¿Qué cargos se le leerán a Nicolás Maduro en Nueva York?

La Justicia de Estados Unidos presentará formalmente la acusación ampliada en la que señala al presidente venezolano Nicolás Maduro como uno de los principales líderes de una estructura de narcoterrorismo que habría operado durante más de dos décadas en alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El documento legal al que tuvo acceso MDZ describe, un entramado que combinó tráfico internacional de drogas, corrupción estatal, lavado de dinero y provisión de armas de guerra, con impacto directo en varios países de la región y en territorio estadounidense.

Según la acusación, desde al menos 1999 y hasta 2020 funcionó una asociación entre el denominado Cartel de los Soles “integrado por altos mandos civiles y militares venezolanos y las FARC”, esta última organización catalogada como terrorista por Washington. El objetivo no se limitaba al enriquecimiento personal: los fiscales sostienen que el grupo buscó “inundar” de cocaína a Estados Unidos y utilizar el narcotráfico como un arma política contra ese país.

La imputación contempla que Maduro, primero como legislador, luego como canciller y finalmente como Presidente, fue escalando posiciones dentro del cartel hasta convertirse en uno de sus principales conductores. En el ejercicio de ese rol, habría negociado envíos de cocaína de varias toneladas, facilitado rutas aéreas y marítimas, garantizado protección estatal a los cargamentos y ordenado la entrega de armas de uso militar a la guerrilla colombiana. “Bajo su liderazgo, el Cartel de los Soles priorizó importar la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”, sostiene la acusación de casi 30 hojas.

El expediente también involucra a figuras clave como Diosdado Cabello, actual Ministro de Interior, Justicia y Paz, otrora titular de la Asamblea Nacional, a Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia militar, señalado como uno de los articuladores logísticos del esquema y también a Nicolas Maduro Guerra, hijo del mandatario y Héctor Rusthenford Guerrero Flores alias "Niño Guerrero", señalado como el jefe de la organización "Tren de Aragua". La fiscalía detalló pagos de sobornos, manipulación de jueces, uso de aeropuertos internacionales y pistas clandestinas, y la venta de cargamentos previamente incautados para reinsertarlos en el circuito ilegal.

De acuerdo con el escrito, el entramado empezó a consolidarse en 1999, cuando las FARC acordó con altos funcionarios venezolanos trasladar parte de sus operaciones a Venezuela bajo protección estatal. En ese período, Maduro era diputado de la Asamblea Nacional y ya participaba de reuniones políticas y logísticas vinculadas al esquema que luego sería conocido como el “Cartel de los Soles”.

En ese marco, durante los primeros años de la década del 2000 se habilitaron rutas aéreas y marítimas para el traslado de cocaína desde Venezuela hacia el Caribe, Centroamérica y México, mientras se pagaban sobornos para garantizar impunidad. Para 2004, organismos estadounidenses estimaban que más de 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por territorio venezolano.

Según los fiscales, en 2005 Hugo Chávez, por entonces jefe de Estado, ordenó remover a los jueces que no protegieran a las FARC y ese mismo año Venezuela redujo drásticamente su cooperación antidrogas con la DEA. Un año más tarde, ya como canciller, Maduro habría recibido cinco millones de dólares provenientes del narcotráfico para participar en un esquema de lavado de dinero mediante operaciones comerciales internacionales.

En 2006 se produjo uno de los primeros golpes visibles al entramado: un avión DC-9 con 5,6 toneladas de cocaína salió del aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y fue interceptado en México. La acusación indica que, pese al impacto del caso, la estructura no se desmanteló y continuó operando con ajustes en sus rutas.

El expediente judicial señala que hacia 2008, Maduro, Diosdado Cabello y Hugo “El Pollo” Carvajal mantuvieron reuniones con jefes de las FARC para intercambiar armas de guerra por mayor producción de cocaína. En ese mismo período, se habrían desviado fondos de la petrolera estatal PDVSA para financiar a la guerrilla colombiana.

Los fiscales señalaron que tras la muerte de Hugo Chávez y el desembarco de Maduro en Miraflores en 2013, el esquema se mantuvo activo. Ese mismo año, un cargamento de 1,3 toneladas de cocaína fue incautado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París tras salir de Caracas en un vuelo comercial. Luego de ese episodio, Maduro habría ordenado detenciones selectivas de militares para desviar la atención pública y judicial.

La imputación indica que entre 2014 y 2015 Maduro reforzó su alianza con las FARC, solicitando entrenamiento para milicias armadas irregulares dentro de Venezuela y autorizando la entrega directa de ametralladoras, municiones y lanzacohetes.

Finalmente, el escrito describe que desde 2017 en adelante se mantuvo la continuidad de envíos a gran escala mediante pistas clandestinas y protección armada, incluso después de los intentos de paz de las FARC en Colombia. En 2019, Maduro apareció públicamente respaldando a jefes guerrilleros y anunciando que eran “bienvenidos” en Venezuela, mientras la organización anunciaba el retorno a la lucha armada.

Para la fiscalía, que además reclamó el decomiso de bienes y activos vinculados a las operaciones ilegales, se trata de “una empresa criminal transnacional” que utilizó estructuras del Estado venezolano para sostener durante años un negocio ilícito de escala global.