Universidades públicas: los números que muestran el desfinanciamiento
Entre 2023 y 2025, la reducción real del presupuesto universitario alcanzó el 32,5% y los docentes universitarios acumulan una caída del 34,2% en sus salarios reales.
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso en números claros el fuerte ajuste del presupuestario que atraviesan las universidades nacionales y la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes desde la llegada del gobierno de Javier Milei.
El estudio compara los efectos que tendría la aplicación plena de la Ley 27.795 de la Ley de Financiamiento Universitario frente al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificarla.
El trabajo sostiene que entre 2023 y 2025, la reducción real del presupuesto universitario alcanzó el 32,5%, mientras que para 2026 la caída acumulada llegaría al 41,6% respecto de 2023, tomando como referencia la proyección inflacionaria del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Si la Ley 27.795 se hubiera aplicado plenamente, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026, recuperando prácticamente el nivel previo al ajuste. En cambio, con el proyecto oficial, el presupuesto llegaría a $5,51 billones, cifra que implicaría un nivel 35,1% inferior al contemplado en la ley sancionada por el Congreso.
Salarios universitarios
El informe también describe una marcada pérdida del poder adquisitivo de trabajadores universitarios. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, los salarios reales de docentes y no docentes acumularon una caída del 34,2%.
La mayor pérdida se registró durante los primeros meses de 2024. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, la inflación acumuló 134,6%, mientras que las subas salariales alcanzaron 80,4%, provocando una reducción real de 23,1%.
Posteriormente, durante 2025, los salarios volvieron a retroceder un 10,1% en términos reales y, según el estudio, la tendencia continuó durante el primer cuatrimestre de 2026.
El análisis señala además que gran parte del personal universitario se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Con una Canasta Básica Total de $1.434.464 para un hogar tipo 2 en marzo de 2026, únicamente los docentes titulares con dedicación exclusiva y los trabajadores no docentes de niveles 1 y 2 lograban superar ese umbral.
La situación es todavía más crítica entre docentes con dedicación simple y semi exclusiva. Según CEPA, gran parte de esos cargos percibe salarios incluso inferiores a la Canasta Básica Alimentaria, es decir, por debajo de la línea de indigencia.
Uno de los principales ejes del conflicto gira en torno a la política salarial. La Ley 27.795 establecía una convocatoria a paritarias nacionales para recuperar el deterioro salarial acumulado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Según el informe, eso implicaba una recomposición mínima del 44%.
De haberse aplicado, los salarios universitarios habrían quedado apenas 1,3% por debajo de los niveles reales de noviembre de 2023.
El proyecto impulsado por el Gobierno propone un esquema diferente: tres aumentos trimestrales no acumulativos del 4,1%, totalizando una suba anual de 12,3%. Para CEPA, esa recomposición resulta insuficiente frente a la inflación proyectada para 2026, que alcanzaría 23,6% hasta septiembre.
El estudio sostiene que el esquema oficial “ignora deliberadamente” el ajuste salarial ocurrido durante 2024 y que, lejos de recomponer ingresos, terminaría profundizando la pérdida de poder adquisitivo.
El caso testigo de un JTP
El informe toma como ejemplo el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi exclusiva y sin antigüedad. Expresado en pesos proyectados a septiembre de 2026, ese cargo pasó de percibir el equivalente a $1.187.482 en noviembre de 2015 a $584.413 en abril de 2026, lo que representa una caída real de 50,8%.
CEPA sostiene que, con la aplicación de la Ley 27.795, ese salario habría alcanzado los $888.794, reduciendo la pérdida acumulada al 25,2%. En cambio, con el proyecto oficial, el ingreso proyectado para septiembre de 2026 sería de $547.748, profundizando la caída real hasta el 53,9% respecto de 2015.