Confirman la condena de un personaje clave para la causa contra el juez Walter Bento
En Casación ratificaron los 12 años de condena para Walter Bardinella, cuya detención en 2020 terminó siendo muy relevante para activar la investigación contra Walter Bento.
La Cámara Federal de Casación confirmó la condena de 12 años de prisión para el financista y organizador de transporte de drogas a Mendoza, cuyo caso desató buena parte de la investigación que hoy tiene procesado y en jaque al juez federal mendocino Walter Bento.
Se trata de Walter Eduardo Bardinella Donoso, quien estuvo prófugo hasta 2020 y fue condenado por el secuestro de más de 240 kilo de marihuana.
Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky ratificaron la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número dos de Mendoza, que consideró al acusado "financista y organizador de transporte de estupefaciente agravado por la participación de tres o más personas".
La droga se encontraba acondicionada en 346 paquetes en el interior de un camión requisado en la localidad mendocina de Malargüe en agosto de 2015.
La situación de Bardinella Donoso precipitó la investigación que condujo hasta Bento. Tras varios años siendo buscado, el condenado fue detenido en marzo de 2020 en Guaymallén y, cuando se le secuestró el teléfono celular que llevaba, aparecieron las primeras pruebas que orientaron hacia el magistrado.
De la extracción del móvil surgió el supuesto pago de coimas a "la Justicia Federal", concretamente 20 mil dólares a cambio de un beneficio procesal para imputados por narcotráfico.
La Casación rechazó, en un fallo de medio centenar de páginas, los planteos de la defensa de Bardinella, avalaron la legalidad de los procedimientos y las tareas de investigación realizadas por el caso y ratificaron la calificación legal y la pena impuesta a este hombre.
El fallo no hace alusión a Bento, pero sí refuta los planteos de nulidad sobre la prueba obtenida de los celulares, especialmente la intervención de la línea que usaba la madre del condenado.
"Tanto la intervención del teléfono como la temporaria restricción de la privacidad de la madre del sospechoso fueron decisiones debidamente motivadas en las circunstancias concretas del caso, por lo que no corresponde disponer su invalidez", subrayaron los camaristas.
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