Impacto en el caso Próvolo: el angustiante y desgarrador relato de los familiares de las víctimas tras el sorpresivo fallo de las juezas

El pasado miércoles, la justicia provincial absolvió de culpa y cargo a las religiosas, empleadas y exdirectivas de ex instituto Antonio Próvolo donde se cometieron las violaciones, por las cuales años atrás fueron sentenciados a severas penas dos sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y personal de la institución, conocida como “La Casita de Dios”.

Frente a las imputadas y a las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna que lideraron el debate estuvieron las víctimas y sus familiares, quienes finalmente fueron autorizadas a presenciar la instancia final, sobre todo la lectura de la sentencia.

Así, el esperado momento llegó y dejó perplejos a las víctimas y familiares: todas las acusadas fueron absueltas por los delitos de participación primaria y secundaria del delito de omisión. No solo Kosaka –quien también había sido imputada por abusos simples y agravados– quedó desligada, sino que el fallo alcanzó a la también religiosa Asunción Martínez, las exdirectivas Graciela Pascual y Gladys Pinacca, y la cocinera Noemí Paz. En tanto, afuera del proceso, por desistimiento de la acusación, ya habían quedado las exdirectivas Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza, así como la psicóloga Cecilia Raffo.

Tras días del sorpresivo fallo, familiares de las víctimas de los abusos sexuales ejercidos en el exInstituto Próvolo rompieron el silencio y hablaron con MDZ y expresaron su repudio hacia las juezas del caso. Uno de ellos fue Ariel, quien expresó sentirse “angustiado y decepcionado por la justicia”. 

“No estamos bien. Con este fallo no se tuvo respeto por mi hija ni por las víctimas del caso. Es un fallo que tiene muchas incoherencias y que deja decepción, tristeza y angustia. Un fallo que es totalmente mentiroso ante las pruebas que teníamos presentadas. Sin dudas es un encubrimiento judicial, con juezas que encubrieron y aplaudieron uno de los hechos más aberrantes de la historia, no solo de Argentina, sino también de Mendoza. Donde los protagonistas son integrantes de una asociación pedófila y eclesiástica de la iglesia Católica que puso mucho dinero para tapar todo esto”, expresó. 

En ese sentido, el familiar de las víctimas sostuvo que la presencia del obispo auxiliar de La Plata, Alberto Germán Bochatey Chaneton, designado en mayo de 2017 “comisario apostólico” por el Vaticano para investigar internamente los crímenes en el exInstituto Provolo, “fue la clave para que esto cambiara de rumbo”.

“Con la primera etapa y los curas Corradi y Corbacho a punto de ser enjuiciados, la iglesia manda a Bochatey para investigar los abusos, cosa que no hizo salvo encubrir las denuncias por abusos. Él tenía todos los conocimientos del caso, sabía lo que había ocurrido, así como lo sabían las monjas y los directivos de la institución, pero aun así tapó todo. Vino con sus influencias y dinero para encubrir todo. La iglesia dilató todo. Ella es la culpable, no hay otra. Bochatey trajo ese manto de encubrimiento y se vio reflejado este miércoles”, remarcó.

Otro familiar que se expresó por el fallo fue Erica, hermana de una de las víctimas del Próvolo.

“Escuché la palabra ´absolución` y me quebré. Fue tremendo lo que pasó el miércoles. No damos más. Hemos estado tratando de contener a los chicos y las chicas, a familiares y amigos para explicarles lo que sucedió, pero se hace casi imposible. En el caso de mi hermana, ella tiene psicólogos, pero hay varios chicos que no tienen esa posibilidad y es así como tratamos de estar en este momento tan crítico. Siempre acompañando”, expresó. 

Para Érica, el desempeño de los y las juezas durante todo estos años fue nefasto y mucho más en esta última instancia.

“La sentencia del miércoles vino a coronar todo el mal desempeño que los magistrados tuvieron durante todos estos seis años. Como familiares denunciamos un montón de veces la falta de perspectiva de discapacidad en las indagatorias, no hubo ayuda del estado ni del gobierno para contener a los chicos. De hecho, no se tomaron las cámaras Gesell que fueron contundentes en el primer juicio, sino que se los hizo declarar nuevamente a los chicos, un acto de salvajismo ya que tuvieron que recordar las atrocidades que vivieron. No hubo perspectiva de discapacidad, por eso quedé sorprendida cuando este miércoles las juezas hablaban de ´ajuste razonable` por que no lo hubo. No lo hubo  ni en cómo se hacían las preguntas ni en el contenido ni en el cuidado de su salud psíquica. Entonces, todo ese dolor puesto a disponibilidad de la impunidad fue un golpe tremendo para las familias”, dijo

Estas juezas, dijo Érica, no solo le fallaron a las familias y víctimas del Próvolo, sino que le fallaron a todos los mendocinos.

“Le mostró que no existe la Justicia. Mandó al silencio a futuras víctimas porque decir que estas infames son inocentes es mentir. Eso hizo hoy la Justicia mendocina que aplaudió a los abusadores. La Justicia traicionó al pueblo. Creo que todas la pruebas que habían sido contundentes para sentenciar a los curas en el primer juicio, no lograron saltar,  en esta oportunamente, el cerco que levantó la iglesia para garantizar la impunidad de las monjas en donde eran garantes del silencio y facilitaban los abusos”, expresó muy angustiada.

Y completó: “Se nos achicó el mundo para poder caminar por las calles de Mendoza tranquilas al tener la sensación de que nos la podemos encontrar en cualquier lado. Esa es la desprotección y la vulnerabilidad  que nos dejó la justicia el miércoles por la mañana, liberando a las agresoras de todos los horrores que vivieron nuestros familiares. Porque a veces, hablar de justicia es muy abstracto, pero lo concreto es vivir todos los días removiendo el dolor durante dos años para que ahora no podamos salir a la calle tranquilamente mientras ellas si” 

Desde el Colectivo de Sobrevivientes de abusos eclesiásticos también expresaron su más enérgico repudio y su solidaridad con sobrevivientes y sus familias. “No vamos a olvidar a este tribunal que absuelve a quienes abusan", dijeron.

Apelar el fallo ante la Suprema Corte mendocina

“Apelaremos el fallo ante la Suprema Corte mendocina. No estuvieron las condiciones dadas desde el inicio. No tuvieron  perspectiva de discapacidad y, por ende, no supieron valorar la prueba”, expresó a MDZ Sergio Salinas, patrocinante de las víctimas y miembro de la organización defensora de derechos humanos Xumek. 

“De hecho, en la lectura de la sentencia, la leyeron como si fueran oyentes, y los chicos y las chicas se confundieron entre tantos artículos. Fue todo un desastre, no estuvieron a la altura de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, completó el letrado, quien confirmó a este diario que ahora realizarán la apelación mediante un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

“Hay testimonio, pericias que dicen la verdad, testigos de los hechos de otro, secuestro de objetos”, remarcó Salinas sobre las pruebas contra Kosaka y las demás imputadas. “Esto le viene muy bien a la Iglesia, porque los encubrimientos siguen impunes”, remató el abogado, frente al malestar de sus defendidos.

Una causa compleja

De igual modo, después de dos años y medio de debate, con casi 400 audiencias y un centenar de testimonios, las juezas no encontraron a estas mujeres responsables de encubrir, facilitar o haber omitido denunciar los vejámenes cometidos por sacerdotes y personal del establecimiento durante años.

Se trató del tercer juicio del Próvolo, ya que el primero fue un proceso abreviado en el que el monaguillo Jorge Bordón, exempleado administrativo del colegio, confesó la autoría de los hechos, recibiendo una pena de 10 años de cárcel el 25 de septiembre de 2018. 

Por otro lado, el segundo debate formal –conocido como “primer megajuicio”, que finalizó el 25 de noviembre de 2019– tuvo históricas condenas para los curas Nicola Corradi, fallecido el año pasado a los 85 años y sentenciado a 42 años de cárcel, y Horacio Corbacho, de 62, que recibió la pena de 45 años de prisión; en tanto, el jardinero Armando Gómez, de 52, fue condenado a 18 años de cárcel.

En el caso de Kumiko Kosaka, la monja transitó la mayor parte del proceso bajo prisión domiciliaria, aunque en junio del año pasado, al cumplirse el plazo máximo de detención sin tener condena, fue liberada. La religiosa no solo estaba imputada por cometer abusos sexuales simples y agravados, sino como partícipe primaria de vejaciones y corrupción de menores agravada por ser encargada de guarda, entre otras calificaciones. 

A la “monja mala”, como la apodaron las víctimas de la “Casita de Dios”, se la acusó en seis hechos; entre ellos, haber entregado a una menor a los sacerdotes para que fuera violada, además de colocarles pañales a niñas para disimular los ataques sexuales. Estas situaciones se desprendieron del primer megajuicio, que terminó con las históricas condenas contra los sacerdotes.

“Es importante destacar que en este juicio no se cuestiona la veracidad de los hechos denunciados, porque estos ya fueron confirmados en el primer y segundo juicio que se desarrollaron en 2019. Los abusos sexuales fueron confirmados también por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal hoy [por el miércoles] solo determinará si las imputadas conocían los abusos y pudiendo evitarlos, no hicieron nada, pero de ningún modo se pone en duda la efectiva existencia de esos abusos y la calidad de víctimas de nuestros representados”, fue el mensaje previo al sorpresivo desenlace que comunicó la parte querellante.

El 25 de noviembre de 2016 vio la luz el caso Próvolo, tras allanamientos en el instituto ubicado en la comuna de Luján de Cuyo, en los que fueron detenidos sacerdotes y empleados del establecimiento religioso. Los abusos sexuales contra los chicos hipoacúsicos, ocurridos durante años desde fines de la década del 90, también tuvieron su correlato en La Plata, donde se encuentra la sede argentina de la entidad italiana. Este sitio fue la primera morada del hoy fallecido Corradi tras su arribo al país, aunque la Justicia bonaerense declaró años atrás la prescripción de la causa. De hecho, el sacerdote tenía denuncias acumuladas en su Verona natal.