personal policial. La hipótesis indica que en algún sitio los asesinaron y ocultaron sus cuerpos hasta hoy.
La investigación
Desde hace más de 6 años el fiscal Alcaraz viene analizando la causa y la prueba, con alrededor de las 150 testimoniales y documentación referida a actas, registros y planillas de la fuerza de seguridad.
La conclusión a la que arribó es que está frente a una privación ilegítima de la libertad agravada por desaparición forzada, con dos víctimas. ¿Los responsables? Todos aquellos efectivos que intervinieron de una u otra manera en el procedimiento y los dos jueces que, cada uno a su turno, debieron comandar la pesquisa.
A los ahora magistrados jubilados se los acusa de seleccionar y valorar las pruebas de formar irregular, como así también de avalar supuestas investigaciones de los mismos uniformados que podían aparecer como sospechosos. Pasando en limpio, todos, por acción u omisión, tendrían responsabilidad en estas desapariciones y por eso se libraron los pedidos de allanamientos y de detenciones.
El juez Garnica aprobó las solicitudes de la fiscalía y el miércoles pasado la Gendarmería Nacional concretó las medidas y las capturas. Hubo allanamientos en propiedades de Maipú, Godoy Cruz, Junín, Lujan de Cuyo, Guaymallén, San Martín y Las Heras, con secuestro de material que podría incorporarse al expediente y 21 aprehensiones.
Los acusados
Entre los arrestados se encuentran los exjueces Enrique Knoll Alberti y Adelmo Argüello, quienes estuvieron algunas horas tras las rejas y luego recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de edad y salud. También presos pero en una vivienda está un grupo de policías retirados
Los que pasaron a la cárcel federal de Almafuerte son los exefectivos Ángel Bastías, Manuel Antonio Nañez, Santos Agüero, Juan Carlos Sarandón, Alberto Gordillo, Francisco Edgardo Bullones, Sergio Barrera, Felipe Machuca, Miguel Ángel Muñoz, Oscar Orlando Giuliano, Norberto Mercado, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores y Miguel Ángel Barahona.
Los 21 quedaron imputados por privación ilegítima de la libertad agravada por desaparición forzada, delito con penas de 10 a 25 años de condena. Durante la formalización de los cargos ninguno optó por declarar, situación que podría darse cuando sus abogados lo dispongan.
Mientras, el juez Garnica tendrá 10 días hábiles para dictar el procesamiento de los sindicados y avalar las actuaciones de la fiscalía, lo que se supone que será así ya que el magistrado ha supervisado la causa y acompañado algunas medidas. Luego, se vendrá la instancia de las prisiones preventivas.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el caso Garrido-Baigorria tiene más involucrados (algunos no identificados), e incluso hay dos pedidos de captura internacional vigentes. Se trata de exuniformados que se encuentran en el exterior, y trascendió que uno está en Chile y el otro en España.
En este sentido, hasta hubo implicados que iban a ser detenidos pero la Justicia se notificó de que ya habían fallecido.
Estas desapariciones registradas en Mendoza sin dudas marcaron un precedente y se transformaron en un grave antecedente, al ser consideradas las primeras en Argentina en la era de la democracia. La pesquisa tomó tal magnitud que los movimientos en el expediente se remiten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cada seis meses le solicita informes al Estado nacional sobre las últimas novedades.