Rige la baja de impuestos de la reforma laboral: cual será el costo fiscal en 2026
La reforma laboral llega con baja de impuestos y la creación de un fondo de indemnizaciones con un costo fiscal que puede afectar el superávit.
La reforma laboral generará en 2026 un costo fiscal directo que se ubica entre 0,17% y 0,21% del PBI en el año 2026, aunque será mayor en los años posteriores, según el esquema de alícuotas que finalmente se aplique. El dato surge de la estimación del impacto de la rebaja de impuestos que comenzaron a regir en el mes de abril por la aplicación de la Ley de Modernización Laboral realizada por la empresa global de servicios profesionales PWC y pone en entredicho la meta oficial de superávit fiscal primario de 1,5% del PBI.
El informe plantea, además, dos leyes clave que sumarán costos adicionales si es que la justicia sostiene las leyes aprobadas en el Congreso y el Gobierno acata los fallos. Se trata de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad que podrían restar otro 0,6% a la meta fiscal.
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El componente de mayor incidencia en el marco de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que crea cuentas individuales para financiar indemnizaciones por despidos que se fonderará con un desvío de lo que hasta ahora eran aportes patronales al fondo previsional del ANSES para pagar jubilaciones. Se trata del 1% del salario que aportarán las grandes empresas y del 2,5% para pymes, con posibilidad de elevarse a 1,5% y 3%.
Esa característica explica su impacto directo sobre las cuentas públicas: cada peso que se destina al FAL reduce en igual magnitud los ingresos del sistema de seguridad social. Dado que la norma comenzará a regir plenamente en junio, el costo fiscal en 2026 será parcial. En el escenario base, se estima en 0,15% del PBI para lo que resta del año, equivalente a 0,23% en términos anualizados. Si se aplican las alícuotas máximas, el impacto podría elevarse a 0,19% en 2026 y 0,31% anual.
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El segundo componente de la reforma es la eliminación de impuestos internos sobre distintos bienes y servicios, como telefonía celular, seguros, automotores y servicios audiovisuales. Sin embargo, su incidencia es considerablemente menor: la pérdida de recaudación se estima en torno a 0,022% del PBI para este año.
En términos agregados, el costo fiscal de la reforma se ubica en torno a 0,17% del producto en el escenario base y podría escalar a 0,21% si se aplican las alícuotas más altas del FAL. A nivel de la administración nacional, el impacto sería levemente inferior —entre 0,15% y 0,18%—, mientras que las provincias absorberían entre 0,02% y 0,03% del PBI, con mayor incidencia en provincias con alta dependencia de recursos de origen nacional, como Formosa, La Rioja y Catamarca.
La reforma también incorpora instrumentos que podrían generar efectos fiscales positivos en el mediano plazo, aunque su impacto en 2026 es incierto. Entre ellos se destaca el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que promueve la registración de trabajadores mediante una reducción de contribuciones patronales durante un período de hasta 48 meses.
Según los datos oficiales, en los últimos años se generaron más de 446.000 puestos de trabajo de manera informal. Dependiendo del grado de adhesión y del nivel salarial de los trabajadores incorporados, el efecto recaudatorio adicional podría ubicarse entre 0,01% y 0,23% del PBI, lo que equilibraría las cuentas, aunque se descuenta de que no habrá una formalización masiva en el corto plazo.
Las cuentas para sostener el superávit fiscal
Más allá de la reforma laboral, el escenario fiscal de 2026 incluye otras presiones relevantes. La ley de financiamiento universitario implicaría un costo de 0,23% del PBI, mientras que la Ley de Emergencia en Discapacidad podría sumar alrededor de 0,37% del producto, considerando estimaciones intermedias. De este modo, el conjunto de medidas podría elevar la presión fiscal total hasta aproximadamente 0,75% del PBI.
Frente a ese escenario, el Gobierno cuenta con factores de compensación que permitirían absorber ese impacto. El principal es la reducción del gasto en subsidios energéticos, que viene cayendo a un ritmo cercano a 0,5 puntos del PBI por año. A esto se agregan ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones, estimados en 0,25% del producto, y un margen adicional de ajuste en la masa salarial del sector público cercano a 0,1%.
En conjunto, estos elementos podrían generar un alivio fiscal de hasta 0,85% del PBI, suficiente para compensar las presiones identificadas.
No obstante, la evolución de la recaudación será el factor nodal. Tras una caída de 8,8% real en el primer bimestre, el Gobierno espera una recuperación en la segunda mitad del año impulsada por una cosecha agrícola récord y un crecimiento económico que estima en un 4,2%.
El objetivo sigue siendo lograr un superávit primario de 1,5% del PBI en 2026, pero claramente será un objetivo muy dependiente de la evolución de la actividad económica y el margen político que tenga el Gobierno para reducir el gasto público.