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Uruguay reglamentó la eutanasia y ya rige el procedimiento legal

El nuevo decreto establece condiciones médicas y legales para acceder a la muerte digna o eutanasia, con evaluación profesional y supervisión estatal.

La nueva ley fija en Uruguay requisitos estrictos para acceder al procedimiento de eutanasia y garantiza acompañamiento médico, evaluación profesional y respeto por la voluntad del paciente.

La nueva ley fija en Uruguay requisitos estrictos para acceder al procedimiento de eutanasia y garantiza acompañamiento médico, evaluación profesional y respeto por la voluntad del paciente.

La reglamentación de la ley de eutanasia entró en vigor este martes en Uruguay, habilitando un procedimiento legal bajo estrictos controles médicos y garantías para pacientes con enfermedades incurables e irreversibles.

El decreto de "muerte digna", firmado por el presidente Yamandú Orsi, establece que la decisión debe ser “libre”, “consciente” e “informada”, en un proceso supervisado por el sistema de salud.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, explicó que la reglamentación “hace posibles derechos” y garantiza que las personas puedan decidir sobre su vida con información y acompañamiento adecuado.

Para acceder al procedimiento, el paciente deberá ser mayor de edad, contar con capacidad de decisión y padecer una enfermedad incurable e irreversible que genere sufrimiento persistente no aliviable por otros tratamientos.

El proceso de eutanasia

El proceso contempla una solicitud escrita y voluntaria, seguida por la evaluación de al menos dos médicos. En caso de , una junta médica intervendrá para definir. Luego, el paciente deberá ratificar su decisión en una segunda instancia con testigos, manteniendo siempre la posibilidad de revocarla.

La práctica podrá realizarse tanto en instituciones de salud como en el domicilio del paciente. Además, el sistema sanitario deberá garantizar el acceso a cuidados paliativos y acompañamiento integral.

En los casos de objeción de conciencia, ya sea individual o institucional, las entidades estarán obligadas a derivar o contratar otro prestador para asegurar el cumplimiento del derecho.

La ley de “muerte digna” fue aprobada en octubre pasado en el Parlamento uruguayo con el respaldo del oficialismo del Frente Amplio y parte de la oposición, tras un extenso proceso de debate político y social.