Allanamientos en Mendoza por un banda de estafadores que ofrecían certificados de antecedentes penales

En el marco de diez allanamientos realizados en distintos lugares del país, incluida Mendoza, la Justicia y la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda de estafadores que utilizaba un método sofisticado: los delincuentes ofrecían certificados de antecedentes penales haciéndose pasar por el organismo del Estado que los expide, el Registro Nacional de Reincidencia. Lo hacían a través de un sitio web de características similares al oficial. Así, habían recaudado $45 millones en el último año.

Los operativos tuvieron lugar en Mendoza y cuatro provincias y fueron ordenados por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Criminal en lo Correccional Federal N°8, con la intervención de la secretaría N°16 de la doctora Mariana Simian.

Los acusados, nueve en total, manejaban una página diseñada con imágenes y colores idénticos a las de la web del organismo. El sitio aparecía como primer resultado ante cada búsqueda en internet. Los administradores pagaban por ese mejor posicionamiento y, de ese modo, aumentaban sus chances para captar a quienes intentaban obtener certificados.

Las víctimas comenzaban a caer en la trampa cuando hacían el primer contacto vía online. La mecánica del sitio era redirigir al solicitante de certificados a diversos abonados celulares: la comunicación formal continuaba por WhatsApp. Allí, los estafadores les pedían fotografías de los documentos de identidad y los inducían a pagar por el supuesto servicio. Para ello, les ponían a disposición distintas formas de abonar el dinero. Una vez cancelado el arancel, las comunicaciones se cortaban abruptamente.

Los agentes federales estudiaron los movimientos de la organización criminal y descubrieron la metodología que usaban por medio del entrecruzamiento de información digital y financiera, del análisis de impactos de antenas y de escuchas telefónicas, además de otras tareas de campo y seguimientos.

Con todas las pruebas recolectadas, el Juzgado dispuso la decena de allanamientos y 17 órdenes de presentación en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, San Vicente y Florencio Varela. También en Ushuaia, Rosario, Río Cuarto y Mendoza.

Los procedimientos se hicieron tras una investigación de los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, bajo directivas de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11 que conduce Gerardo Pollicita y ante la secretaría a cargo de Ezequiel Taverna.

Además de nueve involucrados en la estafa, las autoridades federales establecieron que, al menos, cuatro personas más cumplían el rol de prestanombres: se trataba de los titulares de las billeteras virtuales y cuentas de aplicaciones financieras en las que las víctimas depositaban su dinero.

También se secuestraron diez equipos de computación, discos rígidos, teléfonos celulares, otros elementos de almacenamiento de información y dinero en efectivo por la suma de seis millones de pesos. Además, los nueve acusados fueron notificados y quedaron a disposición de la Justicia.