La ciencia que entregó sus llaves: las nuevas reglas de la Casa Blanca

En 1945 un ingeniero del MIT llamado Vannevar Bush propuso un pacto de tres partes. Consistía en que el gobierno financiaba la investigación, los científicos con pericia juzgaban su mérito y la sociedad cosechaba los beneficios. Ese acuerdo produjo la universidad de investigación estadounidense, la biotecnología, la internet y la supremacía tecnológica que Estados Unidos ejerció durante ocho décadas. El contrato descansaba sobre la ficción útil que el mérito científico era un criterio neutral, ajeno a la política de turno. La narrativa funcionó mientras todos fingieron creerla, pero se desactivó cuando una de las partes admitió en voz alta que no la creía.

Nuevas reglas para subsidios federales

El 29 de mayo de 2026 la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca publicó una propuesta de 412 páginas que reescribe el sistema completo de subsidios federales. La regla exige que cada aporte discrecional avance de modo demostrable las prioridades del presidente. Ordena que un designado político revise personalmente cada otorgamiento antes de emitirse. Así, degrada la revisión por pares a un rol consultivo y prohíbe a los designados deferir a los expertos. Asimismo, permite la cancelación de subsidios activos en cualquier momento, sin causa, sin análisis detallado y sin apelación, cuando el proyecto deje de alinearse con las prioridades de la agencia. También restringe las colaboraciones internacionales salvo aprobación política expresa. Entre tanto, el plazo de comentarios públicos venció el 13 de julio de 2026 con unos 90.000 comentarios recibidos, una cifra que mide el pánico del sistema que la regla desmonta.

La magnitud operativa basta para entender el diseño. Los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencia otorgaron juntos unos 70.000 subsidios en 2024. La regla exige que cada uno pase por el escritorio de un funcionario político y nadie concibe ese cuello de botella como un mecanismo de evaluación, sino como un mecanismo de veto. El propósito no es revisar 70.000 proyectos, es que estos investigadores sepan que cualquiera de ellos puede ser revisado.

El daño de la autocensura en la investigación

Ahí reside el daño verdadero, que no aparecerá en ninguna estadística. El investigador racional enfrentando la posibilidad de una cancelación política abandona la idea ambiciosa y elige la idea segura. Los descubrimientos audaces no serán prohibidos, serán algo peor porque nunca llegarán siquiera al intento. La ciencia que se pierde por autocensura no deja cadáver ni titular, será sólo un silencio que se mide décadas después, cuando otro país anuncia lo que Estados Unidos no pudo alcanzar primero.

Esta regla no nació de la nada, viene de un precedente que la comunidad científica construyó con sus propias manos. Durante los años de Biden, los requisitos de diversidad e inclusión inyectaron criterios extracientíficos en la contratación académica y en la evaluación de subsidios. Las declaraciones obligatorias de compromiso identitario funcionaron como filtros ideológicos en universidades públicas. Por su parte, las revistas centenarias respaldaron candidatos presidenciales. Así, un experimento publicado después midió el resultado de uno de esos respaldos porque redujo la confianza en la revista y en la ciencia misma entre los votantes del bando contrario y no ganó nada del propio. La corporación científica confundió ciencia con moral, calló cuando debió protestar y aceptó que el financiamiento codificara valores. Al hacerlo destruyó el único terreno desde el cual podía defenderse, es decir, el principio de que el mérito es el único criterio. Quien admite que los subsidios sirven a una agenda, pierde el derecho de escandalizarse cuando responden a la postura opuesta. El sapo que el estamento científico tragó en silencio se cobra hoy con intereses.

El Proyecto 2025 y el control presidencial

Pero la contabilidad exige la distinción entre pretexto y motor. La regla no es una reacción proporcional a los excesos identitarios, sino la ejecución de un plan anterior y mayor. Su arquitecto es Russell Vought, autor principal del Project 2025, cuyo objetivo declarado fue someter el aparato administrativo federal al control presidencial directo. La regla codifica una orden ejecutiva de agosto de 2025 y blinda jurídicamente las cancelaciones masivas de subsidios que los tribunales revirtieron el año anterior. Si la academia hubiera sido impecablemente neutral, la regla existiría igual, pero habría tenido peor coartada y más resistencia. Los pecados de la ciencia politizada facilitaron la captura como un distinto, en cierto modo, más triste.

El desenlace inmediato se jugará en los tribunales. Allí, los jueces revirtieron ya miles de cancelaciones y la regla entera es un intento de escribir sobre piedra lo que los fallos borraron. Los críticos señalan problemas constitucionales serios, desde la libertad de asociación hasta los límites de la autoridad estatutaria del Ejecutivo sobre fondos que el Congreso asignó. Pero aun si los tribunales podan la regla, el trinquete ya giró. Cada administración hereda las herramientas que la anterior legitimó y las usa con menos escrúpulos. La próxima administración demócrata no restaurará la neutralidad perdida, sólo ajustará el veto político a sus propias prioridades, porque este veto ya existirá y ningún poder devuelve voluntariamente una llave.

El legado histórico de la ciencia moderna

Sir Thomas Browne escribió en 1658 que la historia recuerda al incendiario del templo de Diana y olvida a su arquitecto. Estados Unidos fue durante 80 años el arquitecto de la ciencia moderna. La posteridad juzgará si su clase científica, por cobardía primero y por complacencia después, ayudó a encender el fuego que hoy dice lamentar.

Las cosas como son.

*Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.