El beneficio que logró la presunta cómplice de Cacho Garay en la causa de abuso

A casi un mes de que le rechacen el cese de prisión preventiva, este miércoles Sandra Astudillo (57) acudió a una audiencia de apelación y consiguió que un tribunal le otorgue la libertad. Dejará el arresto domiciliario, pero seguirá imputada y bajo la investigación por los hechos de abuso sexual que sufrió la expareja de Juan Antonio Garay (68), alias Cacho, principal acusado en el expediente y actualmente en la cárcel. 

La mujer, exreina vendimial en Tunuyán y exempleada en la Legislatura de Mendoza, está señalada como cómplice en al menos uno de los vejámenes en perjuicio de Verónica Macías. En noviembre pasado el juez Federico Martínez había confirmado su detención-en una vivienda-, sin embargo su abogado defensor fue a una segunda instancia y ahora los magistrados Mónica Romero, Eduardo Martearena y Mateo Bermejo avalaron el pedido. 

En líneas generales, ellos entendieron que le reclamo era válido ya que la víctima no había sido del todo clara en su declaración a la hora de involucrar a Astudillo en uno de los abusos. 

Por eso los jueces consideraron razonable la libertad en este momento para la presunta cómplice de Garay, más allá de que igual la acusada llegará a juicio. 

Por el lado del comediante, cuya situación no se analizó este miércoles, espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya que sus letrados le plantearon al máximo tribunal la necesidad de que el sospechoso regrese a la prisión domiciliaria por su estado de salud. Anteriormente y en otras instancias, diferentes jueces no le concedieron el beneficio que supo tener en el inicio de la causa. 

Sobre el artista pesan una gran cantidad de imputaciones y delitos que habría cometido en perjuicio de la víctima: amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (en tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a la que se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia de una orden judicial (violación de la prohibición de acercamiento al enviarle un audio de WhatsApp a su ex); todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.

El caso comenzó en Córdoba, luego de una fuerte discusión que mantuvo la pareja en la habitación de un hotel de Carlos Paz en la que estuvieron hospedados durante el fin de semana de Semana Santa. 

Tras la denuncia de Verónica en esa ciudad, ambos regresaron a Mendoza. Ella quedó alojada en un establecimiento de contención para víctimas de violencia de género, mientras que él se fue a la propiedad en la que vivían, en calle 20 de Septiembre de Luján de Cuyo. 

Allí la Policía allanó y se llevó detenido al sospechoso por la tenencia de armas de fuego, aunque recuperó la libertad al día siguiente con la rendición de una fianza de $1.000.000. La Justicia también le ordenó la exclusión del hogar que compartía con su ex. 

Con el avance de la pesquisa y más declaraciones de la mujer, el panorama para Garay se complicó notoriamente, quedando acusado por graves hechos pero con domiciliaria. 

Luego le sacaron esta concesión y pasó a la penitenciaría, en tanto que antes ya había sido detenida e imputada Astudillo, por abuso sexual doblemente agravado. por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.