En Uruguay, la justicia obligó al gobierno a darle trabajo a los presos

"Es un hecho histórico", coincidieron en afirmar los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Ielsur, Luis Pedernera y Martín Fernández, en diálogo con MDZ. Y también fue el concepto que aplicó la prensa al dar a conocer la información.

Sucede que el estado uruguayo deberá crear más de 2 mil puestos de trabajo remunerados para los reclusos de ese país.

Pero no solo eso: también tendrá que realizar un censo cacelario minucioso, otorgarle cédulas de identidad a todos y poner docentes a disposición para que las personas que están privadas de libertad puedan completar sus estudios.

Así lo determinó el juez penal de lo Contencioso Administrativo Pablo Eguren, al fallar este martes en favor de los 2.600 reclusos del Complejo Carcelario (Comcar) de Montevideo.

De tal manera que ordenó al Ministerio del Interior el inmediato cumplimiento de la medida.

Según lo confirmó la ministra Daisy Tourné a Eguren, en charla telefónica durante el primer receso de la audiencia, las últimas dos medidas ya están en curso. "El magistrado dijo que Tourné le aseguró que ya hay un móvil de identidad civil circulando por los recintos carcelarios", informó este miércoles el diario Ultimas Noticias..

Los presos fueron representados los abogados de Ielsur Diego Camaño y Gianella Bardazano, quienes reclamaron además que se aumenten de 6 a 12 las horas semanales de enseñanza, para equipararlas a las de la ciudadanía en general.

La medida constituye un antecedente esperado desde organismos de defensa de derechos humanos de todo el continente, debido a que la actitud judicial uruguaya podrá reclamarse como réplica en cada uno de los lugares en donde no se cumplen las condiciones básicas de encierro para los reclusos.