Paz urbana, paz cercana

Durante tres días montaron una tensa guardia en la Legislatura y la Casa de Gobierno, portando las armas reglamentarias y produciendo espontáneos y efímeros liderazgos. Consiguieron apoyos y rechazos , en medio de la confusión generada por un acto sedicioso que se había mezclado con reclamos salariales primero y de diversa especie luego.

En diciembre cayó la cúpula de una Policía acusada de violación de los Derechos Humanos, hundida en sus propias culpas por la desaparición, torturas y asesinato del joven estudiante bonaerense Sebastián Bordón, pero manchada por otros casos: Guardatti, Garrido, Baigorria, Gómez Romagnolli, Neme y Ros. La perspectiva permite destacar que ese año se había producido un punto máximo de crecimiento del delito en la provincia. Desde la recuperación de la democracia no se había purgado a la fuerza que era considerada una de las “malditas policías” del país. Desde su propia perspectiva, se vivían bolsones de corrupción y descontrol interno y se había sufrido la muerte, hasta 1998, de 19 miembros en cumplimiento del deber.

El gobernador de la provincia Arturo Lafalla reunió a los máximos referentes de los partidos políticos   y alentado por una camada de funcionarios jóvenes  y de una red de organizaciones no gubernamentales y personalidades sociales y de la política , desmembró del ministerio de Gobierno las áreas encargadas de conducir políticamente la policía y de vincular al Ejecutivo con la Justicia y creó el ministerio de Justicia y Seguridad. Los civiles, con Alejandro Cazabán a la cabeza, se hicieron cargo de la conducción policial y, junto a referentes legislativos de la oposición , de diseñar las nuevas leyes de seguridad. Una ley especial permitió realizar una “purga” y dejar afuera a aquellos hombres y mujeres que participaron en la conducción del acto sedicioso y de los sospechados de ser responsables de irregularidades y violaciones de los derechos humanos. El apoyo de la prensa al nuevo esquema estuvo a la altura de las circunstancias en momentos en que se ponía en marcha, por primera vez, una “política de Estado”. Pero sumó cautela al momento de reclamar no solamente gestos políticos sino reformas y presupuestos sostenidos en el tiempo.

De tal modo, la seguridad de Mendoza quedó en manos de seis policías: Gran Mendoza, Valle de Uco, Sur, Este, de Seguridad Vial y de Investigaciones (Judicial). Se eliminaron los rangos de agentes y suboficiales, el personal civil perdió el rango policial en un ámbito laboral en donde familias enteras formaban un entramado difícil de desenredar. El ingreso a las fuerzas comenzó a realizarse previo paso por los claustros de un Instituto Universitario de Seguridad Pública, para lo cual se requirió estudios secundarios completos y una edad máxima de 26 años, que durante el 2001 fue elevada a los 30, debido a la escasez de aspirantes.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Buenos Aires incluyó un espacio para ocuparse de la reforma de Mendoza en su Informe Anual del Año 2000 sobre los derechos humanos en la Argentina . En én, señaló:

“El proceso de reforma policial en la provincia de Mendoza obedeció a motivos comunes a otros cambios en las instituciones de seguridad: la enorme brecha existente entre la policía y la sociedad en la que se desempeña; la incapacidad del gobierno de ejercer un control adecuado luego de años de tolerar las ilegalidades y el accionar violento de la institución policial; al mismo tiempo, el malestar interno ante la discriminación y postergación de la cual son víctimas algunos sectores en virtud de las prebendas de otros”.

Y agregó finalmente:

“Sería prematuro ahondar en consideraciones sobre los efectos de la nueva ley de policía cuando aun se está trabajando en su reglamentación. Puede decirse que se empieza a asumir, para decirlo con conceptos de Bustos Ramírez, que la policía –como institución- es un hecho político. Queda claro entonces que no es una institución del Estado simplemente, sino de un determinado Estado”.

El primero en ocupar la cartera de Justicia y Seguridad, el abogado sanrafaelino Alejandro Cazabán, consideró, poco antes de abandonar el cargo, que las bases de la reforma estaban en una nueva policía y en la participación social. “El primer paso para iniciar el proceso de cambio –dijo- consistió en el reconocimiento por parte del gobierno de que el sistema policial vigente durante el presente siglo se encontraba en un estado de agotamiento e ineficacia para atender la problemática de seguridad”.

Una política de Estado que buscaba sostenerse en el tiempo

La foto inicial de los diferentes referentes partidarios apoyando las reformas se repitió a instancias de la Coordinación por la Vida durante la campaña electoral. El 4 de octubre de 1999, en la Legislatura, los tres candidatos a gobernador por el Partido Justicialista, la Alianza y el Partido Demócrata, firmaron un acta compromiso para continuar con las reformas. El acta firmada sin reparos por Francisco García, Roberto Iglesias y Carlos Balter señalaba:

 No se designará en el gabinete a personas procesadas por violación de derechos humanos o delitos contra el Estado que impliquen enriquecimiento ilícito.

 Se le dará rango de Política de Estado al problema de la seguridad pública.

 Consolidación legal e institucional del proceso de transformación policial que apunta a profesionalizar la fuerza policial, lo que implica capacitarla, equiparla y fortalecerla.

 Agilización de los mecanismos legislativos para tratar, antes de las elecciones del 24 de octubre, las tres leyes que corporizarán la reforma: sistema de seguridad pública, sistema de policías de la provincia y Código Procesal Penal.

 La seguridad es una situación compleja que implica que la administración de justicia y el tratamiento de los condenados, por lo que debe tenderse a una reforma judicial y a una reforma del sistema penitenciario que optimice la seguridad pública.

 Se aunarán esfuerzos para hacer una investigación efectiva para determinar responsabilidades en los casos de violación de los derechos civiles por parte de policías.

Cada uno dejó la impronta. El justicialista Francisco García señaló que “Hay cuatro puntos que apuntalan la reforma en seguridad: trabajo, salud, educación y familia. Sobre todo esto último, porque todo lo que fortalezca el núcleo familiar servirá para bajar el grado de criminalidad y violencia que tenemos hoy” . Aportaba las bases, como oficialista, de una nueva visión de la problemática de la seguridad: la que no sólo involucra a policías y ladrones, algo más compartido por la Alianza que por el Partido Demócrata, a pesar de las coincidencias del momento.

Desde la prensa, se le otorgó categoría al compromiso:

“Cuando afuera se oía el estrépito de las campañas –escribió en su columna sabatina de Los Andes Gabriel Bustos Herrera- ha sido todo un ejemplo verlos construir ladrillo por ladrillo una verdadera política de Estado, de las que no se tenía memoria desde hace décadas en la provincia. La ley Policial venía emparchada con un criterio de milicia, desde 1981, por un brigadier que era interventor del Proceso. Y el Código Procesal había sido reformado parcialmente hace 62 años: otro mundo, en realidad. En términos simples, política de Estado no es otra cosa que el acuerdo de una estrategia de cambio que se comprometen continuar gane quien gane. Nada menos. Y en estos tiempos(…)”

El grado de importancia y profundidad de la reforma a una de las policías más cuestionadas del país requirió de pactos y compromisos permanentes de parte de los diversos factores de poder, tanto en lo político como en lo social, pero debieron sumarse otros sectores que aun no comprendían del todo lo que estaba gestándose en la provincia: el empresariado, la población en general y los propios policías.

Es por eso que la “política de Estado” se vio fortalecida en marzo de 2000 tras el motín de la Penitenciaría provincial, ocasión en que el gobernador convocó por primera vez al Consejo Provincial de Seguridad, ante la amenaza de fuga de la totalidad de los internos y una veintena de rehenes en poder de los líderes de la protesta. Todo esto, con la presencia del presidente de la República en los festejos vendimiales y a pocas cuadras del centro de la Ciudad en donde se desarrollaba el folklórico espectáculo.

La puesta en funciones de los primeros siete coordinadores departamentales de seguridad convocó a las máximas autoridades provinciales de los tres partidos políticos al cuarto piso de la Casa de Gobierno. Allí estuvo el ex gobernador Lafalla,  junto al gobernador Iglesias y su gabinete, además de los jefes comunales de las comunas en cuestión.

Mientras que la colocación de un artefacto explosivo en un baño de un pasillo lateral del Ministerio de Justicia y Seguridad a mediados del 2001, sumado a otro en un micro y más de un centenar de amenazas de bomba en todo tipo de instituciones, especialmente escuelas –adjudicadas por el gobernador Iglesias a “nostálgicos de la vieja policía”, concitó la atención del país, conmocionó a la provincia y originó una Marcha por la Paz que volvió a unir a todos los sectores políticos y sociales.

La reforma ¿permanente?

La continuidad de la reforma se dio en la puesta en marcha de los diversos institutos creados por las nuevas leyes. Pero también en el análisis conjunto de nuevas normas por parte de la Comisión Bicameral de Seguridad . Algunos de los mecanismos acordados quedaron dañados por desinteligencias en la práctica, por el recambio de funcionarios o por torpezas  administrativas que la nueva administración de Justicia y Seguridad, a cargo de Leopoldo Orquín, siempre reconoció. Entre ellos, la “mesa de enlace” de los partidos políticos y el Consejo Asesor de Política Criminal. En definitiva, se crearon otros mecanismos de diálogo más directo que no habían funcionado durante la gestión que dio inicio a las reformas, como la Inspección General de Seguridad, integrada por tres directores propuestos por cada uno de los tres principales partidos políticos y presidida el miembro del oficialismo. La Comisión Bicameral de Seguridad también fue un ámbito de diálogo, producción y control. Se tuvo especialmente en cuenta aquello que aconsejara Catherine Kravetz sobre la necesidad de mecanismos autorreguladores de la función de seguridad:

“Su consecuencia política más importante –escribió- es la amenaza a la democracia y sus principios básicos, causada por el quebrantamiento de leyes y el orden que los funcionarios han jurado resguardar”.

Sin embargo, el paso del tiempo, el desgaste de los protagonistas políticos aunque también el de los sociales, fue dejando de lado aquel acuerdo primigenio y originando acciones atomizadas, que intentaron mostrarse como parte de aquella “reforma” o bien como instancias de “reforma permanente”.

Si tomamos como parámetros a los sucesos de 1998, lo que sucedió durante la gestión del gobernador de Mendoza Roberto Iglesias, con Leopoldo Orquín como ministro de Justicia y Seguridad durante los largos cuatro años, podemos decir que no se continuó exactamente con los acuerdos reformistas. Pero sí se avanzó con otros métodos.

La oposición estaba desunida y desgastada y los referentes principales del partido Justicialista que dio origen a la reforma con el apoyo central de radicales y -a regañadientes- de los “demócratas” habían perdido protagonismo, autoridad y respaldo dentro de sus propios ámbitos.

Finalmente, el inicio de la gestión del gobernador Julio Cobos fue acompañada por la peor de las circunstancias en materia de consensos en la política de seguridad provincial. La prensa dejó traslucir que “impusieron” al naciente gobierno, en diciembre de 2003, a Roberto Grillo Solanilla y su equipo en la cartera de Justicia y Seguridad.

Esa gestión de poco más de un año no fue negativa en índices delictivos, ya que se continuó la disminución que se venía viendo ya en los últimos meses del gobierno de Iglesias en delitos menores. Pero la violencia y los asesinatos pusieron en el tapete la falta de diálogos, de consensos básicos, de reformas que se venían reclamando. Devolvió a los análisis “la foto” de aquel ´98 y nos dimos cuenta de que el color sepia denunciaba carencia de actualidad en muchas de las normas de la reforma, en las actitudes de los gobernantes, en las “ganas” de acompañar de la gente y de la sociedad civil organizada.

2- Odisea 2001: Mendoza dijo “no” al estado de sitio

El año 2001 fue muy particular para la historia argentina. Fue expulsado el gobierno nacional de Fernando de la Rua, no sin violencia. Los “saqueos” –organizados o no- a supermercados y comercios se iniciaron en Mendoza en noviembre de aquel año. El anuario del diario Clarín mostró a un presidente De la Rúa tranquilo en su despacho leyendo el diario mendocino “Los Andes” y enterándose por él del movimiento político y social que se estaba produciendo en esta provincia con las irrupciones a los centros comerciales. Era el principio del fin. Nadie sabrá nunca si De la Rua tuvo ya en el tiempo de esa foto la capacidad de intuir lo que venía o solo pensaba en seguir sentado en sus marchitos laureles.

Mendoza en crisis activó todos los mecanismos de solidaridad posible, dentro y fuera del gobierno. La conducción política de la provincia mereció todo el respaldo de la población por su firmeza: mientras uno tras otro caían gobernadores y gobiernos en todo el país, en Mendoza la alianza gobernante entre la UCR y el Frepaso pudo sostenerse con firmeza.

El 19 de diciembre de 2001 el presidente de la República decidió instaurar el “estado de sitio” en varias provincias argentinas. Entre ellas, estaba Mendoza. Pero en un caso que debe ser digno de estudio y que representa un antecedente de importancia, el gabinete de seguridad de la provincia, acompañado por el jefe de las milicias, el gobernador Roberto Iglesias, decidió “rechazar la suspensión de las garantías constitucionales en esta provincia” .

Este caso –único en el país- fue de fuerte carácter simbólico y demostró al país que la provincia quería respetar los derechos de las personas, aunque éstas quisieran manifestar en contra del gobierno.

Una serie de decisiones emanadas del gabinete de Seguridad merecen ser enumeradas para considerarse como base de una política en contra de todo tipo de violencia en medio de una situación extrema, de alteración del orden constitucional y de virtual “golpe de estado”:

• Mendoza rechaza enmarcarse en la figura constitucional de “estado de sitio”, alegando que quiere que se sigan garantizando los derechos y deberes de sus habitantes.

• Se dispone respetar el derecho a manifestar por parte de todo tipo de organización gremial y de la población, que espontáneamente quisiera sumarse a los “cacerolazos”, bajo la consigna ya famosa de “que se vayan todos”.

• De tal modo, la decisión del gabinete de seguridad es que “la policía custodie las manifestaciones sin portar armas de fuego”, las acompañe para garantizar la seguridad de los manifestantes y la libertad de trabajo del resto de la población .

Más de dos mil manifestaciones se produjeron en 2002 en Mendoza, prácticamente sin incidentes de gravedad.

En la peor de las situaciones, quedó en claro que aquel acuerdo de 1998 había calado profundamente en unos y en otros. También en las fuerzas locales de seguridad.

3- Paz urbana: un nuevo paradigma

La profundización de las desigualdades sociales producida por la mala distribución de las riquezas es la causa principal de la “nueva violencia” que desvelará al mundo: la que se proyectará en las ciudades. La paz urbana es el nuevo objetivo.

Las ideologías, las nacionalidades y tal vez hasta las religiones no quedan ausentes de este nuevo escenario.

Sucede que, ante la violencia producida en las ciudades, las posiciones que toma la sociedad, la política, la cultura y la religión son diversas. Contrapuestas muchas veces. El origen de los conflictos es adjudicado –de acuerdo con el origen de las opiniones- a la “necesidad de una mano más dura de parte de las fuerzas policiales”, “de un modelo que excluye y al que hay que evidenciarle sus propias contradicciones, aun mediante el uso de la violencia”, “la ausencia de un factor de identidad local, nacional, religiosa o de clase”, “la invasión de extranjeros que nos quitan la vivienda y el trabajo”, entre otras proclamas sectarias.

La multicausalidad de esta nueva situación global requiere, entonces, de un abordaje múltiple, de recursos humanos interdisciplinarios,  de fondos locales, nacionales y aun internacionales, de acciones transversales de parte de organismos del Estado y del compromiso de las organizaciones no gubernamentales.

La Guerra de las Galaxias desveló a las potencias mundiales y su preparación requirió de cifras gigantes, que en definitiva aportaron al hambre en el tercer mundo y a la industria de la muerte. Los intereses son tremendos y las consecuencias y ramificaciones, incalculables. De hecho, el tema de la circulación irregular de armas llevó a prisión domiciliaria un ex presidente de nuestro país.

Hoy, la fabricación y venta de las armas técnicamente denominadas “livianas y pequeñas” es una de las industrias más florecientes. A tal punto, que la principal potencia mundial, Estados Unidos, se enfrentó al mundo en la primera Conferencia Internacional sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas ya en 2001, al oponerse a cualquier tipo de control sobre su venta y distribución.

“Estados Unidos es el gran enemigo del desarme”, tituló la cadena Univisión en un despacho con fecha en Nueva York, en ocasión del cierre del evento mundial. Y decía: “el mayor proveedor de armas del mundo se dedicó a bloquear esfuerzos para regular la tenencia, la venta y los intermediarios de armas”. La Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas, IANSA, vocera de 320 entidades de 70 países, señaló por intermedio de dos de sus voceros, Rebecca Peters (Australia) y el argentino Martín Appiolaza, que el país del norte “está dispuesto a poner en peligro la vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo con tal de hacerle el juego a los grupos de presión armamentistas”. 

 Aquel antiguo armamentismo, lejos de quedar en el tiempo en virtud de la globalización, ha encontrado en la fabricación y distribución sin control de armas pequeñas y livianas su sucesión.

Las armas que matan en los barrios

¿Por qué ocuparnos de un tema tan grande cuando sufrimos cosas terribles en nuestros barrios de Mendoza por acción de las armas? Porque estas armas pequeñas son las que matan a la gente todos los días. Tal vez las de mayor porte causen más sensación en los medios, pero lo cierto es que son las armas de puño las que, en nuestro conglomerado urbano al igual que en ciudades semejantes de los países más diversos, ponen en jaque la vida de ciudadanos comunes, de integrantes de bandas o de víctimas de delitos.

Así lo reconoció el propio secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan en su mensaje del pasado 7 de julio al mundo, cuando habló de “armas pequeñas, grandes problemas”. Más allá de los conflictos entre Estados, internos o ideológicos, la industria de la muerte urbana florece de la mano de las armas más comunes que llegan con inusitada facilidad en el mercado mundial (blanco o negro) a la población civil. Inclusive han generado clubes de admiradores patrocinados por las factorías y representados en los medios por personajes públicos, cowboys posmodernos que promueven su utilización, haciendo uso de la fama adquirida en casos como, por ejemplo, el de Charlton Heston.

Nuevos alineamientos internacionales: mano dura / participación ciudadana

Mientras tanto, la situación de la seguridad en las ciudades del mundo ha generado nuevos alineamientos en teorías y prácticas que se proclaman vencedores en el nuevo problema de la seguridad urbana. La “tolerancia cero” de Nueva York, la “participación ciudadana” de Centroamérica, Gran Bretaña, Canadá y España, como asimismo las experiencias de policía comunitaria de Japón, en los extremos.

La experiencia internacional indica, sin embargo, que muchas frases de alto contenido simbólico son dichas por políticos mediáticos para zafar. De hecho, los mecanismos que han permitido afrontar científicamente el problema actual de la violencia en las ciudades son todo lo contrario a la “tolerancia cero” y la “mano dura”. Lo demuestran experiencias a lo largo de todo el mundo que requirieron de un abordaje multidisciplinario y sostenido en el tiempo de políticas públicas de seguridad, educación, desarrollo social, cultura, crecimiento económico y de solidaridad colectiva.

Un informe de la organización brasileña “Viva Rio” da cuenta –en esa ciudad paradigmática para el tema- que la proliferación de armas es la madre de la violencia y que, lejos de permitir vivir más tranquilo, tener un arma representa una amenaza personal, familiar y para el barrio completo.

Una respuesta al problema de las armas: lo que se hizo en Mendoza

Lo que se hizo en Mendoza entre 2001 y 2002, con repercusiones hasta 2003, fue una respuesta al problema de la violencia urbana y un aporte a la paz.

Los valores simbólicos del Plan Canje de Armas y del Canje de Juguetes Bélicos son fructíferos y florecerán aun en las futuras generaciones, si estos proyectos se sostienen en el tiempo en manos ya no solo del Estado sino de la comunidad y de sus organizaciones. Pero los resultados concretos, también. El menú que el Gobernador Iglesias envió a poco de asumir a la Legislatura y que ésta aprobó, incluyó:

- Canje de armas
- Control de la venta de municiones
- Fono Armas, para sacarle las armas a los delincuentes
- Controles fronterizos y de espacios públicos

Además, las iniciativas del Ejecutivo incluyeron en diversos ámbitos:

- Un proyecto de ley de seguridad para centros comerciales
- El reclamo para la provincia de la jurisdicción de la seguridad bancaria, que ahora sólo protege el dinero, y no la vida
- Pedido de mayores controles a la Nación sobre la circulación interna de armas, efectuado por el ministro provincial ante el Consejo de Seguridad Interior
- Cambio de jurisdicción del Registro Nacional de Armas, de Defensa a Interior, porque las armas son un tema de seguridad interior, ante todo

Así al abordar la problemática de las armas pequeñas Mendoza es el único Estado argentino que trabaja sobre una de las principales herramientas de la inseguridad urbana. Y aunque obtenga por ello el reconocimiento internacional, la verdad estará dicha cuando consigamos el nuevo objetivo de los hombres en el nuevo siglo: la paz en las ciudades.

4- Las formas de participación ciudadana. Apuntes de una gestión (2000-2003)

“Hacer de la seguridad pública un asunto de la comunidad permite convertirlo en algo que crea su propio lobby. Uno de los problemas más importantes que enfrentábamos era que el público era complaciente y la comunidad política se mantenía alejada de la problemática”. Graymond Martin

La paz en los conglomerados urbanos exige un abordaje integral e interdisciplinario que, si bien no es una novedad para el resto del mundo, lo es en una Argentina en la que el estigma represivo de la última dictadura militar quedó grabada a fuego en las fuerzas armadas y de seguridad, pero también en la ciudadanía.

Es por eso que el ensayo de formas de participación requirieron en Mendoza de un gran esfuerzo en el trabajo de promoción de las leyes que ya no sólo permitían una participación más directa a los ciudadanos que tanto lo habían reclamado, sino que lo exigía. Este proceso de cambio de una democracia meramente representativa a una participativa tardará años en terminar de desarrollarse.

Por ello, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se propuso trabajar directamente con propuestas plausibles en el corto plazo y elaborar proyectos de mediano y largo plazo ya con la participación y el compromiso de los nuevos estamentos de participación.

El balance a dos años de iniciado el camino es altamente positivo. Para ello se utilizaron distintas tácticas:

 Comunicación directa: Los funcionarios que debían poner en marcha los institutos establecidos por las nuevas leyes, encabezados por el Subsecretario de Relaciones con la Comunidad y acompañado por otros civiles como los directores de Participación Comunitaria y de Apoyo a la Comunidad, además del también civil director de Seguridad, junto a las autoridades policiales que había designado el gobierno saliente, participaron en el primer año de gestión de un total de 300 reuniones con dirigentes sociales en donde se escucharon las inquietudes, pero también se tomaron como “momentos de capacitación” con la proyección mediante filminas, power point y videos de los alcances de la reforma en marcha. Participaron unos 15 mil dirigentes sociales y vecinos de toda la provincia. Además, los mismos funcionarios muchas veces acompañados por los intendentes municipales, recorrieron barrios completos junto al comisario, presentándolo a sus vecinos y entregándole a cada uno su “carta de compromiso con la comunidad”, en donde constaba rango, nombre, lugar y horarios de atención, un mensaje personal y teléfonos de utilidad, además de consejos para prevenir ser objeto de un delito.

 Comunicación de impacto: La puesta en funcionamiento de una mesa de proyectos de la comunidad permitió demostrar respuestas rápidas frente a problemas urgentes. Pero también compromiso con la gente. Así es que con el acompañamiento de municipios de distinto signo político se dio rienda suelta a la imaginación con un fin central: desalentar al delincuente.

 Comunicación alternativa: Sin descartar los medios masivos a los que se recurrió en etapas posteriores, se buscó el compromiso de las pequeñas emisoras de frecuencia modulada de cada pueblo, dándole contacto directo con funcionarios de primer y segundo nivel del Ministerio de Justicia y Seguridad, en forma cotidiana. Se escucharon muchos reclamos, pero también se tuvo la oportunidad de exponer las razones, pasos a seguir y objetivos de la reforma. En este mismo marco se imprimieron cientos de miles de folletos y adhesivos que la misma policía –previa capacitación-, los municipios y las entidades intermedias de la más diversa especie, distribuyeron en los barrios de toda la provincia.

“Se trata –citando textualmente a Alonso Salazar- de recuperar las normas, las palabras y los símbolos como mediadores sociales, para sembrar los principios de vida y menguar los signos de la muerte”.

Las nuevas leyes

“Protagonismo social en seguridad” tituló el diario Los Andes la nota en la que explicó detalladamente mediante infografías el funcionamiento de las leyes del Sistema de Seguridad Pública de la provincia de Mendoza (6.721 ) y de Policías (6.722) . “Civiles para controlar a policías” fue la interpretación posterior del otro diario, el UNO . Pero la interpretación periodística más clara, tal vez, fue la que indicaba: “La reforma del Estado empezó por los policías” . En ella, el autor de la nota, Martín Appiolaza, afirmó:

“La Policía de Mendoza estuvo organizada como un feudo dentro del Estado. Tenía sus propias leyes, sus propios jueces, sus propios médicos y se autoabastecía, bajo el amparo de una nobleza uniformada a la que pocos podían acceder. Los partidos políticos tuvieron que ponerse de acuerdo en secreto para poder atacar y comenzar a desarticular este modelo feudal. Se enfrentaron a una fuerza pensada para intervenir en problemas políticos más que en la prevención del delito”.

La nueva ley de Policías descentralizó a la vieja fuerza, eliminó los rangos de agentes y suboficiales, estipuló que deben leérseles los derechos a los detenidos y se instituyó un nuevo sistema de calificación, basado en la capacitación y la relación con la comunidad a la que le ofrecen el servicio de seguridad.

Se basaba en la experiencia de Barcelona e intentaba superar la mala experiencia bonaerense. Guiada por principios ya exitosos en otros sitios del mundo, la nueva legislación mendocina nacía para intentar cumplir con lo señalado por quien fuera Inspector Jefe de la Policía de Hospitalet de Llobregat, en Cataluña, Manuel Martín Fernández:

“La policía del futuro va a pasar, de ser recolectora y procesadora de información, a ser una organización que genera información. Es decir, se va a convertir en un instrumento de investigación. Conservará su tarea de ser casi el único instrumento social en las emergencias y crisis de la población civil. Pero de ejercer de apagafuegos (tarea que comparte con los bomberos) y de asistencia a situaciones de crisis se va a dedicar cada vez más a prever el futuro, a programar acciones, e incluso a elaborar programas de prevención. En ese sentido pasa por un proceso muy similar a la medicina, que ha evolucionado de curar a cuidar, e incluso compagina cuidar con prevenir. Aunque la delincuencia es más difícil de prevenir que la  enfermedad”.

En tanto que el Sistema de Seguridad Pública de la provincia quedó integrado de la siguiente manera:

 Todos los miembros

El Poder Legislativo
El Poder Judicial
El Ministerio de Justicia y Seguridad
La Inspección General de Seguridad
El Servicio Penitenciario provincial
Defensa Civil
Policías de la provincia
Las instituciones creadas por la ley 6.354 de la Niñez y la Adolescencia
El Consejo Provincial de Seguridad Pública
El Consejo Asesor de Seguridad Pública
Los municipios
Los consejos departamentales de seguridad y foros vecinales
Los coordinadores de seguridad
Los prestadores privados de seguridad
Las fuerzas de seguridad federales en los términos y alcances de la ley nacional 24.059 o la norma que la sustituya

 El Consejo provincial de Seguridad. Integrado por el ministro de Justicia y Seguridad, el director presidente de la Inspección General de Seguridad, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad y un representante del Poder Judicial.

 Los consejos departamentales de seguridad. Compuesto en los municipios que adhieran a la ley. Con un representante del ejecutivo comunal, tres del Concejo Deliberante y uno de cada foro vecinal.

 Los foros vecinales de seguridad. Integrados por representantes de las más diversas entidades intermedias con personería jurídica. Lo preside uno de ellos que representa al foro ante el consejo departamental.

Las alarmas comunitarias

La creciente apuesta política al individualismo durante la década de los años 90 en la Argentina llevó a la gente a apartarse de las actividades sociales cotidianas, a una competencia por tener “algo más y mejor” que el vecino y a mirar hacia adentro. El “ser por lo que se tiene y no por lo que se es” pasó a ser la premisa. Y por lo tanto quedaron atrás valores largamente admirados por países vecinos, como la solidaridad, la participación y la educación de los argentinos, junto al pluralismo y la multiculturalidad consagrados ya en el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853.

Este factor central, sumado a otros como la decadencia económica y el incremento de la desigualdad social, tal vez hayan contribuido de manera decisoria al incremento de la inseguridad. La gente ya no se saludaba en los barrios. Muchas veces ni siquiera conocía al vecino. La ventana a la calle fue remplazada por una ventanba al mundo: la televisión.

Algunos autores, como el inglés Anthony Giddens, diagnosticaron la enfermedad de la época y sus secuelas:

“Prevenir la delincuencia, y reducir el miedo al crimen, están ambos estrechamente ligados a la regeneración comunitaria. Una de las innovaciones significativas en criminología en años recientes ha sido el descubrimiento de que la decadencia del civismo cotidiano está directamente relacionada con la criminalidad.”

Agrega :

“La gente actúa movida por la inquietud sobre estas realidades: se van de las áreas en cuestión, si pueden, o compran pesadas cerraduras para sus puertas y rejas para sus ventanas, y abandonan las instalaciones públicas. Las alteraciones desenfrenadas del orden público son un indicador para los ciudadanos de que el área es insegura. Los ciudadanos temerosos se alejan de las calles, evitan ciertos barrios y restringen sus actividades y asociaciones normales. A la vez que se retiran físicamente se apartan también de los roles de mutua ayuda respecto a sus conciudadanos, con lo cual renuncian a los controles sociales que en otro tiempo ayudaron a mantener el civismo en la comunidad”.

Aunque, como la vieja historia del huevo y la gallina, su análisis se encuentra en tensión con observaciones como las de Jesús Martín – Barbero:

“Si la televisión atrae es, en buena medida, porque la calle expulsa. Es la ausencia de espacios –calles y plazas- para la comunicación lo que hace de la televisión algo más que un instrumento de ocio, un lugar de encuentro. De encuentros vicarios con el mundo, con la gente y hasta con la ciudad en que vivimos”.

Es en este marco que un grupo de vecinos  se reunieron y propusieron, centralmente:

• Ocupar la plaza con actividades sociales durante los fines de semana
• Solicitar autorización para reunirse en la escuela
• Constituir una asociación de vecinos preocupados por la calidad de vida y la seguridad
• Instalar focos en la entrada de cada vivienda, de color amarillo, con el fin de encenderlo en caso de emergencia, principalmente por asalto, pero también utilizable para casos de otro tipo de urgencias.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza reconoció a éste y otros casos que fueron surgiendo en forma casi simultánea  como los originarios del Plan Provincial de Alarmas Comunitarias. Fue lanzado formalmente en la Municipalidad de Luján de Cuyo el 26 de julio de 2000, aunque se conocían antecedentes de algún barrio con sistemas similares instalados en años anteriores. Algunas voces dijeron:

• Funcionario municipal opositor: “Creemos que este sistema es un elemento de seguridad muy beneficioso que se incorpora, es una oferta más para hacer frente a la gran ola de violencia que azota al país”.

• Vecina que adhirió al sistema: “Nos sentimos un poco más seguros y estamos tratando de colocar alarmas sonoras. Acá hay muchos robos, los chicos no pueden jugar en la calle porque les roban la bicicleta, por eso cuando se esconde el sol hay que tenerlos adentro de la casa”.

• Vecino: “Hoy, ese lugar no tiene drama con los delincuentes, porque saben que no tienen que meterse”. 

• Vecino que inició la promoción del sistema: “El vecino ha comenzado a entender que es mejor organizarse para combatir la delincuencia en los barrios ya que no disponemos de los medios económicos para contratar seguridad privada, o para instalar otro tipo de alarmas”.

Sencillamente, se definió como “alarma comunitaria” al sistema eléctrico que, por medio de la luz y/o el sonido, mantenga en alerta al vecindario para actuar frente a una emergencia.

Se dieron casos de combinaciones sencillas y sofisticadas, fabricadas por los vecinos asociados, por algunas empresas menores y cooperativas, y hasta finalmente se consiguió que fueran las escuelas técnicas de la provincia las que incluyeran su fabricación en los planes de estudio .

Su instalación, seguida de un simulacro de funcionamiento con la participación de vecinos-actores, bomberos, municipio y el sistema de Defensa Civil, permitió una amplia difusión y repercusión. El costo es cubierto por los vecinos y el gobierno ofrece la instalación de cartelería que alerta: “zona protegida con alarmas comunitarias”, sumado a adhesivos con un logo elaborado por el área de Comunicación Social del Gobierno de la provincia que señalan: “yo adherí al sistema de alarmas comunitarias”.

Los barrios que se sumaron, constituyeron además los foros vecinales de seguridad y coordinaron con mayor eficiencia el patrullaje policial, con notable éxito en los resultados. Un monitoreo realizado en el barrio Isros de San Rafael y el barrio Trapiche de Godoy Cruz, en dos zonas muy diferentes y distantes entre sí de la provincia, indicó que en un año, las viviendas adheridas al sistema, no sufrieron intentos de asalto. Los vecinos evaluaron que fue consecuencia de: “la mayor solidaridad y atención entre los vecinos”, “la coordinación del trabajo con la policía”, “la disuasión que produjo en los delincuentes la existencia de carteles y la difusión en los medios”.

En cifras, el Sistema de Alarmas Comunitarias lo constituyen:

• 6.000 vecinos beneficiados con sistemas de alerta solidaria
• 46 barrios conectados
• 900 áreas con el sistema funcionando
• 30 mil folletos entregados por los foros vecinales de seguridad 

La mediación

La mediación es un procedimiento en donde aparece la figura de un tercero neutral: el mediador, que asiste a las partes para que, a través de la negociación, puedan encontrar un acuerdo que conforme a ambos protagonistas.

Los temas mediables son aquellos más cercanos a la vida cotidiana de la gente:

• Vecinales: medianería, ruidos molestos, uso de pasillos comunitarios.
• Familiares: cuotas alimentarias y tenencias de menores (sólo lo hace la Justicia Provincial de Familia).
• Laborales: despidos injustificados, indemnizaciones y aportes patronales.

En Mendoza el avance de la mediación dio origen a numerosas conferencias, encuentros provinciales, regionales y nacionales y a iniciativas legislativas. Algunas de ellas tuvieron un alto nivel de debate en la Legislatura provincial . Algunos de los puntos que sus autores han señalado como centrales son:

• Alternativa rápida y económica para resolver conflictos.
• Se distinguen tres tipos de mediación: judicial, extra judicial y comunitaria.
• La autoridad de aplicación será: Suprema Corte de Justicia, Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de Gobierno, de acuerdo al tipo.
• Institución de la figura del mediador.
• Otorgamiento de un marco jurídico a la tarea que se desarrolla en los municipios.

La mediación social y comunitaria

La mediación comunitaria cobró fuerza en Mendoza a mediados de los 90, y se le dio un fuerte impulso desde la puesta en vigencia de la denominada “reforma policial”. A los centros que funcionaban en algunos municipios del Gran Mendoza se fueron sumando pronto centros de atención en toda la provincia .

La actividad de los mediadores se compatibilizó rápidamente con la de los “extensionistas jurídicos vecinales” formados por la Fundación Familiares de Víctimas Indefensas de Mendoza (Favim), al punto que se llegó a capacitar a sus miembros y en muchos casos, a trabajar en conjunto.

Algunas voces han señalado en Mendoza al respecto:

• “En mediación se realiza un trabajo interdisciplinario entre profesionales de la educación, el derecho, las ciencias exactas, las disciplinas humanísticas y el papel que cumplen psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, médicos en la resolución de conflictos sociales, en sus más diversas causas y complejidad de sus orígenes”.

• “El objetivo es contribuir a contribuir a una auténtica pacificación social, emprendimiento que está a favor de la erradicación de la violencia y de la disminución de la litigiosidad administrativa”.

• “Esta es una herramienta de pacificación social y de solidaridad con la que estamos teniendo muy buenos resultados”. 

El trabajo realizado entre 2001 y 2003 con la puesta en marcha del área de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza, desde su subsecretaría de Relaciones con la Comunidad pueden sitetizarse en cifras:

• 163 dirigentes barriales
• 25 comisarios y subcomisarios de la provincia
• 35 funcionarios públicos capacitados a través del programa de “Entrenamiento de Negociadores Gubernamentales”
• 200 Directores, Supervisores y Preceptores en “Capacitación de Abordaje de Conflictos”
• Trabajo junto a extensionistas jurídicos de la Fundación FAVIM

La mediación vecinal

Al igual que la mediación en general como forma alternativa de resolución de los conflictos, la mediación vecinal desarrollada en Mendoza por iniciativa de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, la Municipalidad de Godoy Cruz y su Consejo Departamental de Seguridad y el apoyo de la Dirección Nacional de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, busca encontrar fórmulas nuevas que permitan su resolución y significa trabajar en la búsqueda de una mejor calidad de vida para la población. El  objetivo, en síntesis, es: Promover la pacificación social a través del abordaje de los conflictos vecinales en los mismos lugares donde estos se producen. Los primeros 73 mediadores vecinales recibieron su acreditación en agosto de 2000. Algunos de ellos definieron su accionar futuro:

• “El Estado somos nosotros, funcionarios, organizaciones no gubernamentales y vecinos, por lo que tenemos que apostar a la solidaridad”.

• “La idea de participar en este programa es poder darle a los vecinos elementos que les permitan resolver sus problemas, que no se queden con la bronca con el otro vecino, sino que sepan afrontar la situación y resolverla”.

Las responsables del programa  , en su presentación pública, han señalado que “La relación entre los integrantes de una comunidad vecina es de suma importancia para el logro de los objetivos propios de la vida en democracia. Es de gran utilidad el mantenimiento de un clima de concordia y cooperación entre los vecinos para la consecución de las metas propuestas, tanto desde los ámbitos de gobierno como puede ser el Municipio, como desde las Uniones Vecinales. Estos propósitos se pueden traducir en planes de desarrollo urbanístico, cultural, social, económico, educativo, etc.” 

En sus fundamentos se ha indicado que “en medio de un Sociedad con elevado nivel de violencia y con continuas opciones de resolución de conflictos a través de la fuerza, urge incorporar nuevas pautas culturales desde la comunidad, a fin de encauzar un modo de vida basado en valores de justicia y solidaridad. Estos valores tienden a promover y estimular la paz, apoyan el trabajo cooperativo y el entendimiento en la comuna, donde personas de diferentes edades, razas, orientaciones sexuales y culturas, tratan de convivir. Ellos están involucrados y conocen la problemática barrial, comparten la historia, los valores y códigos de pertenencia de su barrio. Sin embargo con frecuencia se dificulta el diálogo por lo cual es fundamental la comunicación como valor. La comunicación facilita la interpretación, la comprensión y resolución de las disputas cotidianas entre vecinos, que viven desde hace muchos años juntos y probablemente van a vivir muchos años más en el mismo sitio. Cada conflicto ofrece una oportunidad de aprender y tal vez mejorar una situación o una relación.

La expresión de éste sienta las bases para su resolución. Que la gente hable de su enojo y de sus diferencias, es educacional tanto para el individuo como para la comunidad. Es más sano expresar el conflicto que dejarlo pendiente viviendo en el temor o actuando violentamente. A medida que la gente se exprese más, mayores serán las oportunidades de seducir y llegar a acuerdos.

Los problemas más profundos que dividen a las comunidades y a los individuos pueden ser identificados y conversados, haciendo a los vecindarios lugares más seguros y sanos donde vivir. Nuestro compromiso está puesto en la búsqueda de la instrumentación de un proceso de modernización del sistema de administración del conflicto vecinal, respondiendo a las necesidades y características de la actual conformación del cuerpo social. Desde esta visión se genera una mayor participación a través del ejercicio efectivo y permanente de nuestros derechos, intentando alcanzar una mayor y positiva integración de la comunidad. El espíritu de la Mediación y Orientación Vecinal, es focalizar los esfuerzos de los mismos vecinos en la construcción de un nuevo espacio de comunicación. De este modo podremos decir que estamos trabajando para promover la paz. De meros espectadores a protagonistas de la propia historia.

Promover la pacificación social a través del abordaje de los conflictos vecinales en los mismos lugares donde estos se producen.

 De este modo, se generaron diversos momentos y objetivos para su implementación:

• Planificación del diseño estratégico del Programa de Mediación Vecinal.
• Concientización al vecino sobre la efectividad de los métodos alternativos de Resolución de Conflictos.
• Buscar descongestionar el sistema judicial tradicional y el resto de la administración de justicia en todas sus formas, a través de la Mediación Vecinal como medio alternativo de resolución de conflictos.
• Realizar promoción y prevención en seguridad a través de la facilitación de la información en relación a los derechos que le asisten a cada ciudadano.
• Fortalecer la Mediación Vecinal, para el abordaje de los conflictos, desde las propias herramientas idiosincrásicas, culturales, y a la vez especialmente solidarias y de ayuda mutua.
• Facilitar el consenso, desde el propio ámbito vecinal.
En cuanto a la implementación, se decidió :
• Planificar estratégicamente el diseño de implementación del Programa.
• Diseñar un plan de capacitación por etapas destinado a los líderes barriales.
• Conformar el Cuerpo Docente para este Programa con mediadores del cuerpo de Mediación Comunitaria.
• Trabajar conjuntamente en lo que serán las funciones básicas de los Centros: Contención, orientación, derivación y abordaje de los conflictos vecinales.
• Lograr un mejoramiento de la comunicación en el ámbito de trabajo donde los líderes barriales se desempeñan.
• Conocer y articular eficaz y eficientemente los recursos ya existentes en la comunidad a los fines de optimizar la Derivación.
• Conformar la Red Ministerial de Mediación Vecinal.
• Crear, con profesionales del propio Ministerio, la Unidad de Coordinación Central.
• Crear un Centro de Mediación Vecinal en los puntos zonales seleccionados para este Programa Piloto.
• Relevar las problemáticas de las zonas.
• Planificar una estructura funcional que operativice optimamente el servicio de la Mediación Vecinal.
• Planificar una modalidad de funcionamiento unificada y general para todos los Centros que integren la Red Vecinal.
• Difundir el servicio de los Centros de Mediación Vecinal.

5- Consejos departamentales y foros vecinales de seguridad

“Cada grupo de personas transita, conoce, experimenta pequeños enclaves, en sus recorridos para ir al trabajo, para ir a estudiar, pasear o divertirse. Pero son recorridos muy pequeños en relación con el conjunto de la ciudad. De ahí que se pierda la experiencia de lo urbano, se debilite la solidaridad y el sentido de pertenencia”. Néstor García Canclini

La ley del sistema de seguridad pública de Mendoza (6721) establece que los municipios deben tener un Consejo Departamental de Seguridad que aglutine a los foros vecinales y uno o dos coordinadores que lleven adelante el trabajo de planeamiento participativo de la prevención comunitaria del delito.

El 13 de noviembre de 2000 asumieron los primeros coordinadores departamentales de seguridad en un acto realizado en la Casa de Gobierno al que se le dio una gran relevancia, al punto que fue presidido por el Gobernador de la provincia, sus ministros y varios intendentes, además del ex gobernador que inició la reforma policial y referentes de los principales partidos políticos.

Algunas palabras del acto:

• Arturo Lafalla, ex gobernador: “Es un avance estructural”.

• Roberto Iglesias, gobernador: “Los viejos esquemas de seguridad no daban abasto. Tal vez algunos los añores, pero el sistema anterior tenía un incremento del delito notable. Para los que reclaman volver, el sistema fracasó, no en uno o dos años, sino a través de 10 años”.

Transcurrido el primer año de vigencia de la ley que dio origen a los foros vecinales de seguridad y los consejos departamentales, el Ministerio de Justicia y Seguridad consideró que “la reforma policial ya no era patrimonio solo de los partidos políticos, sino de la gente”. Esto se dijo en un seminario que reunió a los representantes de unos 80 foros vecinales y en el que se realizó un balance provisorio:

• 320 la cantidad de reuniones realizadas en toda la provincia para explicar mediante conferencias interactivas, filminas, videos y power point las nuevas formas de participación
• 15 mil las personas que asistieron a esas reuniones
• 15 los municipios que adhirieron a la ley
• 1 coordinador de seguridad por departamento es lo que establece la ley
• 2 para los municipios con más de 100 mil habitantes
• 5 los departamentos con Coordinadores de Seguridad designados (Junín, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Tunuyán)
• 7 los coordinadores de seguridad en funciones
• 15 consejos departamentales constituídos (Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Junín, Godoy Cruz, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, San Rafael, Lavalle, La Paz, San Martín, San Carlos, Gral. Alvear y Las Heras)
• 80 foros vecinales de seguridad funcionando a pleno
• 26 foros vecinales de seguridad en formación

Toda la sociedad inició con esto una nueva forma de demanda y satisfacción en materia de seguridad que era inédita. Por ello se detectaron situaciones paradojales que preocuparon a los decisores políticos de las nuevas normas de la reforma: ¿qué pasaría si los vecinos reunidos tomaran una decisión y la carencia de fondos de parte del Estado no pudiera satisfacer esa demanda? ¿Qué poder real tendría uno solo de los ministerios del Gobierno para condicionar la concreción de lo planificado por vecinos y policías, por ejemplo, en materia de transporte público, educación, urbanismo, iluminación, salud? ¿Qué grado de importancia real le asignaría el oficial superior de policía a estas nuevas instancias de participación, cuando detrás de sí tiene toda una historia de “clientelismo” y autodecisión?

Sin lugar a dudas, de la escasa experiencia no pueden sacarse prontamente conclusiones. Sí pueden registrarse anécdotas, casos paradigmáticos, situaciones puntuales. Ninguna en sí misma puede marcar definitivamente el rumbo del sistema de participación vecinal para la prevención comunitaria del delito. Pero en conjunto implican el reconocimiento de un cambio que era necesario, que tenía orígenes remotos en otros lugares del mundo y que en una Argentina signada por el autoritarismo y la “mano dura” no habían tenido cabida.

Ya en 1829 se hablaba en Londres de las funciones que le cabrían a una “policía comunitaria”. Era cuando Sir Robert Peel  sintetizaba en alguno de los nueve puntos centrales de su tesis que el rol de la policía debía asegurar la cooperación voluntaria del público en la observancia de la ley, “manera de mantener y asegurar el respeto en la sociedad”, debe buscar y mantener el apoyo de la sociedad, “no tratando de ganar el favor de la opinión pública, sino demostrando absoluta imparcialidad en su servicio a la ley, manteniendo la independencia partidaria, sin cuestionar las leyes vigentes y con una actitud de servicio y amistad hacia todos los ciudadanos, sin importar la raza o la posición social”.

En un primer balance, la gente aprobó la instauración de formas de participación vinculadas al mejoramiento de la seguridad. Un 43,7 por ciento de los consultados por el Consejo Federal de Inversiones  calificó como “ bueno o muy bueno su funcionamiento frente a un 16,4 por ciento que opinó “regular o malo”. El punto débil es el desconocimiento de su existencia: alcanzó al 40 por ciento de los entrevistados.

En un universo de 500 personas consultadas, el 13 por ciento dijo participar en alguna de las instancias. Mientras que, al ser preguntados en torno a “de qué forma cree usted que puede mejorarse la relación de la policía con la gente”, las respuestas se repartieron de la siguiente manera:

• 69 %, enseñando prevención en los medios de comunicación;
• 50,5 %, trabajando con las organizaciones no gubernamentales de diverso tipo;
• 41,8 %, trabajando junto a uniones vecinales;
• 26 %, previniendo en el terreno el delito;
• 25,7 % desarrollando y promoviendo los consejos y foros de seguridad;
• 24,8 %, prestando un buen servicio;
• 15,20 %, participando en eventos sociales.

Nuevamente aparecen los medios en la consideración de la población. Y no resulta extraño en esta época que así sea. Hay quienes sostienen que es por medio de la televisión por donde se participa, y quienes afirman sin medias tintas que “la verdad es que la televisión es la primera escuela del niño”, como lo ha hecho Giovanni Sartori .

Sin embargo, otros resultados –más internos, más cercanos al control y seguimiento del funcionamiento de los foros- dan cuenta de una gran satisfacción: 71,2 por ciento de los encuestados dijo estar muy conforme con el trabajo de los foros vecinales de seguridad pública y 21,6 por ciento, consideró su trabajo como “satisfactorio”. Este resultado implica, sin embargo y sin falsos exitismos, una gran conformidad con la “existencia” del mecanismo de participación más que con los resultados concretos, para lo cual ya se ha dicho que resulta prematuro arriesgar conclusiones.

La promoción de la participación vecinal dio origen a numerosas convocatorias públicas específicas, que se centralizaron en un teléfono gratuito para ser luego distribuídas sus actividades a las áreas de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil correspondientes, en un trabajo de facilitación y mediación entre el Estado y la sociedad civil.

Algunas de estas convocatorias que tuvieron éxito y hoy poseen vida propia como programas de gobierno o bien como acciones de ONGs, fueron:

• A las esposas de policías. Para que participen en la elaboración y seguimiento de los diferentes programas que buscan mejorar la calidad de vida de las familias del personal de seguridad.

• A las organizaciones no gubernamentales que trabajan en prevención de la violencia. Para la creación de un registro y una guía de entidades que permitan ocupar mejor todos los recursos de la red comunitaria en la prevención de la violencia. Y para integrarlas a la participación activa en los foros vecinales de seguridad de su zona.

• A las uniones vecinales interesadas en instalar alarmas comunitarias. Para conocer el funcionamiento y antecedentes del sistema. Y coordinar simulacros de funcionamiento, capacitación y conocer otras experiencias.

• A las iglesias de las más diversas religiones. Para ofrecerles cursos de formación de promotores de paz y desarme ciudadano que trabajen en el seno de la comunidad, y para integrarlas a los foros vecinales de seguridad.

• A los padres y madres que están preocupados por los riesgos de la diversión nocturna de sus hijos. Para sumarlos a los controles de alcoholemia que se realizan los fines de semana.

• A las entidades sociales, empresarias, religiosas y culturales. Para interesarlas en la continuidad en el mediano y largo plazo de los planes de desarme con respaldo de organizaciones internacionales.

• A las reinas y ex reinas vendimiales. Para que participen en el programa Reinas Solidarias. Serán capacitadas para que participen de los foros vecinales de seguridad, alarmas comunitarias y mediación vecinal. Son referentes reconocidas por la gente y pueden optar por cumplir un rol reconstructor en la sociedad actual.

El teléfono gratuito 0800 se transformó en una forma más de participación. Algunas de las cifras de 2000-2003 registradas indican:

• 3.000 fueron las llamadas recibidas para consultar sobre el canje de armas
• 400 llamadas para felicitar, reclamar y consultar sobre diversos temas
• 35 denuncias a la línea contra la Discriminación que funcionó en combinación con el Mov. Contra la Discriminación y por la Convivencia y el Consulado de Bolivia
• 100 llamadas desde diciembre de 2000 a Fono Arma, para denunciar venta clandestina de armas
• 100 mil folletos repartidos (por pedido de la gente en los barrios vía telefónica) en toda la provincia ofreciendo los diversos servicios
• 50 llamadas en una semana para participar de los controles sociales de alcoholemia
• 500 llamadas para consultar sobre alarmas comunitarias

Mientras tanto, así como las alarmas comunitarias surgieron del debate y las propuestas de los foros vecinales de seguridad, diversos programas también tuvieron allí su origen y lograron unir a áreas muy diversas del Estado en la búsqueda de pequeños objetivos que significaron una gran satisfacción a la demanda, por ejemplo, de un foro vecinal. Esto redunda en confianza y continuidad.

Entre los programas que surgieron de este modo, merecen destacarse:

Baldío seguro

Los vecinos junto a organismos del gobierno de distintas áreas, juntan recursos humanos y materiales para limpiar grandes extensiones de terrenos que afectan la seguridad. (Seguridad, Municipios, Vecinos, Vialidad, Irrigación)  Campamentos de convivencia Unos 800 niños de escuelas alejadas participaron de los campamentos de convivencia coordinados por policías. En un refugio del pedemonte, recibieron charlas sobre la importancia de la solidaridad y conocieron el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. (Seguridad, Dirección General de Escuelas, Cooperadoras escolares, comerciantes de municipios). 

No a la violencia en el fútbol

• 50 mil folletos distribuidos durante el torneo de verano, sin incidentes de ningún tipo.
• Constitución del Consejo de Seguridad en el Fútbol con fines preventivos.
• Elaboración de la Ley del Consejo de Seguridad en el Fútbol con amplias facultades para contener en los clubes deportivos a niños y adolescentes.

Red comunitaria del Este

En el Este de la provincia, el área de Violencia Intrafamiliar de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad organizó un registro de recursos profesionales y oficiales en función de la prevención de la violencia. Funciona promoviendo charlas de capacitación sobre violencia en las dependencias policiales e intercomunicando a los diversos actores. Habilitó dos centros de atención de adicciones: en los municipios de Rivadavia y San Martín. Y creó un sistema de huertas comunitarias con familias que se autosustentan mediante el trueque.  Sí al rock, no a la violencia 16 recitales y eventos juveniles auspiciados por primera vez en el país por la Policía y sin que se produjeran incidentes. (Seguridad, Cultura de la provincia y municipios, medios de comunicación).  Línea contra todo tipo de discriminación Información telefónica y mediante la página web sobre legislación antidiscriminatoria y acciones concretas de derivación y atención de casos, mediante convenios firmados con el Movimiento contra la Discriminación y por la Convivencia y el Consulado de Bolivia.

Registro de entidades que trabajan contra la violencia

Se habilitó un registro de organizaciones de la sociedad civil con el objeto de editar un directorio (en formato de papel y en la web) a fin de facilitarle a los centros de participación vecinal información en torno a dónde dirigirse para obtener ayuda o bien para donar horas de trabajo voluntario.  Recuperación de documentos de identidad robados El programa permite que, con una simple llamada telefónica, la persona que perdió su documento lo informe y la que lo encontró también. Cruzando esa información de devolvieron en los primeros tres meses de funcionamiento unos 600 documentos de identidad a personas que lo habían perdido. A la vez, fueron informadas sobre diversas formas de participación para la prevención del delito de las que pueden ser parte.  Padres voluntarios en controles de alcoholemia El Consejo de Seguridad de Godoy Cruz y la Dirección de Participación Comunitaria, en trabajo en red con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social convocaron a padres para realizar controles de alcoholemia en zonas aledañas a locales bailables. Los padres respondieron y constituyeron dos ONGs dedicadas al tema: PAPAS y Apapre.  Formación de promotores de paz y constructores de convivencia Se dictaron seminarios de formación de promotores de paz y convivencia junto a: Rotary Club, Facultad San Francisco de la Universidad Católica Argentina, Escuelas secundarias de la provincia  

6- La experiencia participativa de los primeros cinco municipios  Godoy Cruz, las alarmas y sus centros de mediación

Abel Barbier era metalúrgico e integrante del Club del Trueque y Edgardo Salas comerciante. Ambos fueron elegidos de dos ternas como coordinadores de seguridad del municipio de Godoy Cruz. Antes, los representantes de las entidades intermedias de su municipio los habían propuesto para presidir el foro vecinal local y ahora representan la coordinación civil entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la comunidad de su departamento.

Godoy Cruz es un departamento que integra el Gran Mendoza. Tiene 75 kilómetros cuadrados de extensión y unos 194 mil habitantes . Su superficie es el 10,5 del total provincial, tiene la mayor densidad poblacional de toda la provincia, el 20 por ciento de los teléfonos, 16 por ciento de las intersecciones de calles, el 14 por ciento de los vehículos y casi un 8 por ciento de los usuarios de energía eléctrica de Mendoza están en Godoy Cruz.

Son muchas las anécdotas que pueden contar de su trabajo. Pero las características más importantes de su gestión son la gran cantidad de barrios que se sumaron a la red de alarmas comunitarias y la creación del sistema de “mediadores vecinales”. De tal modo, Godoy Cruz se caracterizó por los simulacros de funcionamiento de las alarmas comunitarias, actos que contaron con gran participación de la comunidad y de las entidades intermedias, y asimismo de las autoridades.  Y en un trabajo muy estrecho con las autoridades municipales, se logró distribuir junto a las boletas de tasas municipales, un folleto con consejos preventivos y teléfonos de utilidad. Esto llegó a cada casa del departamento y permitió una fluida comunicación entre el vecino y el Consejo de Seguridad.

Maipú y la contención social

La comuna de Maipú  también tiene dos coordinadores de seguridad. Los primeros en ocupar esa tarea formalmente son el vecino Héctor Pappaterra y la docente y directora de escuela Santa Isabel Tapia de Tieppo. Maipú acreditaba al momento de la Reforma de seguridad una amplia trayectoria en participación social para la prevención del delito. Cumplía con un intento anterior de reformas: la “Ley Bruni” que creó con escaso éxito –ésta fue la excepción- los “consejos de seguridad urbana”, tal vez demasiado corporativos y cerrados.  Aquí la apuesta central fue la contención social de niños, jóvenes y adolescentes, aunque también de sus padres y abuelos. Y el deporte el medio fundamental, en una tarea que involucró tanto al municipio como al gobierno provincial.  La prevención de los accidentes de tránsito mediante folletería de confección propia y un plan propio de alarmas comunitarias también son acreditables al Consejo de Seguridad de Maipú.

Junín y el dilema del campo

Las alarmas comunitarias y el canje de armas fueron las primeras herramientas que utilizó el Consejo de Seguridad de Junín . Sin embargo, el dilema de cómo resolver el problema de la seguridad en las zonas rurales fue tal vez el tema central de los debates. Las calles son extensas y oscuras, las viviendas distantes unas de otras y el plan de patrullaje urbano implementado en el Gran Mendoza tienta a la delincuencia a desplazarse hacia zonas más lejanas, como ésta.  Fue el primer municipio en proponer su coordinador, que fue el productor vitivinícola y dirigente gremial empresario Guillermo Maza.

Para conocer algo el territorio de Junín hay que decir que tiene 263 kilómetros cuadrados y es uno de los municipios más pequeños de la provincia, representando su superficie escasamente un 0,8 por ciento del total. Tiene alrededor de 30 mil habitantes que viven en algo más de 7 mil viviendas. A nivel económico, la vitivinicultura es su fuerte y posee el 6 por ciento de la capacidad de vasijas vinarias de toda la provincia. El sector comercial tiene, sin embargo, mayor importancia relativa: 67,5 por ciento de los locales son comerciales. Sin embargo a nivel empleo, es la industria vitivinícola la que tiene el más alto grado de asalariados, con un 89,6 por ciento; mientras que el comercio es minorista y atendido por familias, hasta el punto que más del 90 por ciento de sus trabajadores son no asalariados .

Tunuyán: eje en el Valle de Uco

Juan González, coordinador de seguridad de Tunuyán , compartió diversos roles: la Defensa Civil, la Acción Social de la comuna y la prevención del delito, promoviendo la participación. Tales características son las que hicieron de su tarea que este municipio fuera el eje del Valle de Uco, que incluye a otros dos departamentos: San Carlos y Tupungato. Así resultó durante el Plan Canje de Armas, en donde la sede del Consejo de Seguridad de Tunuyán, ubicada en la estación terminal de ómnibus, permitió que gente de todo el valle pudiera canjear sus armas.

Luján de Cuyo y las campañas de prevención

Una notable participación de las entidades intermedias caracterizó el primer año de funcionamiento del Consejo de Seguridad de Luján de Cuyo , cuya sede se instaló en el Sindicato de Empleados Municipales y el coordinador fue Walter Siracusa.  A simple vista, las múltiples reuniones fueron derivando en una gran tarea de difusión, mediante folletos entregados en mano de los vecinos de diversos barrios, con el fin de prevenir acciones delictivas.  Luján es un municipio del Gran Mendoza con centros de alta densidad poblacional y notable crecimiento demográfico, pero también de amplias zonas rurales y de cordillera. Por ello la tarea se desarrolló en forma desigual, de acuerdo a la demanda de seguridad que fue surgiendo de la gente. Aquí nació la campaña “No compre cosas robadas” y se extendió a toda la provincia.

Como consecuencia de su funcionamiento, surgieron interesantes ideas desde los foros, programas del gobierno, iniciativas populares:    www.seguridad.mendoza.gov.ar La página web del Ministerio de Justicia y Seguridad permite interactuar a los vecinos e informarse sobre formas de participación, legislación, artículos de opinión y, a la vez, dejar su pregunta u sugerencia.   Policía Comunitaria 10 mil niños participaron de escuelas permanentes de deportes, actividades culturales y sociales en toda la provincia y en planes de huertas comunitarias de autosustento, asistieron al Mundial Juvenil y recibieron beneficios sociales en coordinación con otras áreas de Gobierno. En el Sur, la Policía Comunitaria se transformó en un centro de referencia: tiene sede propia en donde funciona un centro de mediación y se logró la fabricación de alarmas comunitarias por parte de escuelas técnicas del departamento.  No compre cosas robadas 800 electrodomésticos recuperados en un solo operativo por la denuncia al 0800 por parte de vecinos. 20 mil folletos distribuidos en los barrios con la legislación que pena la compra de artículos robados.  Modelos de vida 400 niños y adolescentes distinguidos por su esfuerzo para destacarse en ámbitos sociales, deportivos y culturales, cuya misión es reproducir sus logros en la comunidad en que habita.  Capacitación turística para policías Junto al Ministerio de Economía y su Subsecretaría de Turismo se capacitó a policías de toda la provincia en información turística. Asimismo, se dieron nociones básicas de inglés y portugués.  

7- El canje de armas por mejores condiciones de vida

“...una gran proporción de las transferencias ilícitas (de armas) comienza con armas que originalmente habían sido transferidas legalmente”. Comité Internacional de la Cruz Roja

Las armas sirven para matar

“La reducción creciente de la familia a un espacio contractual y la desposesión discreta de esa unión tranquilizante con los otros, que representan el vínculo de la filiación y la manifestación de la cadena de generaciones, contribuyen también poderosamente a gravar la sensación moderna de inseguridad.”  Jean Paul Fitoussi y Pierre Rosanvallon.

¿Hace falta aclarar que las armas sirven para matar? Esta redundancia –me refiero a la de armas-matar- no está del todo claro en todos. Desde que planteamos el objetivo del gobierno de que no existan armas en la sociedad, muchas han sido las respuestas, las evasivas y aun las provocaciones.

“Las armas, sirven parar herir y no solamente para matar”. “Sirven para defenderse”. “Hay que guardarlas muy bien”. “Si la necesito, sé que la tengo a mano”. “No me quedaba otra, he tenido que comprarme un arma”. Un desconcertante coro aparecía en cada aparición nuestra justificando la muerte.

Y uno, que no le esquiva a los análisis, que a veces a abusa de la posibilidad gratuita de encontrarle el sentido a las cosas, pensó en la dictadura y su mensaje triunfal, pensó en todos estos años de democracia y cuál fue su mensaje más allá de los escándalos y las elecciones. Y nos sirve para reafirmar la idea de que estamos en el camino correcto: estos temas hay que plantearlos, discutirlos, debatirlos hasta el cansancio. “Todos tenemos fines que no podemos conseguir por nosotros mismos. Pero algunos de ellos los podemos alcanzar cooperando con otros que comparten fines similares”, escribió Robert Dahl en La democracia, una guía para los ciudadanos.

Lo cierto es que no hay vueltas que darle: las armas sirven para matar. Lo podemos decir así o recurriendo a la refranería popular: a las armas, las carga el diablo. Una sociedad armada es una sociedad dispuesta a matar. Tiene en su agenda la posibilidad de matar o morir. Terrible. Patético. Así somos. Pero no hay por qué aceptarlo. Somos una letra de tango. O el puñal de “El hombre de la esquina rosada” de Borges, cobrando vida para cobrarse muertes.

Todo el mundo se siente inseguro. Y parece que la única respuesta que se encuentra es que, entonces, haya más policías y más represión. Una solución lineal. Una “solución final”. Pero las inseguridades por las que los hombres y mujeres pasamos por estos días no tienen que ver exclusivamente con al posibilidad de ser víctimas de un delito. Es verdad, también, que la espectacularidad delictual y su mediatización aportan mucho a que esta sensación llegue, por ejemplo en Mendoza, al 90 por ciento de la gente, según lo indican las encuestas de victimización, cuando no noventa, sino siete de cada cien han sufrido en realidad algún delito violento.

La inseguridad pasa por no saber qué vamos a hacer mañana. Inseguridad es no tener horizonte a la vista y por lo tanto, correr el riesgo de naufragar sin más, como ya lo han hecho –y lo peor de todo es que hemos sido testigos presenciales de ello- nuestros amigos, vecinos y parientes. De allí la cita de Fitoussi y Rosanvillon, que resulta un análisis actual y que está lejos de los falsos embanderamientos reaccionarios con la nostalgia de la familia. ¿Hay una respuesta única y automática capaz de resolver la inestabilidad emocional, la inseguridad de vida y en algunos casos el desprecio por ella? ¿Desembocaremos irremediablemente en un nuevo fracaso como sociedad? Si despreciamos la vida, hasta el punto de tener un arma disponible para ser usada, ¿acaso amaremos la muerte?

La complejidad del tema no nos tiene que dejar perplejos. Hemos propuesto que nadie tenga armas. Y esto conduce a múltiples caminos: que apostemos a convivir, que miremos hacia nuestros lados, que renovemos la solidaridad, que reconstruyamos cadenas de confianzas con el vecino y hasta con quien vive en nuestra propia casa, que empecemos por decidirnos en contra de la esperanza de la muerte y a favor de una posibilidad de vida.

En definitiva, cuando se toca un tema tan sensible –el más sensible si los hay- se nos mueven todas las fibras. Queremos vivir. Pero queremos vivir bien. Y eso es bueno que así sea y es un buen objetivo para todos. Le podríamos echar todas las culpas a la televisión, después de todo, las tiene. Haríamos causa común con Giovanni Sartori en su Homo videns, con Bourdieu, en su Sobre la televisión,o en Román Gubern con su El eros electrónico.

Mi hijo dice que no es verdad, que las armas no matan. ¿Qué otra cosa puede opinar, si en su imaginario siguen haciendo –sutil e inocentemente- de las suyas, más allá de las bombas ACME, el Coyote y el Correcaminos? ¿O qué otra cosa más que como un espectáculo podría calificar la transmisión en vivo y en directo de una toma de rehenes, de un tiroteo o del rescate de un cuerpo tras un choque, descuartizado y rojo de sangre?.

Es que la televisión ha hecho de las suyas, pero no lo podría hacer sin nosotros. El círculo, sigue girando. ¿O los que transmiten las noticias que nos hacen sentirnos vulnerables no son sufren, también de esa inseguridad multifacética de la que venimos hablando, con la rara y privilegiada oportunidad de multiplicarla hasta el escándalo? Es Bourdieu el que dice que “nuestros presentadores de noticieros, nuestros moderadores de debates, nuestros comentaristas deportivos se han convertido, sin tener que esforzarse demasiado, en solapados directores espirituales, portavoces de una moral típicamente pequeñoburguesa, que dicen ´lo que hay que pensar´ de lo que ellos llaman ´los problemas de la sociedad´, la delincuencia en los barrios periféricos o la violencia en la escuela”.

La nuestra, al recordar que las armas son para matar, no es una postura valiente, testimonial, utópica y políticamente correcta. Es una acción. Y creemos que está bien que así lo sea. Una acción de gobierno, porque estamos en el gobierno. Pero una acción de la sociedad, porque es la sociedad la que, más allá de los comentarios ha sabido debatirlo. Y ahora lo hará con sus hijos, cuando ellos les cuenten el martes que van a llevar sus armas de juguete a la escuela, para destruirlas, fundirlas y verlas volver hechas macetas, libros, árboles.

El cambio de muerte por vida no es un milagro. Es una acción posible en este mundo. Así lo creemos.

Génesis y el debate

La puesta en marcha del Plan Canje de Armas por vales canjeables en comercios de barrio por alimentos básicos, nació como una propuesta destinada a establecer una fuerte posición oficial del Gobierno de Mendoza a favor de una sociedad sin armas. Y así se hizo.

De este modo, el debate y la implementación permitieron, además, fortalecer la idea de reforma del sistema de seguridad. El tener o no armas en la casa fue el eje de una discusión que se dio en la Legislatura, en los medios masivos y alternativos de comunicación, en los bares, en las cámaras comerciales, escuelas, centros religiosos y en la casa de gran parte de los mendocinos.

Y el debate se trasladó rápidamente al escenario nacional, en donde opinaron desde el presidente de la Nación hasta sus ministros, gobernadores y ministros de provincias y legisladores de los más diversos partidos. El 1 de febrero de 2000 el ministro de Justicia y Seguridad, Leopoldo Orquín lo señaló tan solo como una posibilidad en el transcurso de una reunión de la Comisión legislativa Bicameral de Seguridad e inmediatamente se instaló el debate público. Por cierto, quienes fogoneamos la idea fallamos en no lanzarla desde un principio como una propuesta integral y dudamos. Pero el paso del tiempo dio la razón y el plan fue un éxito bajo la coordinación del periodista Martín Appiolaza, quien dejó su puesto en el diario Los Andes para abocarse a toda una tarea de estudio, consenso y ejecución del tema, acompañado en la fundamentación legal por la abogada Paula Vetrugno. Hasta entonces, se desconocía la existencia de experiencias similares en otros lugares del mundo. Pero internet permitió llegar al caso de Panamá, relatada por el especialista norteamericano William Godnick, quien luego visitara Mendoza y se transformara en un entusiasta promotor del Plan mendocino y sus resultados.

En su informe preliminar, Martín Appiolaza indicó:

“En la Argentina tener armas fue durante muchos años algo habitual. El único trámite era comprarlas. No importaba si era para cazar, para divertirse, sentirse seguros o matar. La falta de legislación terminó complicó todavía más las cosas. Es que el Estado siempre
consideró el tema como algo menor. Durante años esas armas, pasaron de mano en mano o estuvieron guardadas en el fondo de un placard. Y pocos las quisieron registrar cuando empezaron los controles. O las destruyeron, se las quedaron o las vendieron por menos de lo que valen en el mercado negro.”

Unos días después del anuncio en Mendoza, el ministro y algunos de sus colaboradores lo propusimos en el seno del Consejo de Seguridad Interior, en una reunión realizada en la quinta presidencial de Olivos. En una mesa que compartimos con el gobernador Roberto Iglesias, el presidente De la Rua, los ministros de Justicia Ricardo Gil Lavedra y Federico Storani, el diputado de Mendoza Sergio Bruni y el subsecretario provincial de Seguridad Alejandro Salomón, junto al autor de este trabajo subsecretario de Relaciones con la Comunidad del gobierno provincial), incluyeron la propuesta de desarmar a la población como un objetivo de la Nación.

Ya en Mendoza, la tarea legislativa de debatirlo y aprobar una ley “posible” más allá de las buenas intenciones y aun a pesar de una legislación nacional abundante, pero contradictoria y llena de baches que sortear, fue dura. Hubieron varias visitas de los funcionarios a la Legislatura, diputados y senadores dudaron primero y luego apoyaron, y se chocó con la tenaz oposición del demócrata y ex funcionario de la dictadura Alberto Aguinaga, (que ocupaba una banca de diputado) y la dubitación transversal de muchos. Hasta el punto que en Senadores no hubo discusión y en Diputados la postura oficial del gobierno la fijó un opositor  .

El Plan se hizo y se contó con una amplia participación social. La Argentina lo tomó como propio ante la primera Conferencia Internacional sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Livianas realizada en Nueva York en 2001 y habló de él el ministro del interior, Ramón Mestre. Martín Appiolaza, coordinador del plan canje, asistió invitado como tal y como militante social.

El canje de armas de Mendoza, en tanto, dio origen a propuestas de cambio del sistema nacional de registración de armas, la creación de una Comisión de Desarme Ciudadano  y la presentación de varios proyectos de ley de alcance nacional sobre el tema , además de una serie de nuevas leyes provinciales en Chaco, Salta, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Chubut, Buenos Aires y Capital Federal.

En diciembre de 2006, finalmente y tras la conformación de la Red Argentina para el Desarme, el Congreso de la Nación aprobó la ley por la que tanto bregó Mendoza.

La experiencia de Mendoza: Participación transversal

“Moraleja: decir que a las armas las carga el diablo significa delegar responsabilidades. Es una peligrosísima comodidad.”  Rodolfo Braceli

¿Cuánto importa la reducción de la disponibilidad de las armas de fuego más comunes, las llamadas técnicamente como “pequeñas y livianas”, en la vida segura de las comunidades? Indudablemente, mucho. Sucede que su proliferación mata: las armas no sirven para otra cosa. Pero más allá de la psicosis colectiva por la inseguridad, su presencia en un hogar sirve para “resolver” de la peor manera posible cualquier tipo de conflicto o problema. De este modo, veremos que no representan solo una “herramienta” de ataque y defensa, sino que se transforman en potenciadoras de conflictos menores, en ejecutoras de “justicia por mano propia” y tal vez en algo que podríamos llamar “eutanasia social”: una sociedad que se suicida, ya sea literalmente frente a las frustraciones, opresiones, exclusiones, o simbólicamente, vale decir, cuando la sociedad –acorralada por una inseguridad real o virtual- empieza a disparar a todo lo que se mueve. Su objetivo primario de desarrollarse, vivir y generar y promover vida, se invierte. Si no hubiese un arma a mano, ¿cómo resolveríamos el conflicto? Si decidiéramos participar activamente en las políticas y decisiones que tienen que ver con la convivencia en nuestro espacio público, ¿necesitaríamos de armas de fuego?. Si se convocara desde el Estado o desde la comunidad a que se eliminen las armas, a que se controlen los depósitos oficiales, a que se actúe estrictamente con la venta legal, ¿quién alimentaría el mercado ilícito? Algunos de estos interrogantes han sido respondidos por experiencias que se vienen desarrollando en el mundo desde no hace más de diez años.

En general, las políticas o programas de seguridad en la Argentina no contemplan la solución de problemas de fondo, sino que se ocupan de responder a la demanda mediática puntual, coyuntural, de manera esquizofrénica.

No será nuestro caso analizarlo tampoco. Pero si abordaremos un fragmento de la problemática que llamaremos de la “convivencia urbana”, cada día más difícil, compleja y condicionada por factores externos a la comunidad en la que estamos insertos de manera inmediata.

Pretendemos demostrar o plantear varios ejes de debate a la vez:

• Si no participamos en las decisiones que inciden sobre nuestra vida y la de nuestras familias y vecinos, la situación no la resolverá otro.

• Si buscamos enterarnos de lo que pasa en nuestro barrio, escuela de nuestros hijos o en el club mirando televisión, estamos equivocando la ventana por la que hay que asomarse.

• Si el pánico nos gana y buscamos salvarnos solos, es posible que transformemos a nuestra casa en un bunker, a nuestro barrio en la escena de un crimen del que nunca pensamos ser parte, a nuestra vida en todo lo contrario: en muerte.

Con estos planteos –en los que deliberadamente dejamos fuera al rol del Estado, ya que estamos hablando de nuestro rol en la sociedad, más allá de las políticas o programas que se implementen desde el Estado- lo que se pretende es llamar la atención sobre el o los análisis, respuestas, comentarios  que a diario debemos emitir casi obligadamente en torno a la tan mentada “inseguridad”.

La promoción del pánico de la que habla, por ejemplo, Michael Moore en su documental “Bowling for Columbine”, nos lleva a encerrarnos. La sociedad argentina ha tomado una decisión extra, no sin el aliento de medios de comunicación que, además, atienden por ventanillas de agencias que venden seguridad privadas, diarios que venden morbo o empresas que venden blindajes, rejas, alarmas y otros accesorios vinculados. Y esa decisión es armarse: 24 por ciento se incrementaron las registraciones de armas entre 2000 y 2004.

Queda claro que el arma de fuego sirve solamente para matar. No sirve para otra cosa.

Lejos de mejorarse la situación de seguridad y de convivencia, esto ha potenciado la violencia. Uno de cada 9 argentinos  tiene un arma de fuego, legal o ilegalmente (no es necesario que sea ilegal para que mate o hiera). La cantidad de muertes por accidentes, de personas que resultan heridas por enfrentamiento entre bandas que comercian ilícitamente, en “gatillo fácil”, por balas perdidas, suicidios, en ataques para amedrentamiento, para detentar poder territorial, etc. lejos de disminuir, han aumentado.

La sensación de la sociedad y de sus referentes más destacados en la prensa, no ha cambiado, a pesar de la inmensa disponibilidad de armas. La seguridad no se ha conseguido y la convivencia resulta imposible dentro de las propias familias, en donde confluyen violencias de todo tipo: económicas, sociales, de género, institucionales.

Que la sociedad se armara, en definitiva, no sirvió para crear convivencia. Que se promoviera la punición extrema de los delitos, mucho menos, ya que el problema es que nadie atrapa a los autores de los delitos y por lo tanto no hay a quien aplicarle esas penas más duras. La Justicia no se reformó y la policía sigue siendo poco confiable.

La vida en sociedad, entonces, podemos decir, tiene ahora un problema extra: le dijeron que disfrutara de los años 90 y que en caso de problemas disparara su propia arma, en “legítima defensa”, “haciendo justicia” –ya que no hay otra, salvo en quien crea en divinidades- y sospechando del otro, dentro o fuera de la casa.

Dónde mueren los que mueren bajo las balas

Las antinomias de la historia argentina, los grupos armados y la represión de las distintas dictaduras militares que gobernaron este país, dejaron una fuerte impronta de violencia a las generaciones venideras.

La restauración del sistema democrático mediante elecciones libres en 1983 permitió un histórico juicio y condena a los militares de la última dictadura. Sin embargo, los principales responsables y aquellos que obedecieron ordenes fueron liberados de sus responsabilidades mediante indultos y leyes especiales realizadas primero por los primeros dos presidentes de la nueva democracia, Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Todavía existen deudas sobre la desarticulación del aparato represivo, mediante necesarias reformas al sistema de seguridad pública, tanto a nivel nacional como en ámbitos provinciales.

La ausencia de políticas de seguridad de mediano y largo plazo quedó en evidencia con el descalabro social originado por la política de concentración económica y exclusión social generada en la Argentina en los años 90.

Desempleo e inseguridad fueron la marca de esos tiempos, y aun la recuperación parece difícil.

No hay estudios publicados en el país sobre violencia y armas que abarquen la totalidad del territorio. Pero hay indicios de que la violencia social, hacia adentro de cada hogar, se potenció por la tenencia, descontrol y subestimación existente del poder de las armas de fuego.

De tal modo, el estudio realizado en la provincia de Mendoza por Espacios, dio cuenta que de 1.000 muertes producidas con armas de fuego en 10 años, el 90 por ciento se produjo entre personas que se conocían, eran familiares, amigos o comerciaban entre si .

Vale decir que fue peor encerrarse. Los problemas de adentro del ámbito familiar o del círculo de relaciones cercanas está también atravesado, condicionado y tal vez sitiado por nuevos conflictos y violencias que se han ido resolviendo, en definitiva, con la herramienta que estaba más cerca de su mano: un arma.

Sumada la situación social a la carencia de controles por parte del Estado, a priori la prensa -frente al debate nacional instalado en los últimos dos años sobre el problema de las armas y su incidencia en la inseguridad- ha señalado que existe una incapacidad estructural para controlar la circulación de armas.

De tal modo, debe señalarse que el RENAR (Registro Nacional de Armas) tiene en sus archivos registrados un total de 805.097 usuarios legales de unas 2.625.000 armas. Esas cifras se duplicarían si se sumaran las que se calcula existen ilegalmente o sin registrar.

Datos recientes dan cuenta de un incremento de 50 por ciento de los homicidios producidos en la provincia de Buenos Aires entre 2001 y 2002 . Cada tres horas se produjo un homicidio doloso en ese lapso en la zona señalada.

De modo contrastante, debe señalarse la evaluación formulada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza para el mismo período: entre 2001 y 2002 se redujeron en 18 por ciento los homicidios con armas de fuego . Ese índice es adjudicado a la eficacia de los programas de control de armas puestos en marcha allí.

Por qué desarmar es bueno para la salud

La violencia armada no es solamente un problema de aplicación de la ley, o un problema de seguridad. Esta forma de violencia ha generado principalmente una enorme crisis en la salud pública mundial. La violencia producida por armas pequeñas ocasiona un sufrimiento inmenso a amigos y familiares de centenas de millares de muertos y de más de un millón de heridos todos los años. Además de los efectos inmediatos, están las lesiones físicas y sicológicas permanentes, la destrucción de familias, la pérdida de productividad económica, el desperdicio de recursos muchas veces escasos de los servicios de salud que son factores difíciles de ser evaluados.

Para conocer la incidencia que estas pequeñas armas tienen en la salud, debe señalarse que en países con conflictos armados –y no hablamos solo de guerras, sino de fuertes enfrentamientos con armas-, la infraestructura de Salud Pública se vuelve desorganizada y los servicios prestados sufren con el exceso de demanda, que disminuye, por ejemplo, los stocks de sangre.

El costo económico del tratamiento de las víctimas y de la pérdida de productividad generada por la pérdida de la fuerza de trabajo, es extremamente alto. El costo de las muertes con armas de fuego totaliza el 14 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de América Latina, 10 por ciento del PBI de Brasil y 25 por ciento del PBI de Colombia. En Canadá, estos costos son estimados en 6 billones de dólares por año .

Hemos dicho que las armas solamente sirven para matar. Tal fue el eslogan que inundó Mendoza entre 2000 y 2001 cuando hizo el plan que hemos estado anunciando antes y que todavía no desarrollamos íntegramente. Fue el primero en el mundo en realizarse como parte de una reforma del sistema de seguridad pública y de carácter preventivo. Los antecedentes existentes hasta entonces eran en sociedad post conflictos e involucraba la reinserción de ex combatientes, por ejemplo.

Para hacer frente a las consecuencias de convivencia, sanitarias, económicas y hasta políticas de la proliferación y disponibilidad de las armas de fuego y municiones, es necesario políticas-y ya no solo programas- de desarme y control integral de armas, con una fuerte organización y participación de la sociedad civil en lo que se refiere al control, la promoción y la ejecución. Esto, junto a un Estado que sea capaz de integrar agencias en función de un objetivo que no siempre es común a alguna de ellas. Y porque no hay nadie mejor que la propia sociedad civil para recibir la confianza de sus iguales.

Los programas de desarme buscan que nadie tenga armas en su casa. No importa si se es delincuente o no. Y, centralmente, tampoco se busca que el que delinque vaya altruistamente a entregar su arma. Sino que se propone:

• Quitar un problema de los hogares: tener un arma es tener un problema.

• Disminuir el volumen de transferencia de armas domésticas al mercado negro, algo que no está medido en la Argentina, pero que en Chile representa el origen del 90 por ciento de las armas decomisadas por Carabineros.

• Intervenir indirectamente en el mercado ilegal al ofrecer estímulos para que centros controlados oficialmente sean los que las reciban y luego destruyan, y no sectores grises, intermediarios que las reingresen a circuitos legales o directamente al mercado negro.

• Promover formas de construcción de la convivencia de carácter colectivo, y no individual, eliminando de la “agenda de vida” de la población la posibilidad de transformarse de un día para el otro en asesinos.

• Dejar al descubierto con mayor claridad, el campo en el que se mueven las trasferencias ilegales.

• Generar una cultura de la paz, integrando a la población a planes participativos de seguridad y a las escuelas.

Recapitulando: ¿Por qué desarmar?

• Hoy en día, las armas técnicamente llamadas “pequeñas y livianas” son “las verdaderas armas de destrucción masiva”, según ha dicho el Secretario General de la ONU, Kofi Annan.
• Según la organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, todos los años cerca de 500 mil personas mueren en el mundo por causa de armas pequeñas usadas en conflictos, crímenes y otras formas de violencia. De ese total, 300 mil mueren en conflictos armados, y 200 mil son víctimas de homicidios, crímenes, suicidios y accidentes. En otras palabras, una persona muere cada minuto por causa de estas armas baratas y adquiribles a la vuelta de la esquina. La mayoría de las víctimas de la violencia es civil, y buena parte son mujeres y niños.

• “El uso de armas de fuego está fuera de todo control” , según han denunciado organizaciones internacionales de prestigio y la Argentina no está exenta de esa calificación.

• Las armas pequeñas son de fácil adquisición, sea de forma legal o ilegal, son fáciles de esconder, de usar y difíciles de controlar. Las consecuencias puede ser vistas todos los días en los diarios y en las noticias de la televisión. Hombres, mujeres y niños están en la línea de fuego cualquiera de nuestras ciudades. Adolescente y jóvenes son los que corren el mayor riesgo, pero los hombres aparecen más vulnerables que las mujeres. A nivel internacional, según el Instituto Superior de Estudios de Religión (ISER), en Río de Janeiro, en 1998, las armas de fuego mataron jóvenes con edades entre 15 y 19 años (este factor es mayor que todas las otras causas de muerte unidas).

• Reducir la cantidad de armas es el recurso más eficiente para disminuir la cantidad de muertos y heridos por la violencia social. El arma de fuego es uno de los principales instrumentos para la práctica de la violencia en los conflictos, así como en la represión gubernamental o en los crímenes.

• Las armas de fuego son mucho más un peligro que una protección, ya que aumentan el riesgo a los dueños de ser muertos y heridos, es así como generan una falsa sensación de seguridad. Comprada para el uso en autodefensa, un arma guardada en casa aumente el peligro para la familia: esas personas tendrán cuatro veces de resultar heridas accidentalmente, siete veces de ser usada en asaltos u homicidios y 11 veces en ser usada en tentativas de suicidios. Incluso los policías, que son entrenados para manejar armas, tienen riesgo de ser víctimas de sus propias pistolas. Un estudio publicado por el American Journal of Public Health (Estados Unidos, 1993) reveló que 20% de los policías baleados o muertos en los últimos 15 años en los Estados Unidos fueron víctimas de sus propias armas. Además, usar un arma de fuego para resistir un asalto, aumenta las chances del dueño de morir por un disparo.

Un dato que no debe quedar al margen es algo que ya hemos dicho: el desarme no debe ser un programa sino una política, o parte de ella. Es por eso que las armas recolectadas no deben ser recicladas, sino todas destruidas, al igual que las municiones. Ese hecho puede transformarse en si mismo en un evento promotor de la paz.

Varios países han generado corrientes artísticas con armas destruidas. De ese modo no solamente estimulan la cultura de la paz sino que, en muchos casos, intentan superar el trauma de conflictos extensos y destructivos.

En la Argentina, la fallecida escultora Eliana Molinelli, tras realizarse el Plan Canje de Armas de Mendoza, propuso crear una corriente artística trasndisciplinaria. Creó un monumento, varias esculturas con las armas destruidas y distribuyó restos a un centenar de los más grandes escultores y artistas plásticos del país, que están elaborando obras que se exhibirán en conjunto en 2005, en la primera semana de Julio, la “semana mundial del desarme”.

La experiencia argentina

Algo hemos venido diciendo en torno al plan de Mendoza.

Un canje de armas o programa de amnistía fue formalmente presentado a la legislatura provincial en Mendoza, en Febrero el 2000.

Las primeras reacciones fueron de carcajadas que después se convirtieron en un candente debate sobre si tal esquema desarmaría a los criminales. Los simpatizantes del tema  en todos los tres principales partidos, Alianza, Justicialista y Demócrata, fueron más realistas y propusieron que tal esfuerzo se enfocaría más sobre el cambio de las actitudes y cultura locales en relación a los instrumentos de violencia.

Como es usual, el debate incluyó el punto de vista que la entrega voluntaria de armas “dejaría indefensos a los ciudadanos honestos contra criminales bien armados”. Sin embargo, a diferencia de muchas otras sociedades, el debate sobre el rol de las armas en la sociedad no fue estrictamente sobre las líneas partidarias; los partidos gobernantes Alianza y Justicialista estaban unánimemente de acuerdo para la recolección voluntaria de armas, mientras los Demócratas estaban divididos entre varios liderazgos en la misma legislatura bajo la misma bandera partidaria.

Aunque con amplio apoyo político en la provincia se llegó hasta el 9 de Agosto del 2000 en que se aprobó la Ley Provincial sobre Desarme 6809. Esta ley hizo lo siguiente:

• Hizo posible la entrega de armas legales e ilegales, explosivos y municiones a cambio de un beneficio en especie para el propósito de destrucción por un periodo de 180 días con la posibilidad de continuar con el proceso por 180 días adicionales.

• Creó dos líneas telefónicas abiertas para llamar sin costo, una bajo la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad para suministrar información en relación al programa de entrega de armas y la otra bajo el control de la policía de investigaciones para denunciar la presencia y localización de armamento ilegal.

• Estableció el marco para desarrollar mecanismos de prevención para la entrada ilegal de armas de fuego, explosivos y municiones en el territorio provincial.

• Promovió el desarrollo de una estrategia para la mejor implementación y control del registro regional de armas de fuego y del intercambio comercial de armas de fuego.

Una vez establecido el marco legal, la tarea de planificar e implementar el esquema de recolección de armas fue colocado en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad –específicamente de la Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad.

El enfoque central fue el comunicacional multidireccional.  Esto no solo ayudó a conceptualizar el reto de motivar a los ciudadanos de entregar las armas desde una perspectiva más sociológica, sino que los contactos con los medios aseguraron que el programa sería cubierto por los periódicos durante todas sus etapas. Hay autores  que apuntan que la triangulación de apoyo del gobierno local, los ciudadanos y los medios es crítica para el éxito de programas diseñados para mejorar la seguridad comunitaria. En este punto estuvo el principal desafío del Estado, que era convencer a la ciudadanía de aceptar el programa y de participar.

Antes de continuar, los organizadores contactaron a docenas de ONG participantes en la emergente Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA) , incluyendo al movimiento de desarme brasileño de alto perfil conocido como Viva Río .

Además de apoyo moral y motivación, IANSA y Viva Río puso al gobierno de Mendoza en contacto con el Bufete de Ayuda para el Desarme Práctico en el Bonn International Center for Conversion (BICC) del cual recibieron consejo experto e intercambio sobre diferentes ideas y enfoques. El BICC ya había desarrollado una guía para una mejor práctica en recolección de armas y destrucción con versiones en inglés, español, francés, portugués y ruso que fue usada como un punto de referencia clave para desarrollar todo el esquema del programa .

Durante las etapas de planeamiento el programa de Mendoza no solo se benefició de otras experiencias en Estados Unidos y América Latina, sino también del abordaje pionero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Armas para el Desarrollo” en Albania. Si bien pueden haber opiniones contendientes en cuanto a la efectividad y eficiencia del esfuerzo piloto de recolección de armas del PNUD en Gramsh, Albania, el concepto trajo la idea de promover la participación comunitaria en el desarme con la promesa del desarrollo de los bienes públicos e infraestructura de la comunidad. Como veremos más adelante en Mendoza se decidió desarrollar un programa híbrido combinando los beneficios materiales individuales del enfoque de “Bienes a cambio de armas”  con incentivos colectivos para la comunidad.

Sus metas y objetivos

Las metas y objetivos del Plan Canje de Armas de Mendoza deben ser vistas en el contexto del acuerdo político multipartidario que hizo posible su implementación. Bajo este acuerdo se adoptó una nueva política pública de seguridad incluyendo reformas significativas del sector policial, incremento de la investigación y el procesamiento de las redes de crimen organizado y mejoras en el procedimiento de las patrullas en el Gran Mendoza. Puntos focales adicionales incluían la ampliación de los programas de resolución de conflictos vecinales y mediación, sistemas de vigilancia comunal y foros para asegurar la participación ciudadana directa en la política del sector seguridad.

El Plan Canje de Armas se dispuso a comunicar el mensaje de desarme a todos los niveles de la sociedad, a proveer consejería y subrayar sobre los múltiples peligros que entraña la posesión de armas de fuego.

Los objetivos específicos del programa eran:

• Elevar el precio de las armas de fuego en el mercado negro;
• Reducir el número de armas disponibles a los criminales;
• Prevenir mayor proliferación de armas de fuego;
• Reducir el número de muertes, accidentes y lesiones;
• Reforzar la relación entre armas y violencia;
• Incrementar la solidaridad comunitaria;
• Desarrollar programas complementarios para beneficiar la seguridad pública.

Campaña de educación pública

Con anterioridad, los organizadores del programa admitieron que no era probable que un esfuerzo de recolección voluntaria de armas llevara a la entrega de las mismas de parte de criminales y que la verdadera meta era influenciar un cambio en la cultura y las actitudes hacia el rol de las armas en la sociedad. En este contexto la campaña de educación pública se volvió igualmente importante como el programa de entrega de armas. A fin de hacerlo saber al público y motivarlo a participar en el Plan Canje de Armas se implementó una estrategia multimedia por el gobierno. Esta campaña de educación pública incluía:

• El establecimiento de un número 0-800 sin costo y anónimo donde la gente pudiera conseguir información sobre el Plan Canje de Armas;
• La cobertura constante de parte de los periódicos;
• Anuncios televisados que mostraban dos pistolas idénticas lado a lado frente a un niño a quien se le pedía que distinguiera la verdadera de la de juguete;
• La creación de un sitio web con todos los detalles del programa;
• La incorporación de organizaciones no gubernamentales, específicamente grupos vecinales y la Liga de Fútbol del Gran Mendoza, como extensionistas a nivel de la comunidad;
• Implementación de una campaña de entrega de juguetes violentos en las escuelas de primaria locales.

El componente más poderoso de la campaña de educación pública del gobierno fue la campaña de entrega de juguetes bélicos llevada a cambo en las escuelas primarias locales. Las acciones de entrega de juguetes violentos no son nada nuevo y han sido probadas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, lo que hizo algo original de esta experiencia era la forma en que se conectaba directamente en el venidero programa de canje de armas y en que los niños no sólo eran educados sobre los peligros de las armas, sino también usados como vehículos para influenciar a sus padres que podrían efectivamente tener armas de fuego en su casa.

Alrededor de unos 6.000 escolares entregaron más de 6.000 juguetes violentos y juegos a cambio de libros, plantas y arbustos en macetas. Escuelas de nueve departamentos (divisiones políticas similares a condados) participaron en la provincia de Mendoza.

Los psicólogos recomendaron no destruir los juguetes porque esto podía ser visto como un “acto violento”, y que mejor se derritieran los plásticos y se incorporaran en mosaicos o trabajos de arte a ser exhibidos en la escuela. En muchas escuelas, se actuaron dramas, se cantaron corales y lanzaron globos al cielo con mensajes contra la violencia. En un punto, en una escuela particular, toda la excitación llevó a un grupo de muchachos casi al enfrentamiento porque cada niño apoyaba un equipo de fútbol contra otro, Boca Juniors versus River Plate. Cuando el Director General de Escuelas (Ministro de Educación) se dio cuenta hizo que ambos grupos se pusieran frente a frente y se diesen la mano y abrazaran. Esto puede sonar trivial, hasta ridículo, pero aquellos que conocen la seriedad con que los fanáticos argentinos apoyan a sus equipos de fútbol verían alguna significación en este acto, por muy corto que sea su impacto.

En resumen que la campaña de entrega de juguetes violentos llegó a un amplio público que incluía 6.000 niños, sus maestros, padres y familias. Varios participantes en el programa de canje de armas que comenzó un mes después mencionaron la influencia de sus hijos en la decisión para entregarlas.

En conclusión, en dos etapas, el plan recolectó cerca de 3000 armas de fuego y más de 8 mil municiones. Todas, en estado de ser usadas. William Godnick, del Instituto Monterrey (EEUU) y de la Universidad de Bradford, emitió un informe en que concluyó que el plan mendocino redujo en 15 por ciento la circulación ilegal.

Ya hemos dicho al inicio que el plan disminuyó 18 por ciento las muertes por armas de fuego entre 2001 y 2002 y que cambió la actitud de los mendocinos hacia las armas de fuego y en torno a su utilidad como forma de garantizarse seguridad.

Sin embargo el plan se interrumpió con el cambio de gobierno en 2003, y estas son políticas que deben perdurar en el tiempo para poder evaluar fehacientemente su impacto.

¿Cómo evaluar?

De acuerdo con autores especializados en la materia como Richard Rosenfeld  hay tres tipos de metas de programa a ser evaluados en relación a los programas de recompra o canje de armas:

1. metas inmediatas relacionadas con servicios de entrega,
2. metas intermedias tales como conciencia pública y
3. las metas finales del programa (ya enunciadas).

Otras opiniones citadas en un trabajo evaluatorio que de aquel plan, que hemos venido citando y que se llama “Transformando actitudes hacia las armas de fuego” indican que la toma de conciencia pública tendrá que medirse a través de una variedad de encuestas de opinión y grupos focales.

Un grupo multidisciplinario que incluya organizaciones comunales, funcionarios de policía y salud pública, deben estudiar las otras y más complejas metas de largo plazo.

“El éxito –dice el investigador estadounidense William Godnick- se mide por la vía del fortalecimiento de los lazos comunitarios, la movilización del apoyo para el liderazgo comunitario y llamar la atención hacia otras formas de control social capaz de reducir la violencia armada en vez de métodos tradicionales de control del crimen”.

En tanto, otros autores como Michael Romero y Garen Wintemute , en su estudio de un programa en Sacramento, California en 1993 concluyeron que los beneficios potenciales de un programa de recompra de armas son más fácilmente medibles en el nivel hogareño que en el comunitario.

Que nadie más muera por arma de fuego en Argentina

Hay quienes sostienen que no hay que sostener utopías, así como hubo quienes proclamaron que “la duda es una jactancia de los intelectuales”. Abundan los que reclaman más de lo mismo para que lo mismo no cambie, sino que se potencie. Trasladado a la violencia, víctimas utilizadas como líderes de último momento –en un país con escasa confianza en los liderazgos políticos- logran con reclamos de recetas de “mano dura”, intolerancia y armamentismo policial que la violencia se ensimisme y recicle.

Pero también hay experiencias concretas que permiten demostrar que se puede construir una convivencia comunitaria, apelando a la palabra como arma, a la organización como estrategia y a la vida como horizonte.

Es por esto último que la Argentina tiene una oportunidad de generar expectativas de la estura del deseo de que “nadie más muera por arma de fuego, ya sea por homicidio o suicidio”.

Esta salida, como casi todas, es una construcción necesariamente colectiva.

Es posible hoy observar y evaluar sobre la marcha el proceso que está viviendo Brasil con la implementación de un Estatuto de Desarme que plebiscitará en 2005 si se prohíbe o no la portación de armas, apelando a la máxima posibilidad de participación democrática para buscar salidas a las muertes por armas de fuego: el referéndum.

Es interesante trabajar en torno a un nuevo paradigma, el de “la paz urbana”, entendiendo por paz un concepto nuevo y más amplio que aquel que la definía como “ausencia de guerra”, y entendiéndolo como la posibilidad de desarrollo de la seguridad humana, más allá de los acotados conceptos de seguridad ciudadana, inseguridad, penalización o vigilancia.

Y entender, centralmente, que no es casualidad que resulte tan difícil poner en marcha un plan de desarme en la Argentina, algo que sólo ocurrió hace casi 5 años en Mendoza y que tantas veces como años han pasado ha sido propuesto a la Nación, sin éxito todavía, aunque con recientes expectativas abiertas.

La repercusión antes y después

La prensa local y la nacional tomaron caminos diferentes : en Mendoza fue primero cautelosa, luego crítica, después indiferente y finalmente apoyó al ver sus resultados.

“Idea brillante, o un parche para ir tirando”, se preguntó Ricardo Montacuto en Los Andes del 23 de febrero de 2000, en una columna de opinión que acompañó la noticia del envío del paquete de leyes de desarme a la Legislatura y la intención mendocina de tentar a la Nación. Mientras tanto, el diario UNO tituló una de sus notas editoriales –y huelgan los comentarios a partir de la contundencia del título- “Pistolas por fideos”. A nivel nacional, Clarín, el 9 de marzo del mismo año alertó desde un editorial sobre “El peligro del armamentismo civil” y advirtió:

 “en nuestro país se avanza a nivel oficial, nacional y provincial, en la propuesta de planes de canje de armas como modelo de contribuir a la lucha contra el delito”.

Finalmente los análisis de la prensa fueron favorables al plan: se había demostrado que no era una idea utópica y que debatir temas polémicos es positivo, aun cuando se empiece perdiendo, como fue nuestro caso.

El 5 de diciembre de 2001, Clarín  lo evaluó en una nota editorial como “exitoso”:

“El éxito de este programa obliga a que las autoridades de la Nación y de las restantes jurisdicciones estudien una rápida implementación de iniciativas similares, persuadiendo a toda la población de que la tenencia de armas es una fuente de inseguridad.”

Notas

 

Bibliografía

• AGUILAR VILLAMARIONA, Joanette y otros. INFORMACIÓN Y GESTION POLICIAL EN EL SALVADOR. Fespad, San Salvador, 2001.
• AMNISTIA INTERNACIONAL. INFORME 1999. MEMORIA DE LO INTOLERABLE. Edai, Madrid, 1999.
• ANDERSEN, Edwin Martín. LA POLICIA. PASADO, PRESENTE Y PROPUESTAS PARA EL FUTURO. Sudamericana, Buenos Aires, 2002.
• APPIOLAZA, Martín. EL CANJE DE ARMAS POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA. (Informe) Gobierno de Mendoza, Mendoza, 2001.
• APPIOLAZA, MARTÍN. CONTRA LOS MITOS: UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ARMAS SECUESTRADAS EN MENDOZA. Ministerio de Justicia y Seguridad, Gobierno de Mendoza, 2001.
• APPIOLAZA, MARTÍN. NIÑOS Y ARMAS, VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS. Asociación Espacios para el Progreso Social. Mendoza, 2002.
• ARMONY, ARIEL. ARGENTINA, THE UNITED STATES AND THE ANTI-COMMUNIST CRUSADE IN CENTRALAMERICA: 1977-1984. Athens, Ohio. Ohio University Press, 1997.
• BOBBIO, Norberto. IGUALDAD Y LIBERTAD. Paidos, Barcelona, 1993.
• BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION. ‘UNITED KINGDOM.’ IN WEAPONS COLLECTIONPROFILES. Bonn, 2001
• BURZACO, Eugenio. REHENES DE LA VIOLENCIA. Grupo Sophia/Atlántida. Buenos Aires, 2001.
• BUVINIC, MAYRA, ANDREW MORRISION. VIOLENCE IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: AFRAMEWORK FOR ACTION.Sustainable Development Department, Inter-American Development Bank. Washington , D.C., 1999.
• CASSESE, NICOLÁS, AHÍ VA LA BALA, Revista TXT numero 13, 13 de junio de 2003.
• CASTÓN, EDUARDO. ‘LA CAZA FURTIVA DESNUDA LA TENENCIA ILEGAL DE ARMAS.’ Diario Los Andes, Mendoza, Argentina, 28 Enero de 2001.
• CELS. DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA. INFORME 2000, CELS, Eudeba, Buenos Aires, 2000.
• COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. LA DISPONIBILIDAD DE ARMAS Y LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS, Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1999.
• CONTE, GABRIEL. (2003) PAZ CIUDADANA: LAS FORMAS EN QUE PARTICIPA LA GENTE EN EL NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MENDOZA. Espacios, Mendoza, 2003.
• CORREIA , MARK. CITIZEN INVOLVEMENT: HOW COMMUNITY FACTORS AFFECT PROGRESSIVE POLICING. Washington, D.C. Police Executive Research Forum, 2000.
• DAHL, Robert. LA DEMOCRACIA. UNA GUIA PARA LOS CIUDADANOS. Taurus, Madrid, 1999.
• DER GHOUGASSIAN, KHATCHIK. ‘OLD AND NEW SOURCES OF PROLIFERATION.’ IN KHATCHIK DER GHOUSSIAN AND LEANDRO PIQUET CARNEIRO, EDS. CONNECTING WEAPONS WITH VIOLENCE: THE SOUTHAMERICAN EXPERIENCE. ISS Monograph Series, No. 25. Institute for Security Studies, Pretoria, 1998.
• FONT, Enrique, GANON, Gabriel y otros. ORDEN O JUSTICIA. EL FALSO DILEMA DE LOS INTOLERANTES. Juris. Rosario, 2000.
• FOSCOLO, Norma y otros. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA. Ediunc. Mendoza, 2000.
• FOUCAULT, Michel. DEFENDER LA SOCIEDAD. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
• GARCIA CANCLINI, Néstor. IMAGINARIOS URBANOS. Eudeba, Buenos Aires, 1997.
• GARCIA CANCLINI, Néstor. CONSUMIDORES Y CIUDADANOS. CONFLICTOS MULTICULTURALES DE LA GLOBALIZACIÓN. Grijalbo, México, 1995.
• GARCIA SALAZAR, Tadeo. SEGUIMIENTO DE LA REFORMA POLICIAL DE MENDOZA (Informe), Consejo Federal de Inversiones, Mendoza, 2001.
• GIDDENS, Anthony. LA TERCERA VIA. Taurus, Buenos Aires, 2000.
• GOBIERNO DE MENDOZA. ESTADÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES, Ministerio de Economía, Gobierno de Mendoza, 1998.
• GOBIERNO DE MENDOZA. INFORME DE GESTION 1999. Ministerio de Justicia y Seguridad, Mendoza, 1999.
• GUBERN, Roman. EL EROS ELECTRÓNICO. Taurus, Madrid, 2000.
• MANGABEIRA UNGER, Roberto. LA DEMOCRACIA REALIZADA. LA ALTERNATIVA PROGRESISTA. Manantial, Buenos Aires, 1999.
• MARTÍN FERNÁNDEZ, Manuel. MUJERES POLICIA. Siglo Veintiuno, Madrid, 1994.
• MARTÍN FERNÁNDEZ, Manuel. LA PROFESIÓN DE POLICIA. Siglo Veintiuno, Madrid, 1990.
• PNUD. INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2001. PNUD, México, 2001.
• ROJAS, Patricia. LOS PIBES DEL FONDO. DELINCUENCIA URBANA. DIEZ HISTORIAS. Norma, Buenos Aires, 2000.
• ROTKER, Susana y otros. CIUDADANIAS DEL MIEDO. Nueva Sociedad, Caracas, 2000.
• SARTORI, Giovanni. HOMO VIDENS. LA SOCIEDAD TELEDIRIGIDA. Taurus, Madrid, 1998.
• ZAFFARONI, Raúl Eugenio y otros. EL PODER PUNITIVO DEL ESTADO. Juris. Rosario, 1993.