Dilma y Cristina: una y otra frente a los reclamos populares

En cuanto a los pasados personales, Dilma Rousseff acredita una juventud izquierdista, como guerrillera inclusive. Conoce palmo a palmo esa realidad y reivindica para sí aquellos tiempos. Pero vive y gobierna en presente.

Aquí la primera comparación: Cristina Fernández fue una militante peronista en la Facultad de Derecho de la Plata junto a su compañero Néstor Kirchner. Y nada más. Fue una brillante legisladora nacional en su adultez y reivindica a un peronismo guerrillero de los años 70 del que no fue parte. Vive de ese recuerdo ajeno y las demandas por derechos en el presente parecen sacarla de su eje.

Los últimos sucesos en Brasil las pusieron en contraste. Aquí, ofrecemos dos reacciones frente a la crisis por las movilizaciones populares. Sabemos que no hay puntos absolutos y que deben servir para el debate. Sabemos, también, que ambas tienen puntos buenos y malos, positivos y negativos. Pero aquí, un repaso por dos formas contrarias de actuar frente a problemas similares:

Ambos gobiernos son destinatarios de fuertes reclamos populares en las calles

Cristina sufrió el impacto de los cacerolazos, pero no acusó recibo. Se trató de movimientos pacíficos, coordinados por las redes sociales con amplia participación política, de sectores democráticos y algunos que no lo son tanto. Los reclamantes armaron una agenda contra la corrupción, la inseguridad y la inflación. Fueron tildados de “golpistas” desde el entorno presidencial, ya que la Presidenta los ignora. Prefiere incluir en sus discursos largas parrafadas sobre los “indignados” en Europa, pero desconoce la indignación de la que se la hace responsable.

Dilma fue sorprendida por las movilizaciones en su país. Fueron algunas pacíficas y otras violentas, casi todas, coordinadas por grupos visibles, como Passe Livre, que reclamaba por el incremento en el precio del transporte público, inicialmente en San Pablo, y luego en todo Brasil. La primera reacción fue reprimirlas, pero pronto se dieron cuenta de dos cosas: no todos los policías estaban dispuestos a hacerlo y, además, era echarle nafta al fugo. De inmediato, la Presidenta habló del tema por cadena nacional, llamando al diálogo a los manifestantes.

En Brasil y en Argentina, los que protestan quieren hablar con sus presidentas

Cristina no recibió ni tiene pensado hacerlo a los organizadores de los cacerolazos, a quienes ubica por fuera de la vida política y democrática del país por el sólo hecho de oponerse a algunas de sus políticas. Tampoco recibe a comunidades perseguidas y reprimidas, como los indígenas del Noreste, porque quienes persiguen y reprimen son gobernadores que le responden. Tuvieron que pedirle al papa Francisco que interceda para que esa reunión se produzca, por ejemplo.

Dilma recibió este lunes en el Palacio Planalto de Brasilia a los líderes de las movilizaciones, las pacíficas y las violentas. Los sumó a un esquema de diálogo democrático, les exigió el fin de la violencia y tomó nota de sus reclamos. Minutos después, anunció una agenda en común.

Las dos quieren reformar la Constitución de sus países

Cristina, o mejor dicho, los “cristinistas”, desconocen cualquier posibilidad de que el país pueda ser gobernado por una persona diferente a la actual Presidenta. Así lo manifiestan sus voceros que buscan y rebuscan la forma de instalar la idea de la “necesidad” de una continuidad en el mando, aunque la Constitución no lo permita. Cuando se habla de reformar la Constitución desde la Casa Rosada y su radio de influencia, de lo que se está hablando, en realidad, es de su re reelección, tal cual lo hizo Carlos Menem, pero sin admitirlo. Claro que esos mecanismos los busca por imposición y no mediante acuerdos.

Dilma en su segundo mensaje público tras una semana de protestas en las calles de su país, convocó a un plebiscito para reformar la Constitución. Lo hizo tras escuchar las propuestas de los líderes de las protestas y de reunir a gobernadores y alcaldes de todo Brasil. Busca afianzar cinco pactos vinculados a una reforma política con más participación social, el transporte, la salud, la inflación y la educación.

El transporte público es un problema en ambos países

Cristina es la propietaria, no solo de una cadena de bloopers compuestos por anuncios fallidos sobre los trenes en la Argentina y, en especial, en el Gran Buenos Aires, sino que su Gobierno acredita un número inédito de funcionarios procesados e imputados por corrupción en el manejo del Transporte, por su enriquecimiento con esa función y por sus relaciones en favor de las empresas y en contra del público. Ni hablar de las víctimas de Once y Castelar, además de las que a diario se suman en cuentagotas por la carencia de sistemas eficientes de transporte para los sectores más populares.

Dilma ordenó dar marcha atrás con los aumentos del transporte, saldando el problema en favor de los que menos tienen y redefinió un plan de subterráneos que antes había desestimado. Es decir: cambió por completo su política, escuchando los reclamos populares. También se dejaron sin efecto los aumentos en los peajes, poniendo una oreja para el lado de las clases medias y se anunció un plan de inversiones millonarias, que habrá que monitorear y esperar los resultados.

La corrupción, ese es el problema

Cristina considera que los jueces tienen que responderle al Poder Ejecutivo. La sola inclusión de su vicepresidente, Amado Boudou, en una causa judicial (de las más de 50 investigaciones que hay en su contra) para que se originara toda una hecatombe en el sistema judicial, al punto de pedirle la renuncia al jefe de los fiscales que acusó a su “segundo”, un ex ministro de Perón: Esteban Righi. Cuando los jueces controlan, son tratados de “golpistas” y cuando la Corte –nombrada por el ex presidente Néstor Kirchner- dictamina en su contra, en ejercicio del equilibrio de poderes del sistema republicano, los medios afines construyen la idea mediática de que se trató “de un golpe por otros medios”.

Dilma no se diferencia mucho de Cristina en este punto. También planteó una reforma judicial a su medida. Pero planteó un debate social, político y mediático antes de imponerla. Además, a pesar de que personas muy cercanas a ella y al ex presidente Lula han sido procesados e imputados por corrupción, determinó que ese delito deberá equipararse, a partir de la reforma legal, al de “crimen horrendo”, ampliando la dureza de las penas.