Policías: ir al fondo del pozo y salir adelante

 Los policías, se supone, son formados para prevenir, controlar, morigerar, reprimir el avance de la criminalidad. Cuando se pasan al otro lado, no hay retorno: deberían dejar de ser policías. Son capacitados (o deberían serlo) para ser parte de una estructura, el Ministerio, que sepa con diagnósticos claros qué es lo que pasa en materia de seguridad y les indique cómo afrontarlos. No son profesionales, aunque debería propenderse a que sí lo sean. La capacitación es mínima y el Estado los considera idóneos para una tarea de gran responsabilidad institucional y personal: portar un arma y representar la ley.

Cuando un policía rompe el mandato no está solamente quebrantando por sí solo la ley, sino que pone en crisis a todo el sistema que lo formó, poco o mucho, como policía y que queda en evidencia ante el fracaso.

La teoría de la responsabilidad difusa en toda la sociedad, o en la violencia imperante, en la situación económica, en la situación emocional o amorosa, o en la excusa a la que le pueda echar mano el funcionario que se ve apurado por la prensa para actuar, no resulta una respuesta seria de parte del Estado ante un nuevo caso que resulta un emergente de una crisis general que necesita un abordaje profundo y complejo.

Los policías no pueden tener desequilibrios mentales. Así de sencillo debe ser. 

Para ello deberían funcionar todos los resortes. Pero aun antes, también queda por atender la raíz del problema de la inseguridad que pasa por teléfonos descompuestos entre los poderes del Estado, centralmente, entre el Ejecutivo, que conduce a la fuerza, y el Judicial, que investiga y da instrucciones. También tiene su papel la Legislatura que no puede avanzar -como lo hace- con supuestas “emergencias” en materia de seguridad coleccionando proyectos más o menos ocurrentes, sino que tiene la oportunidad de controlar, exigir y modificar a conciencia la legislación en la que se basa todo el sistema público.

Una anécdota no puede, tampoco, regir toda la política de seguridad de una provincia. Cuando se termina una una ya hay otras dos que impactan y conmueven pero que, sobre todo, hacen olvidar a la primera y a todos los proyectos que les hizo escribir a los legisladores.

No tenemos por qué tolerar que se alegue la supuesta inocencia de los responsables políticos de que no cambie nada en la materia a pesar de los traspiés que ya, a esta altura, se cobran vidas. Quienes aceptan el desafío deberían saber de qué se están haciendo cargo, presentar su diagnóstico y su plan, para poder monitorearlo. Ir al fondo, con transparencia, pero sobre todo con capacidad y decisión, es la única tarea. Ni más ni menos.

Si se es simpático, si atienden el teléfono cada vez que lo llame, si son bonachones o queridos en el barrio o si tienen condiciones para hacer una carrera política no deberían ser datos relevantes, al menos, a la hora de medir la eficiencia del servicio que conducen.

Mientras tanto, si el resto de la dirigencia política, empresaria, social creen que no tienen nada que hacer frente al fracaso del Estado en el manejo de su área de Seguridad, allí sí que quedará en evidencia que el problema es más grande y que afecta a toda Mendoza. La resiliencia es un factor que históricamente impregnó a quienes vivimos en una provincia que hizo brotar frutos de entre las piedras. Poder salir del pozo a pesar de las adversidades; poder soñar con un futuro diferente al que nos entristece. ¿Por qué en seguridad no lo hemos logrado?