El asesinato de Diego Aliaga: el plan que la fiscalía probó y un contundente golpe al clan Barrera

Tras casi un año de debate, este martes en la Justicia Federal se cerró uno de los casos más complejos e intrincados de los últimos años en Mendoza. La víctima fue un hombre que estuvo meses desaparecido y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado, y que con el paso del tiempo se conocería su perfil: hacía negocios con el amigo que lo mató, era informante policial y señalado "mano derecha" del juez Walter Bento, juzgado actualmente como líder de una organización que habría sido montada para que el magistrado cobrara coimas a cambio de beneficiar a presos. 

Este era Diego Aliaga (51), según determinó hoy el tribunal a cargo, secuestrado y asesinado por el clan Barrera: Diego (51), cabeza de la familia, su esposa, Viviana Sacolle (52), los hijos de ella, Gastón (30) y Lucas Curi (28), y Yamil Rosales (34), empleado de ellos en una de sus empresas. 

Los cuatro integrantes de la familia fueron condenados a prisión perpetua, en tanto que el quinto acusado evitó la pena máxima al estar amparado en la figura del "arrepentido", ya que allá por septiembre del 2020, cercado por la Justicia, confesó que participó de la muerte de Aliaga y dijo en donde habían ocultado el cadáver. Esto fue una colaboración con la investigación a cambio de algún beneficio a futuro, y por eso su pena fue de 17 años de prisión. 

Más allá de esta diferencia no menor, los cinco fueron considerados coautores de un secuestro coactivo y extorsivo con resultado de muerte, agravado por la participación de tres o más personas. Es decir, todos participaron del plan y lo llevaron a cabo. A esta calificación , se le sumó un robo en concurso ideal, por apoderarse de algunos elementos de la víctima. 

La fiscalía de instrucción sostuvo esta hipótesis y la fiscal María Gloria André la terminó de revalidar en el juicio con las pruebas. Y fue contundente, ya que para la familia Barrera había pedido perpetua para los cuatro, lo que finalmente convalidaron, de forma unánime, los jueces Alberto Carelli, María Paula Marisi y Alejandro Piña. Para Rosales solicitó 25 años, y la pena fue un poco menor. 

Y la tarea de este tribunal no fue sencilla, ya que se enfrentaron con una diversidad de posibilidades para los imputados. Es que sus defensores plantearon un abanico muy amplio de alternativas que, lógicamente, aliviaban su situación. 

En los alegatos, el abogado oficial Leonardo Pérez Videla, por Diego Barrera, le pidió a los jueces que hagan lugar a una absolución para su cliente por nulidades-el requerimiento de la elevación a juicio y las pericias tecnológicas y caligráficas-; una absolución por el beneficio de la duda, o una condena con cambio de calificación en subsidio. 

En cuanto a esto último, el letrado también sugirió muchas variables: pena por homicidio preterintencional en concurso con privación ilegítima de la libertad; homicidio con dolo eventual o secuestro coactivo con muerte no querida. Cualquiera de estas carátulas hubiera sacado al imputado de la pena máxima. 

Por su parte, la defensa de Sacolle y sus hijos, representada por Gemina y Anahí Venier, apuntó a la inexistencia del plan criminal y hablaron del rol de sus defendidos en un encubrimiento no punible-sin penas-, posterior al fallecimiento de Aliaga. Es decir, tuvieron conocimiento del trágico final de la víctima pero no lo revelaron para no perjudicar a su pareja y padrastro, respectivamente. Si los magistrados compartían este criterio, podrían haber resultado los tres sin condenas y absueltos.

En cuanto a Rosales. la doctora Gabriela Massad reclamó absolución lisa y llana o por el beneficio de la duda; en subsidio, una condena por omisión de auxilio o encubrimiento agravado al participar del ocultamiento del cuerpo; y finalmente, secuestro coactivo con muerte no querida, algo así como un homicidio culposo. Alguna de estas calificaciones podía darle epnas de cumplimiento condicional y recuperar la libertad. 

Nada de esto pudo ser para las defensas, a las que también les rechazaron las nulidades planteadas. 

Por último, el querellante Juan Day, representando a la familia del fallecido, había sugerido tres perpetuas y 15 años para Rosales y Lucas Curi por participación secundaria en el asesinato. 

El crimen 

El cadáver de Diego Aliaga fue encontrado el 10 de septiembre del 2020 en un descampado de Lavalle, gracias a la confesión de Rosales. La hipótesis de la acusación sostiene que los cinco detenidos armaron un plan para secuestrarlo, lo tuvieron cautivo algunos días y luego lo mataron. Presuntamente, todo por los enfrentamientos y diferencias entre el fallecido y Barrera. 

Cuestiones de papeles, deudas y disputas de inmuebles y vehículos de lujo entre los por entonces socios, uno del barrio Palmares (Aliaga) y el otro del Dalvian (Barrera), habrían sido el detonante. 

El hermano del exdespachante de Aduana denunció su desaparición el 29 de julio de ese año, un día después de que la víctima se reuniera con Barrera en un terreno de Guaymallén, sobre calle Bandera de los Andes, en donde proyectaban un nuevo negocio. 

Y mientras se radicada la denuncia, al hermano de Diego lo llamaron y le dijeron: "Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde, que ya te vamos a llamar”. A partir de esto la investigación derivó en la Justicia Federal, ante el móvil de un secuestro extorsivo. 

Para la fiscal, Aliaga salió vivo pero ya en manos de los acusados de ese predio de Guaymallén, desde donde la trasladaron a un galpón de la empresa de transportes que tenía la familia en la calle Jujuy de Ciudad. Tras varias horas cautivo lo mataron mediante asfixia por sofocación, e intentaron esconder sus restos en Lavalle bajo tierra.