Donald Trump intenta deportar migrantes a un país del cual no son originarios

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este martes a la Corte Suprema que permita la política para deportar personas a Sudán del Sur y otros países, pero esos deportados no son originarios necesariamente de esos países. Esta es una medida que el gobierno de Trump presentó ante los jueces de mayoría conservadora del máximo tribunal.   

El epicentro de la política de la administración consiste en darle al Departamento de Seguridad Nacional la potestad de deportar inmigrantes a países distintos de su lugar de origen o uno en el que poseen estatus legal, sin brindarles una notificación o una oportunidad de defenderse alegando que corren el riesgo de ser perseguidos, torturados o morir en ese tercer país. 

“Estados Unidos enfrenta una crisis de inmigración ilegal, en gran parte porque muchos extranjeros que más merecen ser deportados son a menudo los más difíciles de deportar”, fueron los argumentos del Departamento de Justicia a la Corte Suprema.

Luego de que la medida llamara notablemente la atención, la apelación arribó al alto tribunal en el momento en el que Trump intentó trasladar convictos a Sudán del Sur, país que sólo conoce la guerra ya que poco después de su emancipación de Sudán en 2011, comenzó un conflicto armado que duró más de 21 años. Por lo tanto, dejarían a esas personas sin una oportunidad significativa de impugnar su traslado a un lugar donde podrían enfrentar tortura.

El juez de distrito que le estaría haciendo la vida imposible a Trump, Brian Murphy (designado por Joe Biden) fue el que bloqueó en marzo que la administración pudiera deportar migrantes a, por ejemplo, Sudán del Sur, cuando no provienen de ese país sin previo aviso ni oportunidad de demostrar temor creíble de persecución o tortura. La medida surgió tras una demanda presentada por migrantes detenidos bajo amenaza de ser trasladados a naciones como Sudán del Sur.

Murphy acusó a la administración Trump de violar “incuestionablemente” su orden al intentar deportar personas a ese país sin respetar los procedimientos. Además, denunció que el traslado se organizó fuera del horario laboral, impidiendo que los migrantes contactaran a sus abogados o familias.

El 21 de mayo, el juez reforzó su fallo con una orden de dos páginas: los migrantes deben ser notificados al menos 72 horas antes de una entrevista para presentar su caso, y si no logran demostrar un temor razonable, tendrán 15 días para intentar reabrir su proceso migratorio.

El gobierno de Trump, en desacuerdo con estas exigencias, solicitó a la Corte Suprema que intervenga mediante un "alivio de emergencia". Afirmó que el fallo los pone en una disyuntiva: mantener detenidos a los migrantes en instalaciones militares en el extranjero o devolverlos a EE.UU., lo que consideran perjudicial para la política exterior que lleva adelante la Casa Blanca.

Funcionarios de la gestión anterior sostienen que ya existen mecanismos para evitar que las personas deportadas sufran tortura, como garantías diplomáticas de los países receptores. A su vez, a principios de este mes el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, rechazó suspender el fallo de Murphy, alertando sobre el riesgo de “daños irreparables” por deportaciones sin fundamento.

En mayo, nuevos reportes sobre posibles deportaciones a Libia y Arabia Saudita encendieron las alarmas, debido a que el primero es un país ampliamente criticado por el maltrato de los detenidos y los disturbios civiles que perduran en la actualidad. No obstante, Murphy advirtió que estos traslados también violarían su orden. El Ministerio de Asuntos Exteriores libio negó cualquier acuerdo con Estados Unidos para aceptar migrantes expulsados.