Armas, puebladas y estallidos

1-     Que tiene en la mesita de luz un arma lista para ser disparada (y promueve tenerla).

2-     Que nadie le preguntó de dónde la sacó.

3-     Que tampoco se indagó en torno a qué temores pretende ahuyentar con su mortífera compañía nocturna ni se le ofreció una respuesta más cabal su problema que la que él exhibió.

El asunto de las armas y la militancia política y social es recurrente en la Argentina. Sin ninguna necesidad de sacar una foto en sepia, podemos enumerar hechos recientes que involucran el uso de armas de fuego por parte de grupos políticos, sociales o sindicales, excluyendo los casos de estricta “inseguridad”:

>> El mendocino “Madonna” Quiroz fue identificado como quien decidió resolver a los tiros su pelea partidaria durante el traslado de los restos de Perón a la Quinta de San Vicente. Era el chofer de Pablo Moyano y había obtenido la licencia para tener ese arma falsificando el certificado de idoneidad de tiro, un delito “menor” frente a la capacidad destructiva de su accionar.

>> “Toda la gente está armada, no sólo los sindicalistas. Es por la inseguridad, ¿vio?”. Esta frase se reconoce como el antecedente más fiel a los dichos de Castells, pero fue pronunciada por el líder sindical Hugo Moyano. Lo dijo en 2008, cuando no era opositor. Hubo silencio de parte del Gobierno.

>> En los saqueos de Bariloche se lucieron armas en la cintura. Se detectaron allí, pero también Grand Bourg y en Junín de Buenos Aires.

Castells, el revolú

Castells piensa que hay cierta normalidad en que, si el Gobierno incurre en una ilegalidad, miles también lo hagan. “Millones de moscas no pueden equivocarse: coma caca”, para ser su lógica de pensamiento.

Dentro de ese ejercicio intelectual denunció que la ilegalidad es tan normal que ya se ha tornado una práctica aprendida y legalizada en nombre de alguna “revolución” por –según sus dichos- la dirigencia y la militancia de La Cámpora, el Movimiento Evita y la Tupac Amaru.

Una década. ¡Una década!

Pasó una década de un gobierno identificado con el pleno respeto por los Derechos Humanos y si bien se han realizado actos concretos y simbólicos puntuales y destacables en ese aspecto, el vaso “medio vacío” da cuenta de que:

-         Se ha avanzado y retrocedido en el control de armas de fuego torpemente y sin compromiso con las políticas públicas;

-         No se ha logrado democratizar a las fuerzas de seguridad y los casos de mal uso de las armas que empuñan, gozan de buena salud;

-         Así, las provincias que se dicen más “respetuosas del modelo” viven una jarana en la que se imponen sus propias normas en materia de armas, de funcionamiento policial y de prevención de actos violentos.

-         No se cumplió con el mandato de Néstor Kirchner en 2007 a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pronunciado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, cuando les exigió que no filtrara “ni un arma más” a la delincuencia” desde sus depósitos.

Ha sido una década difícil. Todavía hay gente que se cree con derecho a resolver sus diferencias por medio de las armas. Y hasta hay quienes se creen, por ello, puntales locales de alguna revolución ajena, extemporánea y fuera de contexto en un gobierno que enarbola un reformismo ecléctico.

Al del titular de la obra social del Sindicato de Obreros de Maestranza, Roberto Roger Rodríguez, asesinado de un tiro en la cabeza en 2011, se suma el resonante caso del dirigente camionero Abel Beroiz, ocurrido en Rosario en diciembre de 2007.

En noviembre de 2008, el dirigente mendocino Ariel Quiroga, de la Uocra, murió sorpresivamente ahogado en un canal, luego de haber sido golpeado junto con otro delegado gremial por integrantes del Sindicato de Gas y Petróleo de Neuquén y Río Negro.

En mayo de 2010 fue asesinado a quemarropa el tesorero del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), Jorge Andrade. Fue baleado cuando estaba en el interior de una farmacia, en la esquina de 12 de Octubre y Talcahuano, en Mar del Plata.

En 2007 se registraron ataques con armas de fuego contra Carlos Albornoz, secretario del Sindicato de Recolección, Barrido y Limpieza de Rosario, y Pascual Claudio Donato, afiliado del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas (Sutiaga).

En septiembre de ese mismo año, Horacio Viviani, hermano de Omar Viviani, jefe del gremio de peones de taxis apareció muerto de un balazo en el pecho.

Antes había sido asesinado Eduardo Miguel Orellana, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.

Si hay bronca y armas, hay muertos 

En los últimos días ha emergido una vieja forma de dirimir el poder político: los estallidos. Los agoreros anuncian su multiplicación por miles y hasta ofrecen detalles de la operación: el territorio en disputa es la provincia de Buenos Aires (medio país políticamente hablando) y el objetivo es derrocar a Daniel Scioli y colocar en su lugar a un exponente cabal de la fidelidad hacia Cristina Kirchner.

Podrá ser así. O no.

Los indicadores a vuelo de pájaro y sin toma de partido dan cuenta que hay factores que favorecen que cualquier chispa se transforme en fuego.

- Scioli tampoco logró gobernar al ejército policial bonaerense, con sus 50 mil hombres y mujeres (cada uno con su arma reglamentaria y alguna otra) en un país que tiene 100 mil policías en todo su territorio.

- El descontrol, la regulación estatal de la actividad delictiva y las disputas territoriales micro por la droga, el robo y hasta el poder político ofrecen unas condiciones inmejorables: son nafta al fuego.

Pero hay un dato de mayor dimensión al que debe prestársele atención:

-         La desaparición de 200 armas de la sede del Renar (el Registro Nacional de Armas), que pudo ser un robo. Sucedió en pleno desarrollo de los saqueos en Bariloche y sus réplicas en Santa Fe y provincia de Buenos Aires.

-         La desaparición de armas y municiones en arsenales oficiales.

Sumado esto a:

-         El incremento de la virulencia política interna del partido del gobierno: funcionarios nacionales contra intendentes, gobernadores; intendentes contra el gobierno nacional.

-         Las acusaciones cruzadas que liman la confianza y ponen bajo sospecha a entes públicos. Por ejemplo: la denuncia de Castells de que la presencia de armas en los barrios obedece a que el Renar está dominado por La Cámpora. Y el silencio del Renar y sus funcionarios, que abona las especulaciones y no clarifica la presunción de que miles se están armando bajo su anuencia y padrinazgo político.

Repetido, repetido, repetido

Nada justifica el descontrol de las armas. Ni las propias del Estado, ni las que delega en los uniformados y tampoco en sus brazos políticos, sociales o sindicales.

Nadie puede afirmar alegremente y sin que intervenga la Justicia de que “debe” recurrir, indefectiblemente, a las armas como único método posible de solución de trifulcas políticas, sociales o sindicales.

Ningún dirigente, ni la Presidenta a través de sus delegados políticos o institucionales, ni un presidente de unión vecinal, puede arrogarse la defensa de sus ideas por medio de las armas.

Es un discurso flamígero como explosivo, capaz de volverse realidad. Como en los años 70, si es que quieren seguir alimentando la memoria de aquellos años. O como en Bariloche hace poco o recientemente en las “puebladas” (disconformes o instigadas) del territorio bonaerense, como en el 2001, como en 1989…

De cualquier forma, una barbaridad inaceptable.