No metan a la Policía en política

La noticia difundida por la agencia del gobierno nacional, es decir, por Télam, da cuenta de una denuncia pública de la agrupación La Cámpora (que dirige desde el ostracismo el hijo de la presidenta, Máximo) en la que señalan a la Policía de Mendoza como herramienta ejecutora de un presunto plan de persecución en su contra, por parte de un sector del gobierno provincial.

A esta altura de la novedad ya hay un embrollo: se está hablando de víctimas y victimarios una vez más en la historia argentina dentro del mismo movimiento, el peronismo. Y para ser más preciso, dentro del mismo sector del peronismo: el kirchnerismo.

Una lectura más fina de lo denunciado nada menos que por el aparato comunicacional del Estado nacional da cuenta de que “los pibes” a los que más admira la presidenta estaban pintando carteles contra la dictadura el 24 de marzo en el Municipio de Maipú (gobernado por los “azules”) y fueron perseguidos por la policía que, en este camino de análisis partidario, vendría a ser parte de otro sector, el conducido por el vicegobernador Carlos Ciurca, ya que a él le reporta el ministro del área, Carlos Aranda.

Así planteado el tema, lo que se está haciendo es involucrar al Gobierno en la vida interna de un partido. Y peor: se está tironeando a una institución, como la Policía, cuya democratización y subordinación a la conducción civil es un proceso lento, con avances y retrocesos, pero que de ninguna manera debe orientarse partidariamente, sino que debe ser regido por una política de todo el Estado.

Lo señalado por La Cámpora puede resultar gravísimo de confirmarse la veracidad de su denuncia. Y gravísimo también si se comprobara que no es más que una maniobra política interna.

Deja al descubierto, además de esas grietas que obligan a unos a embanderarse detrás de ellos y a otros en su contra, que se expresan públicamente sólo cuando creen ser víctimas, cuando se los ataca y no cuando el agredido está en el seno del resto de la sociedad. No se manifestaron nunca antes frente a los atropellos policiales que se han vivido en Mendoza en los últimos años ni, tampoco, frente al descontrol policial que hay en el resto del país. Ahora se dan cuenta -10 años después de establecerse en el poder- que hay que mirar hacia las fuerzas policiales; curiosa ansiedad.

Si somos serios, seámoslo siempre y no cuando nos convenga corporativamente.

Las alarmas están sonando. Nada nos hace menos a la sociedad que enredar en otro tipo de sospechas a los uniformados mendocinos, quienes tienen un pasado oscuro y un futuro por encaminar como parte imprescindible del sistema de seguridad.

Un pequeño hecho en medio de un proceso que es, simbólicamente, “de vida o muerte” dentro de la ecología del partido gobernante se está transformando en una cuestión de altísima gravedad institucional.

No sabemos si los militantes de La Cámpora tienen razón y si es verdad que la Policía responde a órdenes emanadas desde un sector del peronismo en su beneficio y en detrimento de otros sectores, ignorando que su rol está vinculado al conjunto de la sociedad.

Tampoco sabemos si son mentiras lo denunciado a nivel nacional por La Cámpora de Mendoza. Lo que tenemos es, directamente, y sin escalas, un involucramiento directo de una institución del Estado en un problema que debe resolver el peronismo, no la sociedad toda, por más que el peronismo vuelva a querer confundirse con ella.

El peligro de que las confusiones se instalen una vez más, está latente. El debate debe provocarse y realizarse con altura.