Justicia prohíbe la circulación de vehículos en "La Frontera" de Pinamar

La resolución judicial se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en la zona costera, luego de incidentes graves que involucraron a menores de edad y conductores bajo efectos del alcohol. El fallo del juez Marcos Fernando Val pone fin, de manera temporal, a décadas de actividades recreativas y competencias informales en este sector del norte de Pinamar.

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Alcance de la medida judicial y argumentos del fallo

El magistrado fundamentó su decisión en la protección de derechos constitucionales esenciales como la vida, la integridad física y la seguridad, con especial énfasis en la tutela de niños y adolescentes. La resolución ordena suspender:

• Pruebas de destreza y competencias: Tanto formales como informales (picadas).

• Eventos recreativos motorizados: Cualquier actividad que involucre vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos y motos.

• Zona afectada: Todo el sector de "La Frontera" y específicamente el área denominada "La Olla".

El juez Val consideró que el peligro en la demora es evidente, dado que la concurrencia masiva a estos eventos representa una amenaza real para la vida de asistentes y locales. Asimismo, señaló que el poder de policía de la Municipalidad de Pinamar ha resultado insuficiente, indicando que la mera imposición de multas no basta para prevenir riesgos previsibles en un área de acceso público de hecho.

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Antecedentes y situación municipal

La presentación del amparo fue realizada por Pablo Martínez Carignano, quien dirigió la Agencia Nacional de Seguridad Vial entre 2019 y 2023. Aunque estas actividades se desarrollan desde hace años, la acción judicial se impulsó recientemente tras el choque entre un UTV y una Volkswagen Amarok —equipada con motores de hasta 258 CV— donde un niño de ocho años resultó gravemente herido.

Por su parte, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, había anunciado semanas atrás un endurecimiento de los controles y nuevas reglas de tránsito en los médanos, intentando regular un sector que históricamente fue catalogado como "terreno privado" para evitar la responsabilidad estatal sobre el estacionamiento y la circulación. Con el nuevo fallo, la municipalidad deberá diseñar un plan de seguridad integral que sea aprobado por la justicia antes de rehabilitar el paso de vehículos a motor.