Mientras Joe Biden se prepara para asumir la presidencia del país y critica la lentitud con la que avanza la campaña de vacunación en Estados Unidos, hay una cuestión que se presenta como delicada y compleja: se trata de la dificultad a la que se ven sometidos los indocumentados a la hora de acceder a la vacuna.

Estados Unidos: ¿por qué los indocumentados dudan de ser vacunados?

Las variables para comprender lo que está sucediendo con la campaña de vacunación en Estados Unidos y los inmigrantes ilegales son más complejas de lo que parecen.

En concreto, no existe ninguna reglamentación que prohíba que los indocumentados sean vacunados. Por lo contrario, el impedimento es más bien indirecto.

A grandes rasgos, consiste en el hecho de que para recibir la vacuna en cuestión hay que registrarse en el sistema, para lo cual es necesario ingresar una serie de datos personales, entre ellos los números de:

• Licencia
• Seguro social
• Pasaporte.

Esto es, ni más ni menos, lo que separa a los inmigrantes de la vacuna contra la covid-19. Para ellos ya es una constante el hecho de tener que vivir casi de manera anónima, pasando de la forma más desapercibida posible para evitar ser detectados y deportados.

La mayor incertidumbre, entonces, radica en el temor que les genera la posibilidad de que dichos datos sean cruzados con las agencias que se encargan de los asuntos propios de migraciones.

¿Cuáles son las claves de la campaña de vacunación en Estados Unidos?

Uno de los representantes que se manifestó al respecto fue Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York. Entre otras cosas, el demócrata se expresó haciendo referencia a que el hecho de solicitar información personal en el proceso de vacunación no sólo es innecesario, sino que también ahuyenta a los migrantes no autorizados.

A comienzos de diciembre del año pasado, el político de 63 años emitió una carta dirigiéndose al presidente electo Joe Biden y también a Donald Trump. Su pedido de protección a los indocumentados se basa en la afirmación de que el gobierno federal solicitó un acuerdo de intercambio de datos entre todos los estados mientras dure el proceso de vacunación.

Semanas más tarde, quien habló públicamente fue Jerome Adams, el director general de Sanidad de Estados Unidos. En diálogo con la cadena CBS, y reproducido por CNN en español, dio a entender que los datos en cuestión no serán utilizados para perjudicar legalmente a los indocumentados.

Más allá de la gravedad que implica en términos de derechos humanos, esto resulta aún más alarmante si se tiene en consideración que actualmente, de acuerdo a estimaciones de Los Angeles Times, la cantidad de indocumentados oscila entre los 10.5 y 12 millones de personas.

En definitiva, el hecho de que todas estas personas no sean vacunadas implica un gran riesgo epidemiológico, ya que para reducir de manera consistente la propagación del coronavirus es necesario que la mayor parte de la población presente inmunidad hacia éste.