Fiscales pidieron abrir un juicio por una masacre contra pueblos originarios que ocurrió en 1924
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay, solicitó la realización de un juicio por la verdad por la Masacre de Napalpi, tras cerrar una investigación preliminar abierta en 2014 en la que reunieron testimonios y documentos históricos.
En su presentación ante el Juzgado Federal N° 1 de la capital chaqueña, los fiscales plantearon que los hechos históricos -que tuvieron como víctimas a comunidades originarias, hacheros y campesinos-, ocurridos el 19 de julio de 1924, constituyen un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado Argentino. Por ese motivo, consideraron que debe tener un juicio por la verdad oral y público, en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
Los juicios por la verdad son instancias judiciales sui géneris que tuvieron su origen en la Argentina de fines de los '90 en diferentes jurisdicciones, cuando se abrieron las investigaciones para determinar el destino de los desaparecidos durante la última dictadura e individualizar a los responsables, pero sin la finalidad de sancionarlos, dado que estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
No hay culpables que estén vivos
En el caso de la Masacre de Napalpi, la imposibilidad de sanción está dada en que no hay personas imputadas vivas. Este tipo de procesos fue validado a nivel internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que frente a la demanda de la madre de una víctima por el milenario derecho al duelo y a la verdad, acordó en aquél contexto con el Estado Argentino la apertura de procesos con esas características en el marco de una solución amistosa (caso "Aguiar de Lapacó").
“Este debate oral es indispensable para que la justicia federal logre concretar objetivamente la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados, la dignificación de las víctimas y, finalmente, para que los hechos de violencia no se repitan”, aseguraron los fiscales en su dictamen, según consigna el portal fiscales.gob.ar.
La masacre
La denominada masacre de Nalpalpi sucedió el 19 de julio de 1924, cuando 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpi por orden del gobernador del territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o poder salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.
Se estima que hubo 423 muertos, la mayoría de pueblos originarios
De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía en el inicio de esta pesquisa, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpi. Las víctimas fueron estimadas en 423, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenecían a comunidades originarias. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir.