Uruguay registró la primera muerte por eutanasia tras la aprobación de la ley
Una paciente con cáncer terminal accedió al procedimiento de eutanasia un mes después de la entrada en vigencia de la ley en Uruguay.
Uruguay registró la primera eutanasia tras la aprobación de la ley de muerte asistida.
Archivo.Uruguay concretó este viernes el primer caso de eutanasia desde la entrada en vigor de la ley que regula la muerte asistida, convirtiéndose en uno de los pocos países del mundo en permitir este procedimiento de manera legal.
La paciente, una mujer de 69 años con cáncer en etapa terminal, solicitó acceder a la práctica luego de la implementación oficial del protocolo sanitario previsto en la normativa aprobada el año pasado por el Parlamento uruguayo.
La confirmación fue realizada por fuentes del Colegio Médico y rápidamente generó repercusión en todo el país, donde la legislación fue considerada un nuevo avance en materia de derechos individuales y salud pública.
El diputado oficialista Federico Preve, uno de los impulsores de la ley, calificó la jornada como “un día simbólico muy importante” y destacó que la mujer “pudo decidir morir con tranquilidad y según sus propias convicciones”.
-
Te puede interesar
Uruguay reglamentó la eutanasia y ya rige el procedimiento legal
Pocos países legalizaron la eutanasia
Con esta medida, Uruguay se suma al reducido grupo de naciones que legalizaron la eutanasia, entre ellas España y Países Bajos, reforzando una tradición legislativa vinculada a derechos civiles como el matrimonio igualitario, el aborto legal y la regulación del cannabis.
La normativa establece que el paciente debe ser mayor de edad, residente o ciudadano uruguayo, encontrarse psíquicamente apto y atravesar una enfermedad incurable o terminal que le provoque sufrimientos insoportables.
El procedimiento contempla que la solicitud sea realizada por el propio paciente ante un médico, quien debe expedirse en un plazo máximo de tres días. Luego interviene un segundo profesional para confirmar que se cumplen todos los requisitos legales y sanitarios.
Desde organizaciones civiles que promovieron la ley señalaron que seguirán monitoreando la correcta aplicación del sistema para evitar demoras y garantizar el acceso a una muerte digna. En contrapartida, la Iglesia Católica volvió a expresar su rechazo a la implementación de la normativa.