El Derecho Internacional atento en Ucrania al peor crimen de guerra

El potencial uso de armas químicas en el marco de la guerra en Ucrania ha vuelto a poner sobre la mesa una teórica línea roja que, a ojos del Derecho Internacional, es un crimen de guerra.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) confirmó la utilización de este armamento en el conflicto de Siria, donde Rusia participa militarmente del lado del régimen de Bashar al Assad.

El caso sirio volvió a poner de manifiesto la necesidad de erradicar de una vez por todas un tipo de arma cuyo uso es especialmente indiscriminado. La prohibición también rige para las armas biológicas, que, según Rusia y China, Estados Unidos tiene en laboratorios ucranianos. 

Cientos de personas habrían muerto por tóxicos como el gas sarín o el cloro en Siria, fruto de unos ataques que Al Assad siempre ha negado. 

El fantasma de las armas químicas ha vuelto a la primera línea por el temor a que vuelvan a resurgir en el contexto ucraniano. Gobiernos occidentales como el de Estados Unidos e incluso la OTAN han advertido abiertamente de que Rusia puede estar preparándose para utilizar estos tóxicos, quizás después de una operación de 'falsa bandera' como pretexto.

La OPAQ, premio Nobel de la paz en 2013 en gran medida por su implicación en la supuesta destrucción del armamento químico en manos del régimen sirio, es la principal organización internacional en este ámbito; responsable de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre las Armas Químicas, un acuerdo que entró en vigor en 1997 y que han suscrito 193 países, entre ellos Rusia.

El Estatuto de Roma, tratado fundacional del Tribunal Penal Internacional (TPI), estipula que es un crimen de guerra tanto el empleo de armas químicas como biológicas, por lo que su uso sería susceptible de ser juzgado ante la corte de La Haya.

La Fiscalía de este tribunal ha abierto una investigación preliminar para determinar si se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, una acusación que ya se han cruzado las autoridades ucranianas y las rusas. Más de 40 países, entre ellos España, han reclamado estas pesquisas.

Investigar después 

La OPAQ basa gran parte de su labor en prevenir el empleo de las armas químicas, pero en sus estatutos también abre la puerta a responder en caso de que algún actor dé un paso teóricamente prohibido. Así, puede tanto proporcionar ayuda de emergencia como abrir una investigación formal. 

Desde 2018, y después de las evidencias sobre el uso reiterado de gases tóxicos en Siria, la OPAQ tiene más margen de actuación, ya que puede no sólo confirmar o no la utilización de las armas sino señalar culpables. Rusia ya votó entonces en contra, alegando que suponía una manipulación política del mandato de esta agencia. 

La OPAQ, que a preguntas de Europa Press ha preferido no "especular" sobre las sospechas occidentales sobre los planes rusos para Ucrania, puede actuar llegado el caso si un Estado miembro requiere su asistencia, en caso de que se vea amenazado por otro país o tenga ya indicios de que se han utilizado armamento químico. 

La investigación, que puede demorarse en el tiempo, requiere de visitas sobre el terreno y entrevistas con supervivientes, testigos y personal médico. En el caso de Siria, se estableció directamente una misión específica encargada de examinar las denuncias que iban llegando, según la OPAQ con carácter técnico y no político. 

El director general de la organización, el español Fernando Arias, recordó esta misma semana que las armas químicas están prohibidas, "independientemente de las circunstancias", con motivo del aniversario del ataque de Halabja, que masacró en 1988 a unas 5.000 personas en Irak durante la guerra con Irán.  

Dpa, ElUniversal, Youtube.